Escuchar
Los diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), pidieron al mandatario Rodrigo Chaves, separar a Braulio Venegas Dijeres de la presidencia del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), por su conexión con uno de los detenidos como sospechoso de integrar una banda acusada de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales, del llamado Caso Corona.
Los legisladores abogaron por la salida de Venegas, de 34 años, como una forma de garantizar la seguridad en el puerto de Caldera, cuya autoridad está a cargo del Incop.
La reacción de los diputados ocurre tras confirmarse que el jerarca gestionó una cita en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en favor de uno de los sospechosos. Se trata del abogado Francisco Eduardo Montes Fonseca, de 35 años, quien fue detenido el 14 de noviembre por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación relacionada con la exportación de cocaína líquida a Europa y Asia.
Venegas también acompañó a Montes a la reunión. Según informó el Incofer, la participación del ahora jerarca del Incop fue “en su ejercicio profesional”, de aquel entonces.
El diputado Nicolás manifestó su rechazo por las gestiones realizadas por Venegas y llamó al presidente Chaves y al Consejo de Gobierno, a que “destituyan al señor Venegas, en pro de la sanidad y la transparencia del recinto portuario”.
Por su parte, Robles aseguró que existe un riesgo por el “vínculo directo” que tiene el Incop con la concesionaria en Puerto Caldera, por lo que “tener ahí a una persona que esté anuente a vincularse con personas acusadas de posibles delitos en materia de narcotráfico, es clave (para las organizaciones criminales)”.
“De forma inmediata que se despida, y que se abra una investigación como corresponde, porque no son hechos menores que hoy en el Estado costarricense haya jerarcas que estén en función de ver cómo le arman una reunión a un posible narco”, añadió Robles.
El frenteamplista hizo un llamado urgente al Gobierno para que se “desmarque” de los hechos y estimó que en caso de no hacerlo, estaría dejando “a criterio visible una posible complicidad con ese tipo de actividades ilícitas”.
El criterio de ambos diputados es compartido por otros compañeros de bancada y de agrupaciones como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, dijo sentirse preocupado por la relación entre autoridades gubernamentales y presuntos narcotraficantes. El diputado también abogó por la separación del cargo del actual jerarca de Incop.
“Está en juego la legitimidad de nuestro sistema democrático. Se encienden las alertas peligrosamente con estos nombramientos irregulares que, además, tienen un trasfondo oscuro, como lo ha sido incluso el financiamiento de la campaña del hoy presidente Rodrigo Chaves. Pedimos que se investigue minuciosamente”, afirmó el verdiblanco.
Tanto Robles como Nicolás, y el también liberacionista Danny Vargas, habían denunciado el nombramiento de Venegas ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), por presuntas irregularidades.
Los parlamentarios argumentaron que el jerarca no tenía la experiencia exigida por la Ley Orgánica del Incop para asumir ese cargo jerárquico. No obstante, el Gobierno mantuvo su designación.
Por su parte, la congresista del PUSC, Vanessa Castro, consideró que Costa Rica se encuentra “en una escalada del narcotráfico y las mafias”.
“Si juntamos este tema con nombramientos realizados por este Gobierno, sin requisitos, que pueden tener algún tipo de influencia en acciones incorrectas, lógicamente implica que tenemos que levantar una bandera roja y pedir que se llegue hasta las últimas consecuencias y se pidan responsabilidades”, aseveró Castro.
El jefe de la fracción socialcristiana, Alejandro Pacheco, consideró alarmante la revelación del vínculo entre el presidente de Incop y el investigado por narcotráfico, y pidió que el mandatario Rodrigo Chaves se pronuncie al respecto.
“Es muy delicado un posible aprovechamiento de un cargo público para favoreces a mafias del narcotráfico, espero también que el presidente de la República no guarde silencio y pida explicaciones de este caso que enciende las alarmas. Vamos a estar muy atentos de las investigaciones”, declaró el legislador.
También se pronunció el diputado Fabricio Alvarado, jefe de la bancada del Partido Nueva República (PNR), quien pidió que se realice una investigación seria al respecto y se aplique “mano dura” contra los involucrados en el narcotráfico, especialmente si se trata de empleados públicos.
