Un proyecto de ley impulsado por la bancada del Frente Amplio (FA) pretende obligar al Poder Ejecutivo a hacer públicas las sesiones del Consejo de Gobierno, las cuales siguen en el secretismo pese a que, en campaña, el hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió transmitirlas.
La propuesta obligaría a Casa Presidencial a tomar las medidas pertinentes para que las personas tengan acceso a los acuerdos y las discusiones que suceden en esos espacios.
En las reuniones del Consejo de Gobierno, el presidente de la República y sus ministros debaten y toman decisiones sobre políticas públicas y la gestión del país.
Sin embargo, en esta administración no solo no se han transmitido las sesiones, sino que las actas se convirtieron en simples apuntes, en los que no es posible conocer detalles de lo debatido.
En cambio, los otros dos poderes del Estado, la Asamblea Legislativa y la Corte Plena, transmiten en directo sus encuentros.
La propuesta frentamplista, sin embargo, no detalla si las sesiones del Consejo de Gobierno deben ser televisadas o transmitidas por otros medios, como radio o Internet.
Dicha iniciativa propone una reforma al artículo 37 de la Ley General de la Administración Pública, que actualmente señala que “las sesiones del Consejo serán secretas, salvo que el presidente disponga lo contrario”.
La nueva redacción de esa norma diría: “Las sesiones del Consejo serán públicas, salvo que la Presidencia de la República disponga lo contrario por tratarse de secretos de Estado o de información confidencial, mediante acto debidamente fundamentado”.
En época electoral, Chaves prometió hacer públicas las sesiones del Consejo de Gobierno.
No obstante, el mandatario no ha cumplido con su promesa al alegar dudas legales y falta de equipo para transmitir esos espacios.
Esos alegatos persisten pese a que el Ejecutivo destina importantes recursos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para la transmisión en directo de las conferencias de prensa.
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El diputado Ariel Robles, proponente del proyecto de ley, indicó que “esta fue una promesa de campaña del partido que hoy nos gobierna y que se ha estado dando largas”.
Añadió: “Creemos, desde la Asamblea Legislativa, que es posible que estas sesiones sean públicas en la búsqueda de la transparencia, la publicidad y de que la gente tenga acceso a información relevante”.
Opacidad en las actas
En su edición del 22 de agosto, La Nación reportó que las actas del Consejo de Gobierno, que plasman lo sucedido en las sesiones, se convirtieron en simples minutas con la llegada de la administración de Rodrigo Chaves.
Aunque los documentos siguen compartiéndose públicamente a través del portal de transparencia del sitio web de Casa Presidencial, la información contenida en los registros es sumamente limitada.
Las transcripciones literales o generales de las intervenciones del mandatario y sus ministros, cuando se refieren a temas políticos o de gestión del Gobierno, simplemente desaparecieron de las actas.
También se omite cualquier grado de detalle cuando el presidente, un ministro o un funcionario invitado realiza una exposición acerca de un plan, un problema o un informe de interés público. Únicamente queda en actas el nombre de la presentación y el encargado de impartirla, sin que quede registro del contenido abordado.
En la actualidad, las actas del Consejo de Gobierno están reguladas por normas escuetas en la Ley General de la Administración Pública, que deja a discrecionalidad de cada administración la transparencia que desee impregnar en esos documentos.
Sin embargo, a partir de noviembre de 2022, entrará a regir la Ley para mejorar el proceso de control presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la Administración Pública.
La legislación demanda fuertes prácticas de transparencia en las sesiones de todos los órganos colegiados del país.
Por ejemplo, esa legislación exige que todas las sesiones de los órganos colegiados, incluyendo el Consejo de Gobierno, deberán grabarse en audio y video y deben ser respaldadas en un medio digital.
Además, debe levantarse un acta con la transcripción literal de cada una de las intervenciones efectuadas.
Por jurisprudencia constitucional, esos archivos serían de acceso público.
