Las huelgas en el sector educación podrán durar un máximo de 21 días consecutivos, o 10 días naturales discontinuos, según aprobaron los diputados de una comisión legislativa que debate un proyecto de ley para regular esos movimientos.
Los legisladores decidieron excluir la educación de los servicios esenciales, en los cuales no se puede ir a huelga, y decidieron darle una categoría especial: “servicio estratégico”, con sus propias regulaciones. Esto, después de conversaciones con sindicalistas.
Vencidos los plazos máximos, los maestros tendrían que regresar a sus labores y, en caso de no existir acuerdo, el conflicto que originó el movimiento debe ser resuelto por otras vías, como el arbitraje.
El cambio en el proyecto de ley fue aprobado con cinco votos a favor y dos en contra.
Lo apoyaron el proponente Carlos Ricardo Benavides, Jorge Luis Fonseca y Yorleni León, del PLN; así como Enrique Sánchez, del PAC; y el independiente Erick Rodríguez Steller.
En contra votaron José María Villalta, del Frente Amplio; y Pedro Muñoz, del PUSC.
Muñoz dijo estar de acuerdo con la mayoría del contenido del artículo, pero se reservará la opción de presentar otra propuesta mediante una moción de fondo.
La moción fue aprobada en la comisión que tramita, mediante una vía rápida, el proyecto para evitar abusos en las huelgas, luego de que, en el 2018, la protesta contra la reforma fiscal paralizara la educación y otros servicios del Estado por 89 días, entre setiembre y noviembre.
El texto todavía no ha sido dictaminado y, por lo tanto, no ha llegado al plenario, donde los 57 diputados tendrán la última palabra.
El cambio en educación también establece que, durante la huelga, deberá mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad. En el caso de educación especial, asimismo, deberán asegurarse la atención y la asistencia adecuadas por sus circunstancias especiales.
Antes de las huelgas, los sindicatos y el patrono deberán definir previamente un plan de prestación de “servicios básicos” y se tendrá que escoger un funcionario responsable de supervisar cada centro educativo.
Si no hay acuerdo al respecto, el plan lo establecerá un Juzgado de Trabajo.
Adicionalmente, el funcionario que haya sido designado para las labores de supervisión y fiscalización del centro educativo podrá coordinar con la junta de educación o administrativa para que colaboren en la labor.
La legisladora Yorleny León admitió que el cambio es producto de las que conversiones que ella y Benavides han sostenido con sindicatos.
"Hemos creado una categoría especial dado el carácter estratégico que tiene para el país la educación. Hemos establecido algunas regulaciones importantes: por ejemplo, mantener el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto.
"Eso significa que, en adelante, no volveremos a tener centros educativos cerrados durante la huelga. Esos centros educativos que estarán abiertos deben contemplar condiciones básicas de aseo, seguridad y educación, pero además los estudiantes de educación especial deben de ser atendidos durante todo ese periodo en el que se van los docentes a huelga.
“Todo esto se materializa en un plan de servicios básicos que tiene que ser establecido a partir de criterios técnicos”, declaró.
Benavides reconoció que si bien con esta moción se limita el tiempo y se regula el derecho a huelga en la educación al calificarse como servicio “estratégico”, la posibilidad de que agotado el periodo de regulación ocurra una nueva protesta, está admitida “toda la vida” para cualquier servicio.
"Cada huelga tiene un motivo, lo que no se puede son repetir motivos ni inventárselos, pero además en la práctica eso no sucede. Organizar una huelga no es sencillo, sobre todo si no hay motivos legales porque las organizaciones sindicales exponen a sus miembros a que se le rebajen los salarios.
“En el proyecto que estamos proponiendo, hay rebajas salariales de manera retroactiva desde que inició la huelga en caso que sea declarada ilegal”, explicó Benavides.
Unifican proyectos
En la sesión de la noche de este jueves, se aprobaron 10 mociones presentadas por el PLN en las que, principalmente, se unifica el proyecto sobre la lista de servicios esenciales presentado por León, el cual había sido dictaminado y se tramitaba por la vía ordinaria, al de regulación del derecho a huelga presentado por Benavides y que se tramita por vía rápida.
En ese sentido, el proyecto recoge la lista de servicios esenciales y trascendentales de León, y agrega el “estratégico” como ahora se califica a la educación.
El proyecto regula estos dos últimos. Por ejemplo, en los servicios trascendentales establece un máximo de diez días en huelga, mientra que en el estratégico de educación, como se mencionó anmteriormente, la limita a 21 días consecutivos o en 10 días naturales discontinuos.
Así, en el proyecto de Benavides se califican como servicios esenciales la salud y la seguridad de las personas, incluyendo los de servicios de Policía y de cuido de instituciones públicas.
También los de controladores aéreos y migratorios en puestos de salida e ingreso del país; los de de transporte ferroviario, marítimo, carga y descarga de muelles y atracaderos de medicamentos, suministros o equipos médicos y bienes perecederos.
De igual forma, son considerados como esenciales los servicios de bomberos, búsqueda de personas desaparecidas y rescate de víctimas; el suministro de combustibles; los de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y de aguas residuales; comedores escolares y de protección a la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad; así como los servicios judiciales en materia laboral; levantamiento de cuerpos, práctica de autopsia y entrega de cuerpos, así como los de médicos forenses que impliquen urgencias, entre otros.
En tanto, son catalogados como “servicio público trascendental”, donde se podrá permitir huelga mientras los funcionarios garanticen un esquema mínimo de servicios, la recolección y tratamiento de la basura; procesos de elecciones, referendo, plebiscitos o consultas populares que estén en los plazos indispensables para no impedir su celebración; servicios bancarios y de depósitos de dinero; los de administración de justicia; servicios de aduanas en puertos, aeropuertos y fronteras; y otros.