“Evidentemente suponemos que habrá una investigación y esperaremos los resultados, nos parece que los funcionarios mencionados en la nota de La Nación deben dar cuentas de cuáles fueron sus intenciones al propiciar estas reuniones. Nuestra posición es completamente intolerante al narcotráfico”, sostuvo Alvarado.
En sus redes sociales, los diputados Antonio Ortega, del FA, y Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), también pidieron la renuncia y destitución de Venegas, respectivamente.
El presidente del PLN, Ricardo Sancho, se unió a la solicitud de destituir a Venegas del cargo, a la vez que condenó las acciones del funcionario.
El líder partidario señaló al Gobierno de “romper con la institucionalidad y de paso rozar con la ética al permitir el nombramiento irregular (de Venegas) y ahora tolerar que pida cita y acompañe a una persona cuestionada por narcotráfico en una reunión en el Incofer”.
La Nación envió un correo a las 8:40 a. m. de este sábado, a Casa Presidencial, para obtener su criterio sobre la relación entre el presidente de Incop y el investigado por narcotráfico, sin embargo, hasta la hora de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Previamente, a las 8:03 a. m. se contactó, sin éxito, con el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, vía Whatsapp.
Intervención telefónica revela vínculo
En una conversación telefónica intervenida el 9 de mayo, Montes Fonseca afirmó que un “nuevo jugador” los metería en el negocio, sin especificar el nombre.
Días antes de la reunión, el OIJ interceptó una llamada en la que el abogado Montes y otro de los sospechosos de narco hablaron de entrar en el negocio de alquilar a Radiográfica Costarricense (Racsa) predios para depositar los contenedores que esperarán turno para pasar por los escáneres que el Gobierno le encargó instalar en puertos marítimos y terrestres.
En la conversación, los dos sospechosos de narco hablaron de que una persona llamada “Braulio” les conseguiría una cita en Racsa para plantear algo “más formal”. Asimismo, hablaron de que ya tenían una reunión programada en el Incofer.
La otra persona era Édgar Daniel Herrera Soto, de 44 años, y dueño de las empresas de refrescos Minerva Bebidas S. A. y Tico Bebidas S. A., con sede en Poás, Alajuela.
La oficina de prensa del Incop indicó a este medio que Montes Fonseca “era compañero universitario” del jerarca y que ambos asistieron a la reunión en Incofer “para consultar sobre la existencia o no de proyectos de gestión inmobiliaria del Instituto”.
Uccaep se desmarca
La gestión inmobiliaria es un megaproyecto del Incofer que prevé la posibilidad de asignar propiedades del Instituto a terceros mediante permisos en precario, para diversas actividades, a cambio del pago de un canon.
Los permisos los otorga una comisión que estudia las solicitudes que sean presentadas, según explicó Karol Arroyo, gerente administrativa de Incofer en ese momento y quien atendió al abogado Montes Fonseca.
De acuerdo con la funcionaria, habían presentado el plan a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), de la cual Braulio Venegas era asesor legal.
“La reunión con Braulio la solicita porque él nos estaba colaborando en mapear este proyecto de gestión inmobiliaria, presentarlo a las cámaras (empresariales), porque las propiedades van desde predios hasta estaciones –algunas que parecen más casas– y otras, incluso un tajo”, dijo Arroyo.
Sin embargo, Jorge Luis Araya, director ejecutivo de Uccaep negó que Venegas estuviera haciendo gestiones en nombre de la agrupación empresarial.
“Uccaep aclara que nunca solicitó una reunión con el Incofer para tratar los asuntos que se mencionan en la nota. Toda gestión realizada por el Sr. Braulio Venegas se llevó a cabo a título personal”, señaló en una declaración escrita enviada a este medio.
Juzgado dicta medidas cautelares
Por este caso, el sábado por la madrugada, el Juzgado Penal de La Unión de Tres Ríos, impuso medidas cautelaras contra Montes Fonseca y una mujer de apellido Brenes, las cuales incluyen impedimento de salida del país, entrega del pasaporte en un plazo de 72 horas que corren a partir de la notificación y firmar cada 15 días en el Juzgado.
Asimismo, se dictó prisión preventiva por seis meses contra Herrera. La misma medida fue aplicada a otros acusados, de apellidos Lozano, Caicedo, Montoya, Brenes (mujer), Picado y Lemus.
Uno de los imputados, apellidado Fonseca, recibió arresto domiciliario con brazalete e impedimento de salida del país por un plazo de 6 meses.
