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San José
El ahorro que el país logró al recortar las pensiones de lujo de Gobierno y exdiputados se fue por la borda. Si este alcanzaba para construir tres grandes puentes, puede que ya no alcance ni para la señalización.
El Ministerio de Hacienda reaccionó con sorpresa después de que los diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA) aprobaran un proyecto de ley que echa por la borda el ahorro que se logró, el año pasado, mediante recortes a las pensiones de lujo.
La noche del miércoles, diez legisladores avalaron en primer debate el proyecto de ley 17.561, que permitirá que entre 1.847 y 6.000 docentes se trasladen del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (del IVM) al antiguo sistema de pensiones del Magisterio Nacional, lo que implica que el Gobierno Central deberá pagar buena parte de las jubilaciones, que ofrecen mayores beneficios.
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En un comunicado de prensa enviado la tarde de este jueves, Hacienda indicó que el impacto para el fisco será de entre ¢11.000 millones y ¢32.000 millones al año. Así lo afirmó con base en datos que suministró la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La primera cifra es el costo que tendría el traslado de 1.847 educadores desde el IVM al régimen del Magisterio, mientras que la segunda sería el impacto económico en el escenario de que se trasladen 6.010 educadores.
Fernando Rodríguez, ministro interino de Hacienda, advirtió de que la decisión de los legisladores incrementaría el gasto público, además de que debilitaría las de por sí maltrechas finanzas del IVM, régimen de pensiones donde cotizan la mayoría de los costarricenses, en total, 1,4 millones de personas.
Añadió que con este proyecto se esfuma el ahorro que el Estado logró al recortar las pensiones de lujo de los regímenes de Gobierno y Exdiputados, el año pasado, con el cual el país se economizó unos ¢21.000 millones anuales, suficiente para construir la ampliación de tres puentes como el del río Virilla en la General Cañas.
En el peor de los casos, no solo perderá ese ahorro, sino que tendrá que desembolsar unos ¢11.000 millones más al año.
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"Nos sorprende la decisión tomada, contraria a la dirección de las reformas a los regímenes de pensiones con cargo el presupuesto que se aprobaron al año anterior. Hacemos nuevamente un llamado a los señores y señoras diputadas para avanzar en la aprobación de los proyectos de ley que favorecen las finanzas del Estado y a rechazar aquellos que repercuten negativamente en la situación fiscal actual y futura", recalcó Rodríguez esta tarde.
En el 2016, los diputados aprobaron tres proyectos para reformar las pensiones con cargo al presupuesto de la República que, entre otras medidas, le exigían un aporte solidario a estas jubilaciones.
El ministro Rodríguez adelantó que, para poder hacerle frente a la situación creada por el Congreso, "se tendría que aumentar el déficit del Gobierno Central (que cerró en el 2016 en un 5,2% del producto interno bruto), financiado con deuda".
Hacienda, además, recordó hoy los esfuerzos que debe hacer el Gobierno Central para intentar financiar anualmente el pago de las pensiones con cargo al presupuesto, que se cubren con los recursos que aportan todos los contribuyentes del fisco.
"En la actualidad, solo el 10% del costo de las pensiones con cargo al presupuesto nacional se realiza a partir de contribuciones y el otro 90% se debe financiar con recursos del Presupuesto Nacional, es decir impuestos o deuda, por lo que la decisión de aprobar este proyecto presionaría más las finanzas durante los próximos años", advirtió la cartera de Hacienda.
La reforma avalada por los diputados también despertó inquietudes en la Caja. Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la entidad autónoma, explicó que la salida de los educadores implicaría para el IVM una pérdida de ¢52.000 millones que ese régimen no tiene a la mano, pues el dinero que han aportado estos educadores se ha utilizado para pagar las pensiones de otras personas, como ocurre en este mecanismo solidario.
