Zapote
El país se ahorrará ¢21.000 millones al año con las cuatro reformas a pensiones de lujo que entraron en vigor este martes.
La cifra la dio a conocer el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, antes de rubricar las leyes, que aprobaron los diputados a finales de junio pasado.
Los cambios en la legislación afectan a las pensiones superiores a los ¢2,5 millones ,que se pagan con recursos que salen del Presupuesto Ordinario de la República.
De inmediato, el ministro de Hacienda y primer vicepresidente de la República, Helio Fallas, afirmó que el ahorro equivale a un 0,07% del productor interno bruto (PIB).
Según Fallas, el logro es pequeño con respecto a los esfuerzos que requiere hacer el Gobierno para reducir el déficit fiscal que ronda el 6% del PIB.
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Las leyes reforman el régimen de pensiones de los exdiputados que, hasta 1992, recibieron una pensión al finalizar su servicio parlamentario. Esta reforma eliminó el aumento automático de un 30% en estas jubilaciones, limitándolo al incremento por inflación, y puso límites a la herencia de dicho beneficio.
Otro de los proyectos permitirá actualizar la edad de retiro del régimen de Hacienda de 55 a 60 años y permitirá actualizar el monto de la contribución obligatoria que deben hacer los pensionados entre un 9% (que cotizan hoy) y un 16%, siempre y cuando un estudio determine la necesidad de incrementar el porcentaje para sostener el régimen.
Según el ministro de Trabajo, otra de las iniciativas permitirá reducir el porcentaje promedio de salarios para pensionarse en varios de estos regímenes, para reducirlo de un 100% actual a un 80%.
El cuarto de los proyectos pretende aumentar la contribución solidaria y redistributiva para las pensiones superiores a los ¢2,5 millones, mediante una tabla que crea varios tramos en los que el porcentaje de contribución sobre el excedente aumentará hasta llegar a las pensiones superiores a los ¢17 millones, siempre que esta contribución no supere el 65% del monto de la pensión.
En la sanción de las leyes estuvieron presentes los diputados Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio y Sandra Piszk, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), quien impulsó las reformas.
Insuficiente
La medida relacionada con el gasto en pensiones es parte de un esfuerzo que hicieron los diputados de oposición para controlar la fuga de dinero del erario, paso inicial, según la alianza de oposición, para reducir integralmente el déficit antes de discutir el aumento de los impuestos sobre la Renta y sobre las Ventas, que pasaría a ser un Impuesto al Valor Agregado (IVA), con una tasa del 15%.
Otra de las condiciones que pone la oposición para entrar a discutir la reforma tributaria que impulsa el Poder Ejecutivo es discutir reformas al empleo público, para limitar el pago de beneficios como las anualidades.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, dijo que el Poder Ejecutivo no ha convocado ningún plan de empleo público durante las actuales sesiones extraordinarias (periodo que va del 1.° al 31 de agosto) porque hay un grupo de diputados tratando de generar un texto sustitutivo de consenso sobre este tema, pues los que están en la corriente legislativa no tienen los votos para su aprobación, por lo que el Poder Ejecutivo le está dando tiempo a esa negociación entre las bancadas, antes de convocar iniciativas sin suficiente respaldo.
Piszk, por su parte, reforzó la tesis del ministro de la Presidencia y dijo que las conversaciones sobre los regímenes de empleo público y los privilegios de los empleados del Sector Público avanzan con la cautela que amerita el tema.