El expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier no podrá ejercer cargos públicos en los próximos seis años, luego de que la Contraloría General de la República dejara en firme la inhabilitación administrativa del exmandatario socialcristiano, por el caso Caja-Fischel.
Por la vía penal, Calderón Fournier nunca fue inhabilitado para ejercer cargos públicos; no obstante, la Contraloría continuó el proceso por la vía administrativa, y tras resolver todas las apelaciones de la defensa del exmandatario, se dejó en firme su suspensión.
La inhabilitación contra Calderón, que le impide asumir cargos públicos en los cuales se administran o custodian fondos estatales, rige desde el 15 de mayo anterior y hasta el 15 de mayo de 2024.
Calderón Fournier, presidente de la República entre los años 1990-1994, fue condenado por recibir comisiones ilegales en 2009. No obstante, la Sala III de la Corte Suprema de Justicia lo eximió de ir a prisión.
De acuerdo con el abogado del exmandatario, Juan Marcos Rivero, la noticia no sorprendió a Calderón, y recordó que elevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Todavía está pendiente el trámite ante la Corte (Interamericana de Derechos Humanos), en el cual se reclama la injusticia cometida con relación a la condenatoria contra don Rafael. En su momento habrá de hacerse justicia y se le restablecerán todos sus derechos”, aseguró Rivero.
De acuerdo con el defensor, el expresidente no tenía planeado postularse a algún cargo de elección popular o asumir una función pública en los próximos años, al menos no que él lo supiera.
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El caso
El Tribunal Penal de Hacienda determinó que el exmandatario socialcristiano recibió comisiones ilegales por la aprobación de un crédito del Gobierno de Finlandia, para comprar equipo para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Inicialmente, los jueces condenaron a Calderón Fournier a cinco años de prisión por dos cargos de peculado en perjuicio del Estado y de la CCSS.
No obstante, la Sala III recalificó los hechos en un solo delito de peculado y rebajó la condena a la pena mínima de tres años, por lo que finalmente el exmandatario no tuvo que descontar los años en prisión.
Junto a Calderón Fournier se imputó a Eliseo Vargas García, expresidente de la CCSS; Gerardo Bolaños Alpízar, exdirectivo de esa institución; y el exgerente de modernización, Juan Carlos Sánchez Arguedas.
Lo mismo ocurrió con el expresidente de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel y al exgerente de O. Fischel R., Marvin Barrantes.
En el 2015, el Tribunal Penal de Hacienda resolvió que el expresidente Calderón Fournier no tendría que pagar los daños a la Caja Costarricense del Seguro Social por el préstamo finlandés de $32 millones. Esa sentencia quedó en firme un año después, cuando desestimaron el reclamo civil de la entidad.
El Tribunal de Apelaciones desestimó la demanda del Estado contra los imputados, pues determinó que no había daño al patrimonio de la Caja, pues los equipos médicos fueron adquiridos finalmente con el empréstito finlandés.
El exmandatario había impugnado esa sentencia penal en la CIDH alegando de que se violaron, al menos, 10 aspectos de la Convención Americana de Derechos Humanos.