La población está sufriendo los efectos de una huelga en la CCSS y de una huelga “intermitente” en el MEP, al tiempo que el gobierno se apresta a dialogar con un grupo encabezado por Albino Vargas, el cual lleva una agenda de intereses sindicales camuflada con la presencia de estudiantes de secundaria y la defensa de los “valores cristianos”.

Seamos francos. En la mayoría de los casos, los reclamos giran alrededor de dinero.

Los sindicatos de la CCSS quieren evitar que les apliquen la reforma fiscal porque esta frena el crecimiento acelerado de sus salarios.

La clave del asunto está en la transformación del cálculo de los pluses. Los incentivos pasarán a ser montos fijos en lugar de ser porcentajes del salario, pues el cálculo porcentual provoca una bola de nieve en el gasto público.

Solo por poner un ejemplo, entre el 2010 y el 2018, el gasto en pluses de la CCSS creció en un 25% por encima de la inflación, mientras que la erogación en salarios base, un 15%.

La APSE, por su parte, está en "huelga intermitente" en contra del proyecto en contra de la regulación de huelgas y el de educación dual, pero a la vez logró que el gobierno retirara temporalmente de la corriente legislativa tres proyectos para atenuar el gasto en pensiones de lujo, el cual se come ¢1 billón al año, prácticamente el 10% del Presupuesto Nacional.

El grupo de Albino Vargas va principalmente en contra de la reforma al empleo público, proyecto que eliminaría los salarios con pluses para los futuros funcionarios y, en su lugar, ofrecería salarios competitivos por sí solos.

Todas estas medidas tienden a parar el descontrol del gasto público, el cual le exige a la población casi ¢10 billones por año (un millón de millones).

A manera de ejemplo, para sufragar ese presupuesto, cada uno de los 5 millones de costarricenses, incluidos los niños, tendría que darle ¢2 millones anuales al Gobierno: casi ¢170.000 mensuales.

Evidentemente, la estructura tributaria no está planteada así y acaba de ser ajustada, pero aún así, el dinero recolectado en impuestos no alcanza y, por eso, el gobierno sigue endeudándose para terminar de cubrir sus gastos, aunque ese endeudamiento también lo pagan los contribuyentes.

Pese a ello, los sindicatos se resisten a las medidas de austeridad, desconociendo el sacrificio que está haciendo la población al pagar los efectos de una reforma de impuestos para financiar el gasto estatal.

Y se trata de sindicatos de instituciones en donde los salarios están por encima de la media nacional. Entre los trabajadores de calificación alta, el salario promedio en el sector público era de más de ¢1,1 millones en el 2018 y, en el privado, de menos de ¢900.000. En el caso de la calificación media, la relación era de ¢500.000 frente a ¢362.000.

Lo de la CCSS es especialmente doloroso. En ningun otra institución trabajan tantos funcionarios que superen los ¢4 millones de salario.

Además, reciben 19 tipos de incentivos porcentuales, como anualidades, carrera hospitalaria, consulta externa, complemento salarial a enfermeros, zona rural, tecnologías médicas, rotación, riesgo, disponibilidad de jefaturas, entre otros.

Un repaso por la historia muestra que muchos de estos beneficios los consiguieron con huelgas en cuatro gobiernos y ahora quieren mantenerlos intactos con otra.

Lo mismo ocurre en buena parte de las instituciones públicas.

Y aún así, los gremios promueven la suspensión de servicios, dejando sin atención médica a personas que han esperado bastante tiempo por una cita o por una cirugía.

Mientras tanto, hay 300.000 personas desempleadas y un millón con un empleo informal.

De ahí que vale la pena preguntarse: cuando el gobierno se siente a negociar con estos grupos, ¿quién representará a las personas que carecen de todos estos pluses?, ¿quién será su voz?

El gobierno no ha mostrado toda la firmeza necesaria. No la mostró cuando prescindió de un ministro de Educación atacado a punta de noticias falsas. Tampoco lo hizo cuando la presidencia de la CCSS firmó un acuerdo con los sindicatos, sobre el pago de pluses porcentuales, contra lo que estableció la reforma fiscal.

La reforma es ley y, por tanto, no puede obviarse. Sin medidas de austeridad, no podía haber ajuste de impuestos y, ahora que algunos grupos se oponen pasándole la factura a la población, ¿habrá puntos intermedios?, ¿habrá tratos diferenciados?, ¿habrá más desigualdad?

En medio de la confusión generada por el acuerdo en la CCSS, la declaración de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, resultó fundamental. Dijo que la ley se debe cumplir e, incluso, que quienes reciban más dinero de lo que estableció la reforma lo tendrán que devolver. No por nada esta funcionaria fue el siguiente objetivo de destitución de los sindicatos tras la caída de Édgar Mora.

Posteriormente, el presidente Carlos Alvarado respaldó la afirmación de que la ley debe respetarse.

Si el gobierno cede más allá de lo que dice la ley en estas negociaciones, ¿quién pagará la diferencia? ¿Terminará pagando la gente sin pluses?

Esto no es una disputa entre sectores público y privado, sino una necesidad de equilibrio y sostenibilidad porque, de lo contrario, todos nos podemos ir al barranco.

De hecho, no todos los funcionarios de la CCSS están en huelga. Cerca del 75% está trabajando.

La clave ahora está en si el gobierno muestra debilidad o no. A su vez, los partidos políticos que apoyaron la reforma deben exigir compromiso al gobierno con la austeridad.

Avanza reforma a huelgas

Otro hecho relevante de esta semana tiene que ver con el tema de huelgas.

Este viernes 9 de agosto, fue dictaminado positivamente en comisión legislativa el proyecto de ley impulsado por el diputado Carlos Ricardo Benavides para evitar los abusos en este tipo de movimientos.

En una negociación con sindicatos, al final se sacó a la educación de la categoría de servicio esencial, en la cual no puede haber huelgas, y se le otorgó una categoría especial en la que las huelgas no podrán superar los 21 días seguidos o diez días discontinuos.

Sin embargo, a la vez, el texto tiene importantes reformas. Por ejemplo, se prohíben las huelgas contra políticas públicas, es decir, contra hechos no imputables al patrono.

Además, se castigará a los sindicatos que promuevan el bloqueo de vías u obstrucción de servicios públicos, y se permitirá rebajar salarios en forma retroactiva a quienes participen en huelgas ilegales, cosa que hoy no se puede hacer.

De hecho, el diputado proponente de esta reforma pidió a la Fiscalía tomar acciones en el caso de la huelga en la CCSS. Él considera que los huelguistas estarían cometiendo delitos de incumplimiento de deberes, omisión de auxilio e, inclusive, lesiones culposas al negarles servicios a los asegurados.

“Parece que a la política de este país le entra flojo, son incapaces de abrir la boca para defender a las personas tiradas por los servicios de salud, ¿qué le pasa a esta sociedad?, ¿qué nos pasa que somos incapaces de reaccionar ante tanto dolor humano”, dijo en el plenario.