Los diputados aprobaron, este jueves, darle un impulso al proyecto de reforma a la Constitución Política para reconocer como un derecho humano el acceso universal a la conectividad, las tecnologías de información y las telecomunicaciones, de la excongresista Paola Valladares.
Se trata de una propuesta para añadir un párrafo en el artículo 33 de la Constitución Política, que según lo manda el Reglamento Legislativo, tenía que leerse tres veces en el plenario, con seis días de diferencia entre cada lectura, y finalmente votar si se aceptaba darle trámite al expediente.
La decisión para acoger la reforma y darle trámite tuvo el apoyo unánime de los 52 legisladores presentes en el plenario, después de una discusión de casi dos horas.
De acuerdo con los exdiputados que presentaron la reforma en agosto del 2021, es necesaria para lograr un acceso y aprovechamiento universal de las tecnologías de información y comunicación, además de exigir vía legal que se desplieguen las redes de telecomunicaciones, porque eso conllevaría el cumplimiento de otros derechos humanos, entre ellos libertad de expresión, información, salud, educación, vida y ambiente.
El punto es que, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones citados en el expediente legislativo 22.617, el nivel de acceso a internet fijo por cada 100 habitantes, en Costa Rica, era de apenas un 16,6% para el 2018, por debajo de Chile, Argentina y Uruguay.
“El acceso a las tecnologías de información y comunicación se traduce en un instrumento para facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, dado que las telecomunicaciones se han convertido en un eje transversal en todas las áreas, el avance tecnológico ha crecido exponencialmente y se ha incorporado en el quehacer diario de las personas”, justició Valladares en la exposición de motivos de la reforma.
Adicionalmente, la excongresista planteaba que, ante la coyuntura generada por la pandemia de la covid-19 en el mundo, la infraestructura de telecomunicaciones ha sido trascendental.
“Se ha puesto de manifiesto la relevancia de tener un desarrollo de infraestructura de primer mundo para la prestación de servicios de telecomunicaciones, por cuanto la emergencia ha generado un aislamiento social y laboral y, por ende, el teletrabajo se ha convertido en la mejor opción preventiva, tanto para el sector público como privado”, enfatiza el proyecto.
No obstante, las limitaciones tecnológicas para acceder a Internet y redes de alta velocidad han impedido -dice el expediente- que la mayoría de los costarricenses tengan ese derecho.
Eso se magnifica aún más en las zonas rurales, decía el planteamiento.
Amplia discusión
Aunque primero dijo que no era necesaria la reforma y se manifestó en contra, porque aseguró que no corresponde incluirla en el artículo 33, la socialcristiana Vanessa Castro finalmente dijo, luego de dos horas de debate, que avalaría el acuerdo para que la reforma avanzara.
Castro manifestó que ya la Sala Constitucional había reconocido el acceso a la Internet como un derecho fundamental, usando el derecho comparado. “A partir del 2011, la Sala no solo indica que es un derecho esencial, sino que también reconoce el principio de unicidad de la red y habla de requisitos simétricos, que es un tema que trasciende lo local”, apuntó la socialcristiana.
También dijo que no se debía engañar a costarricenses como los que ella dice que representa, de comunidades tan vulnerables como León XIII, Los Cuadros y otras, haciéndoles creer que esa reforma constitucional ya solucionaría los problemas de conectividad en el país.
Luego de escuchar intervenciones de legisladores de congresistas de Liberación Nacional y el Frente Amplio (FA), Castro manifestó que avalaría el avance de la reforma constitucional.
Rosaura Méndez, del PLN, aseguró que difiere de Castro, porque los dos años de pandemia dejaron claro que la conectividad a las telecomunicaciones es una nueva forma de exclusión, sobre todo en el sector educativo.
“No solo los estudiantes, los docentes, todos”, enfatizó Méndez.
Sofía Guillén, del FA, también se refirió a la profundización durante la pandemia de la brecha digital. “El Informe del Estado de la Educación dice que solo el 40% de los estudiantes del quintil de menos ingresos tiene acceso a buena conectividad, el resto tiene medio mala o es muy mala la conectividad”, dijo.
Apunto que el caso del Fondo Nacional de Telecomunciaciones (Fonatel), que no se está utilizando como se debe para cubrir esa brecha, “es uno de los casos más escandalosos” por la altísima subejecución de sus recursos.
En el caso de Eliécer Feinzaig, jefe del Liberal Progresista (PLP), se pronunció de acuerdo con las dudas de Castro, de que la reforma estaría mal ubicada en el numeral 33 de la Constitución.
Ese artículo establece que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.
“Parece estar mal ubicada, no parece haber relación. Si bien estamos de acuerdo con la declaración de principios, debemos llamar la atención sobre interpretaciones incorrectas que se pueden derivar de tal reforma y las posibles implicaciones materiales para el Estado”, dijo.
Feinzaig enfatizó que se debe tener claro que el hecho de que el Internet sea un derecho fundamental no es sinónimo de gratuidad del servicio, ni que sea obligación del Estado dar Internet gratis a cada habitante.
El liberal apuntó que le preocupa que se incluya en la propuesta que el Estado deba garantizar, proteger y preservar el acceso a las TIC.
Joaquín Hernández, del PLN, estuvo de acuerdo en que no debe quedar eso en decretos ni directrices, sino en lo más alto, como una garantía y un derecho.
Una vez acogida la reforma constitucional para su debate en una comisión, que deberá emitir una recomendación al plenario luego de 20 días, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, anunció que se instalará dicho foro el próximo miércoles 1.º de junio.