Josué Bravo. 7 agosto, 2019
Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, se refirió a la huelga en la CCSS este mércoles. Fotos: Mayela López
Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, se refirió a la huelga en la CCSS este mércoles. Fotos: Mayela López

El presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, exhortó con vehemencia a la fiscala general, Emilia Navas, para que investigue de oficio delitos que estarían cometiendo los sindicalistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que permanecen en huelga, desde el lunes anterior, por demandas salariales.

Benavides, quien hizo el llamado desde su curul como diputado, considera que los funcionarios en huelga estarían cometiendo en flagrancia los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de auxilio e, inclusive, lesiones culposas, al negarle el servicios a los asegurados.

“La Fiscalía General de la República tiene que actuar. A la señora fiscala general de la República, no espere que le vayan a poner la denuncia en el escritorio. Se trata de un delito o de varios delitos de incumplimiento de deberes a vista y paciencia del Ministerio Público y ahí hay un deber por cumplir de parte de la fiscalía, que es ir a investigarlo y establecer la responsabilidad que corresponde.

“Sobre todo, cuando se está haciendo el daño a las personas, asegurados, a gente que todos los meses paga su seguro para que lo atiendan, no para que lo dejen de atender”, señaló esta tarde Benavides en el plenario legislativo.

Para secundar su llamado, el presidente aseguró que, desde 1943, cuando se promulgó el Código del Trabajo, las huelgas en servicios de salud quedaron prohibidas, particularmente en los servicios hospitalarios.

“A pesar de ser ilegales, se han practicado por años, por décadas, porque tenemos un sistema alcahueta que permite que se hagan y la factura llega después; es decir, usted disfrute ahora y después le rebajan, váyase a la huelga y, cuando se la declaren ilegal, usted regresa”, afirmó el legislador verdiblanco.

En ese aspecto, mencionó que los artículos 375 y el 376 del Código de Trabajo prohíben la huelga en servicios públicos como clínicas y hospitales.

“Me parece que no existe ninguna excusa legal para que la Fiscalía no investigue y vaya hasta el fondo con lo que me parece a mí un incumplimiento de deberes, una omisión de auxilio o, inclusive, lesiones culposas en algunos casos que se han dado en los hospitales”, consideró Benavides.

El presidente del Congreso recordó que, producto de la huelga, entre lunes y martes, se suspendieron casi 50.000 citas en los diferentes servicios de la Caja.

Esta mañana, las autoridades de la CCSS denunciaron que los huelguistas paralizan equipos para tratamientos de cáncer, banco de sangre y de nutrición.

“Esto es criminal. Parece que a la política de este país le entra flojo, son incapaces de abrir la boca para defender a las personas tiradas por los servicios de salud, ¿qué le pasa a esta sociedad? ¿qué nos pasa que somos incapaces de reaccionar ante tanto dolor humano?”, lamentó.

Benavides es proponente de un proyecto de ley, el cual sería dictaminado la próxima semana, que prohíbe las huelgas contra políticas públicas en instituciones públicas.

De igual forma, permitiría rebajar los salarios de manera retroactiva desde el primer día de la huelga, en caso de que sea declarada ilegal. El martes, unos 15.000 trabajadores se ausentaron de sus labores (cerca una cuarta parte del personal).

Los sindicatos de la Caja iniciaron el movimiento de huelga la mañana del lunes, molestos con el capítulo de salarios de la reforma fiscal que le pone freno al incremento exponencial de incentivos como anualidades, y establece para estos un monto nominal, de manera que permanezcan fijos en el futuro.

El movimiento inició tras un intento fallido del gobierno por frenarlo, tras una prolongada negociación con los sindicatos de la institución, que se inició a las 4 p.m del pasado domingo y terminó a las 3 a.m. del lunes.

En criterio de Benavides, las autoridades de la Caja se embarcaron al firmar un acuerdo, el pasado mes de febrero, en el que se comprometieron a pagar incentivos salariales a los trabajadores como se hacía antes de la prohibición establecida en la reforma fiscal, aprobada en diciembre anterior.

“Estuvieron muy cerca en la noche del del domingo y madrugada del lunes en llegar a un acuerdo. Si estuvieron tan cerca, no sé por qué no se han vuelto a sentar para tratar de ver si se puede terminar de amarrar un acuerdo entre ellos”, lamentó el legislador.

En ese sentido, llamó al gobierno a negociar de forma inteligente y a los sindicalistas “responsables” a que contribuyan en lograr una solución para “terminar con esta situación tan espantosa”.