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Los diputados aprobaron, este jueves, una moción para llamar a cuentas al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, sobre la gestión para frenar la minería ilegal en Crucitas de Cutris, San Carlos, antes de que deje su cargo en el gobierno.
La moción fue presentada por Wagner Jiménez, Jorge Fonseca y María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), apoyada por firmas de 23 legisladores más.
La propuesta fue aprobada por los 40 congresistas presentes en el plenario, de forma unánime, y establece que Rodríguez deberá responder al plenario por las gestiones relacionadas con la minería ilegal en la zona norte, en particular en Crucitas, finca Vivoyet y zonas aledañas.
Además, pedirán respuestas al jerarca sobre la reforma legal que permitió declarar a Costa Rica como un país libre de minería metálica a cielo abierto, bajo el supuesto de que esa legislación permitió la demanda de la empresa Infinito Gold contra el país.
Rodríguez deberá responder ante los legisladores antes del 31 de agosto, fecha en que abandona su cargo para asumir la dirección del Fondo Mundial Ambiental en Washington, Estados Unidos.
“Con la firma de más de 23 diputados, he presentado esta moción para llamar al ministro, pues me parece que antes de asumir un puesto internacional de prestigio, primero le debe dar explicaciones al país acerca de su gestión ambiental”, indicó el liberacionista Jiménez.
Alegó que, en particular sobre la minería en Crucitas, son devastadoras las gestiones del ministro Rodríguez y los resultados en contra del ambiente, “con un alto impacto socioeconómico en contra del Estado costarricense”.
Jiménez dijo que es fundamental que el ministro comparezca y explique detalles sobre la administración de Crucitas.
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De acuerdo con un informe del Ministerio de Ambiente de octubre del 2019, dado a conocer por La Nación, el 26 de julio, entre marzo del 2017 y diciembre del 2018, los coligalleros extrajeron 149.243 onzas troy de oro, lo cual correspondía a $197 millones, para ese momento.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cree que organizaciones criminales compran ese metal para exportarlo a Estados Unidos.
