Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos acordaron que las mujeres embarazadas deberán someterse obligatoriamente a un examen de detección del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).

Así lo decidieron este martes durante la discusión de mociones de fondo al proyecto de reforma a la Ley General sobre el VIH SIDA.

La ley vigente establece la obligatoriedad del examen de VIH en tres casos: si un médico lo considera necesario para atender la salud de un paciente; si un juez lo requiere para fines procesales penales o de divorcio; y en caso de donación de órganos o tejidos.

En esta nueva versión, los diputados introducirían el carácter obligatorio de la prueba para las embarazadas y su imposibilidad de negarse, aunque la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ya la aplica como parte del protocolo de atención a las personas en estado de gestación.

Este examen ha ayudado a controlar la transmisión del virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH) de madres a hijos.

A la vez, el texto eliminaría la obligatoriedad del examen para los casos en que un médico lo considere necesario o cuando un juez lo requiere para fines procesales penales o de divorcio.

Con el nuevo proyecto, tampoco podrían oponerse al examen quienes sufran un accidente laboral con exposición de riesgo biológico y a quienes se les haya nombrado un garante, pues sería este quien tomaría la decisión.

Otra excepción serían los menores de edad, cuando exista contradicción entre el criterio de sus progenitores y el de sus médicos sobre la necesidad de hacer la prueba.

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Este martes, la comisión de Derechos Humanos también revirtió una una votación que realizaron minutos antes, que había incluido la posibilidad de que un juez ordenara la realización de la prueba.

Enrique Sánchez, presidente de la comisión de Derechos Humanos, calificó el proyecto de ley como una iniciativa buena. No obstante, señaló que en el plenario procurará cambiar la obligatoriedad de la prueba de VIH prenatal.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) argumentó que tanto los entes internacionales consultados como la CCSS y el Ministerio de Salud les indicaron que lo más recomendable es que a las mujeres se les brinde información y concientización sobre la importancia de la prueba.

Según Sánchez, las autoridades de salud les explicaron que en la actualidad, con el uso de dichas herramientas, no se registran casos de mujeres embarazadas que se hayan negado a hacerse el examen, por lo que no resulta adecuado imponerlo.

“Al obligarla, no genera una mayor aceptación de la prueba, pero además podríamos estar violentando derechos a la autonomía de las mujeres a tomar una decisión. Si cualquier otra persona tiene la autonomía de tomar una decisión, ¿por qué a una mujer se le quita y se le hace una prueba en forma de coacción?”, cuestionó Sánchez.

El proyecto de ley establece que la prueba de VIH se le ofrecerá a las parejas de las mujeres embarazadas, y este martes se agregó que también se le podrá podrá ofrecer al papá del bebé, si no es la misma persona con la que la mujer mantiene una relación.

Según la CCSS, entre 2015 y julio del 2016, 41 mujeres con VIH tuvieron un bebé y ninguno de ellos resultó contagiado. La institución atribuye la baja cifra de infecciones de madre a hijo al examen y a su protocolo de atención.

El proyecto de ley obliga al Estado a promover la prevención del contagio del virus y establece el derecho de todos los ciudadanos a acceder a pruebas diagnósticas gratuitas en los centros de salud públicos.

También introduce cambios en las disposiciones para la comunicación de la condición del paciente con VIH a las personas con las que haya mantenido relaciones sexuales.

Cambia condiciones para migrantes en condición irregular

La versión original del proyecto obligaba al Estado a brindar tratamiento ininterrumpido a las personas que viven en condición de pobreza, pobreza extrema o indigencia; así como a quienes son despedidos de sus trabajos y no tienen recursos para seguir cotizando al seguro de salud, independientemente de su nacionalidad.

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Pero este martes, los legisladores aprobaron una moción del liberacionista, Gustavo Viales, que cambia las condiciones para los extranjeros en condición migratoria irregular.

Para ellos, se estableció que podrán acceder a atención integral y tratamiento mientras realicen los trámites para regularizar su estatus.

La garantía de atención por pobreza o indigencia se mantuvo sin cambios para los costarricenses y los migrantes con documentación al día.

“Tiene como propósito el acceso a la atención de los migrantes en condición irregular, permitir el acceso a la atención de la salud. Que no se diga que se está impidiendo, pero también insta a la regularización, me parece”, dijo Viales sobre su propuesta.

En contra votaron Enrique Sánchez, José María Villalta, del Frente Amplio; y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).

“El objetivo es evitar que se propague la infección del VIH. Por eso el tratamiento se brinda a todo el mundo, independientemente de su situación migratoria y eso es muy importante mantenerlo. El virus no diferencia sobre el carné de residencia o de migrante o no migrante, o la nacionalidad de la persona”, señaló Villalta.