En un comunicado difundido este miércoles por la tarde, el diputado de Restauración Nacional aseguró que, bajo ninguna condición, se le puede cobrar un tributo a las utilidades que los trabajadores reciben para sus pensiones complementarias.
Agregó que esos recursos no deben “usarse para costear gastos del gobierno” y que el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) “no es un simple ahorro o depósito a plazo, como para que el Ministerio de Hacienda piense en cargarle impuestos”.
Cruickshank reclamó que cargarle impuestos es “contrario al fin para el cual fue creado, es decir, dignificar la vida del trabajador durante su vejez”.
El gobierno de Carlos Alvarado propuso cobrar un 7,5% de impuesto sobre los réditos de los fondos de pensiones complementarias para recaudar unos ¢62.000 millones que ayuden a atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas.
No obstante, la Superintendencia de Pensiones advirtió que, de aplicar ese impuesto, las pensiones finales del ROP se reducirían en casi un 10%.
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Es decir, que un trabajador que podría acumular ¢50 millones para su pensión complementaria, después de 40 años de vida laboral, acumularía ¢45,2 millones, a causa del impacto de ese tributo.
“Es inaudito que se quiera tomar, como fuente impositiva, fondos concernientes a la seguridad social, disponiendo de esos recursos para un objetivo distinto al de la ley. Esto pondría en peligro el régimen, por cuanto se faculta al Gobierno a gravar recursos destinados a la seguridad social”, dijo el restauracionista.
La posición del presidente legislativo coincide con la que habían expresado diputados de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Este proyecto es parte de la propuesta de ajuste fiscal que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó: “Este es parte de los proyectos que hemos señalado como parte del ajuste fiscal y las conversaciones con el FMI, por lo que, de momento, no es prudente referirme al respecto. Por supuesto, tenemos un gran respeto por don Eduardo y vamos a analizar su planteamiento con toda seriedad”.
En tanto, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, agregó que analizarán el planteamiento. “Tenemos un gran respeto por los planteamientos del señor presidente del Congreso. Vamos a examinarlos con detalle y trasladarlos a los equipos técnicos para su análisis”, dijo.
Cruickshank censura que Hacienda quiera utilizar esas pensiones como una fuente impositiva “para financiar la mala gestión financiera del gobierno” y por el impacto negativo directo sobre recursos para la vejez de los trabajadores.
El presidente del Congreso también hizo referencia al criterio de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), también opuesta totalmente a la iniciativa gubernamental.
“Los únicos recursos del régimen de pensiones que el Ministerio de Hacienda podría gravar son las rentabilidades de las operadoras de pensiones complementarias. Ya es suficiente con que el Estado haya tomado prestado el 80% del Fondo de Pensiones, como para que, además, pretenda apropiarse de una parte de esos dineros”, reclamó Cruickshank.
