El Gobierno les pidió a los diputados aprobar un proyecto de ley para que 14 empresas estatales destinen hasta el 30% de sus ganancias anuales, por un periodo temporal de cuatro años, al pago de la deuda pública que en el 2020 alcanzó el 67,5% del producto interno bruto (PIB).
El Ministerio de Hacienda envió la iniciativa a la corriente legislativa, este viernes 22 de enero, en la que pide el aporte solidario de las empresas como parte de las medidas extraordinarias que ha propuesto el Gobierno para equilibrar las finanzas públicas.
El proyecto sería parte del plan de ajuste fiscal que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El monto que deberá girar cada institución a Hacienda se podrá ajustar a través de un decreto en porcentajes diferentes, en función de factores como disposiciones de normativa prudencial, necesidades de capitalización y prioridades del plan nacional de desarrollo, entre otras.
Sin embargo, ese giro no deberá superar el 30% de las ganancias de cada institución. En total, el Gobierno pretende obtener el equivalente al 0,20% del PIB en cada uno de los años de vigencia de la norma, unos ¢72.600 millones anuales.
Las empresas que harían ese aporte son:
- Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias.
- Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y sus subsidiarias.
- Instituto Nacional de Seguros (INS) y sus subsidiarias.
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A.
- Correos de Costa Rica S. A. (CORREOS)
- Editorial Costa Rica (ECR)
- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
- Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
- Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
- Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
- Junta de Protección Social (JPS)
- Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)
- Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S. A.)
“Se establece a favor del Estado Costarricense un aporte solidario temporal de hasta el treinta por ciento (30%) de la utilidad disponible, después del pago de impuestos y cualquier otra carga fiscal o parafiscal, que registren las empresas públicas.
“La vigencia de este aporte será por los próximos cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y deberá ser cancelado anualmente”, reza la iniciativa.
La exposición de motivos dice que los montos serán girados al Estado Costarricense, para atender el pago de amortización e intereses de la deuda pública que a diciembre anterior alcanzó los ¢24,2 millones de millones (billones).
El plan prohíbe a esas instituciones “cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos”, con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales.
Para que se hagan efectivos esos aportes, el texto incorpora una serie de transitorios a las leyes constitutivas de las entidades que podrían generar conflictos legales, al prohibir estas, de forma expresa, el devengo del Gobierno de un porcentaje de las utilidades netas de dichas entidades.
El BCR y el BNCR, los dos bancos estatales, consiguieron elevar sus ganancias en el 2019.
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El BCR reportó una utilidad neta de ¢37.074 millones, lo cual significó un incremento del 69%, frente a los ¢21.950 millones de ganancia en el 2018.
El BN alcanzó una utilidad neta de ¢23.701 millones en 2019, es decir, 11% más respecto a los ¢21.391 millones del 2018, reportó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Las ganancias de ambos son luego de descontar impuesto. El proyecto presentado haría el cálculo del aporte al pago de deuda una vez que se descuenten impuestos y las cargas parafiscales.
Las parafiscales son aportes de estos bancos al sistema de pensiones, cooperativas, créditos para la educación y la atención de emergencias. Esas erogaciones representan el 33% de sus ganancias anuales.
Con las cifras del 2019, por ejemplo, el BCR pudo aportar hasta ¢7.451 millones al pago de deuda pública, el BN hasta ¢4.763 millones.
