Sofía Chinchilla C.. 20 agosto
El juez escuchó los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y la defensa de Esquivel en una audiencia que se realizó este lunes, en los tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José. Foto: Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo.
El juez escuchó los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y la defensa de Esquivel en una audiencia que se realizó este lunes, en los tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José. Foto: Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó enjuiciar al exdiputado Abelino Esquivel por enriquecimiento ilícito y concusión.

Luego de analizar las pruebas presentadas el lunes por la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República, el juez José Pablo León decidió que se analizarán en un debate oral y público los cobros que supuestamente hizo Esquivel a cuatro de sus asesores legislativos, entre el 2017 y el 2018.

De esa forma, el exlegislador de Renovación Costarricense quedó enjuiciado por dos causas distintas, pues también se le juzgará por tráfico de influencias, delito que le imputa el Ministerio Público por, aparentemente, pedirle al exministro de Justicia Marco Feoli que sacara de la cárcel pastor condenado por violación de una persona con discapacidad.

Por el caso de los exempleados, el juez León también ordenó llevar a juicio a Wray Esquivel y Xinia Cortés, hermana y esposa del exlegislador, quienes, según la Fiscalía, se beneficiaron de los cobros exigidos a cuatro excolaboradores los asesores.

“De acuerdo con la prueba que obtuvo el Ministerio Público, los imputados pudieron haber recibido 123 pagos por parte de los ofendidos. En apariencia, tras los depósitos y entregas en efectivo realizados por las víctimas, se calcula que los hermanos recibieron un monto de ₵22.446.310”, informó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía presume, además, que la esposa del exlegislador habría recibido salario ilegalmente, pues, en apariencia, no realizó las tareas para las cuales había sido contratada.

“Con la presunta acción de la mujer, en asocio con los hermanos Esquivel Quesada, la sospechosa habría recibido ilícitamente un monto de ₵7.846.310”, indicó el Ministerio Público.

Por los hechos cuestionados, la Procuraduría exige a los tres imputados que paguen ¢67 millones.

La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República fue la que solicitó la apertura del debate penal. La institución informó de que la petición fue acogida este lunes, por escrito, luego de la audiencia preliminar en la que el juez escuchó los alegatos de las partes y de la Procuraduría General de la República.

Los dos juicios a los que les hará frente Esquivel tienen pendiente su programación.

Según explicó el lunes el fiscal José Pablo Miranda, el Tribunal podrá disponer la acumulación de las causas, por economía procesal.