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Costa Rica expuso este jueves en la Organización de Estados Americanos (OEA) los dos motivos por los cuales reconoció al diputado opositor de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Montserrat Solano, embajadora costarricense ante ese foro interamericano, reafirmó que el país desconoce las elecciones realizadas el 20 de mayo del 2018 en ese país suramericano, por considerar que no reunieron las condiciones necesarias para ser consideradas como un proceso electoral legítimo.
“Por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para que sea considerado un proceso democrático, libre, justo y transparente”, enumeró Solano.
Según la diplomática, el segundo motivo es que en Venezuela se rompió el orden democrático y el Estado de Derecho.
Por el contrario, Costa Rica sí reconoce la legitimidad y la autoridad de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida desde el pasado 5 de enero por Guaidó.
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“Respaldamos a la Asamblea Nacional para que continúe trabajando para que Venezuela retorne al camino democrático a través de los medios y las formas necesarias para una transición pacífica en el interés del pueblo venezolano”, dice un pronunciamiento leído durante la sesión de la OEA por la representante de Argentina, el cual suscribió Costa Rica.
Gracias por el reconocimiento y compromiso en esta lucha que emprendemos junto a todo el pueblo venezolano en busca de paz, libertad y democracia. https://t.co/RZ8nGoHoja
— Juan Guaidó (@jguaido) January 24, 2019
La actual Asamblea Nacional de Venezuela quedó conformada el 6 de diciembre del 2015, cuando se llevaron a cabo unas elecciones legislativas en las que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo una mayoría calificada, con un 65,2% de los votos emitidos.
En enero del año siguiente, se juramentó a la Asamblea, con una conformación de 112 diputados opositores contra 55 oficialistas.
No obstante, un año después, en marzo del 2017, dichos legisladores quedaron sin inmunidad porque un fallo del máximo tribunal venezolano autorizó a Nicolás Maduro a buscar su enjuiciamiento, inclusive por delitos militares y terrorismo.
Esa misma semana, el Tribunal Supremo de Justicia asumió las competencias del Poder Legislativo, con lo cual virtualmente eliminó a la Asamblea Nacional.
Maduro, de inmediato, promovió la conformación de una Asamblea Constituyente, la cual opera desde el 4 de agosto del 2017 compuesta únicamente por diputados constituyentes afines a Maduro, debido a que la oposición decidió no participar en los comicios a falta de condiciones electorales para hacerlo.
Esa Asamblea Constituyente opera como un suprapoder que convoca elecciones, destituye funcionarios y dicta leyes y decretos.
En mayo de 2018, Maduro resultó reelecto en unos comicios que se realizaron sin observación internacional y en los cuales no participó la MUD. El Grupo de Lima (del cual Costa Rica forma parte) llamó a la suspensión de dichas elecciones y, después de ellas, desconoció el resultado.
El miércoles, cuando anunció el reconocimiento de la presidencia de Guaidó, el presidente Carlos Alvarado afirmó que Costa Rica aboga por “nuevas elecciones libres” en Venezuela.
Horas más tarde, el canciller Manuel Ventura explicó que, en criterio de Costa Rica, eso solo ocurrirá si hay un nuevo gobierno de transición en Venezuela.
“Es urgente el restablecimiento de la democracia en Venezuela, y para eso es necesario un gobierno que convoque a elecciones libres a la mayor brevedad posible y eso pasa por el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. No creemos que el actual régimen vaya a convocar a elecciones”, explicó Ventura.
Costa Rica, además, instó este jueves a que se garantice seguridad y protección para Guaidó y los demás miembros de la Asamblea Nacional venezolana, así como para sus familiares, para que puedan ejercer sus atribuciones para liderar a su país.
“Apoyamos firmemente las acciones adoptadas para solicitar ayuda humanitaria internacional, la libertad de los presos políticos, el congelamiento de los activos de los miembros de gobierno corruptos y para brindar garantías a funcionarios civiles y militares que apoyen a la Asamblea Nacional en el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho de Venezuela”, dice el pronunciamiento respaldado por Costa Rica.
