Los diputados del Partido Nueva República (PNR) anunciaron este martes su oposición al proyecto de ley para la venta del Banco de Costa Rica (BCR).
De esta forma, el PNR se suma a la Unidad Social Cristiana (PUSC), al Frente Amplio y a parte de la bancada de Liberación Nacional (PLN), que han externado su disconformidad con el proyecto.
El plan necesita 38 votos para ser aprobado y han surgido fuertes cuestionamientos de transparencia al texto. De hecho, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció este martes que el Poder Ejecutivo decidió retirar el plan de la corriente legislativa.
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Olga Morera, diputada de Nueva República e integrante de la Comisión de Asuntos Económicos, explicó los puntos que tomaron en cuenta para su oposición al proyecto.
“Se ponderó el bienestar de la economía, los funcionarios del BCR y los costarricenses. La iniciativa deja un sinnúmero de dudas, por ejemplo, el futuro de los fideicomisos de obra pública, los servicios a los clientes como las licencias y los pasaportes, o los más de 4.400 Puntos Tucán, que son el único acceso a los bancos para muchas familias en zonas rurales y costeras”, declaró Morera.
Por su parte, el jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, dijo que el lunes, en la reunión de fracción, se tomó la decisión de no apoyar el proyecto y “pareciera que se filtró la información sobre nuestra posición, de manera que el Gobierno tomó la decisión de retirar el proyecto temporalmente”.
Alvarado expresó su satisfacción de que el Poder Ejecutivo escuche la posición de los demás partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.
“La venta del BCR representaría apenas un 4,2% de la deuda pública, lo que implica que venderíamos un jugoso negocio del Estado para pagar un monto relativamente bajo de la deuda”, detalló el diputado.
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El jefe de fracción también explicó que presentaron al Poder Ejecutivo una propuesta alternativa para amortizar la deuda pública.
“Proponemos destinar por ley un porcentaje de las utilidades de las empresas públicas más rentables del país, como bancos estatales, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y Recope, para el pago de la deuda. Hay empresas públicas que generan muchísimo dinero y que puede servir para abonar hasta que el país presente niveles aceptables de apalancamiento”, declaró Alvarado.
El diputado aseguró que las utilidades combinadas de los bancos estatales, el INS y Recope del año 2019 al 2021, representan ¢56.000 millones anuales, a pesar de ser años en los que influyó la pandemia por la covid-19.
El anterior gobierno, el de Carlos Alvarado, presentó una propuesta similar que no prosperó.
En tanto, Nueva República insistió en que la subasta del BCR carece de viabilidad política.
“La propuesta de venta del BCR del Gobierno no tuvo la aceptación precisamente porque no se tomó en cuenta a los actores, porque no se llamó a las fracciones legislativas para hablar del tema”, criticó Fabricio Alvarado.
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El ministro de Hacienda reconoció que “han sido reiteradas las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR)”. El jerarca aseguró que tomarán en consideración estas críticas para incorporarlas en el texto del proyecto que se volverá a presentar en el futuro, “probablemente en enero”.
Además, Acosta declaró que evaluarán otras opciones, como convertir al BCR en una sociedad anónima para vender sus acciones.
