EscucharLos diputados aprobaron este martes, a las 9:25 la mañana, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, iniciativa del Gobierno enfocada en combatir parte del déficit fiscal que enfrenta el Estado.
La votación se dio en el seno de la Comisión Especial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, encargada de analizar criterios y tramitar mociones de varios diputados al plan fiscal.
El proyecto estuvo en ese foro durante tres semanas, tal como lo estableció la moción de vía rápida aprobada en el plenario del Congreso para esta iniciativa legal.
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La votación se dio pocas horas después de que, este lunes, el presidente del foro, el socialcristiano Johnny Leiva, leyera una resolución con la que desechó 1.164 mociones al proyecto, en su mayoría del diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y en menor medida de Edgardo Araya, del Frente Amplio.
La iniciativa recibió el apoyo de dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN): Maureen Fallas y Juan Luis Jiménez; uno del Partido Acción Ciudadana (PAC): Marco Vinicio Redondo, y el propio Leiva.
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Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Edgardo Araya, del Frente Amplio, anunciaron acciones en contra del procedimiento de vía rápida del plan fiscal. Foto: José Cordero.
En contra estuvieron Guevara, Araya y Alexandra Loría, congresista de Restauración Nacional.
Las disposiciones más recientes introducidas en el proyecto gubernamental, a instancia de Ottón Solís, del PAC, son para fijar un tope de 1,94% al incentivo salarial por buen desempeño a los empleados públicos, conocido como anualidad, así como la creación de dos nuevos tramos del impuesto sobre la renta de los salarios.
En ese caso, los sueldos mayores a ¢2,1 millones tendrían que pagar ya no un 15% de renta, sino hasta un 20%; los salarios superiores a ¢4,2 millones pagarán hasta un 25%.
Además, Solís logró pasar mociones para obligar a las pensiones de los expresidentes y sus herederos a pagar una contribución solidaria.
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El texto que acordaron los legisladores contempla, además, la transformación del impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA), a una tasa del 13% para la mayoría de bienes y servicios.
También se generan dos tarifas diferenciadas del IVA, una del 4% para servicios de seguridad privada, por ejemplo (que originalmente iban a pagar el 13%) y otra del 2%, que afectará la compra de empaques y embalajes, así como la materia prima para producirlos, entre otros.
Esa tarifa diferenciada también se aplicará a las primas de seguros personales, de riesgos del trabajo, los agropecuarios y los de viviendas de interés social.
Los diputados decidieron exonerar a los libros en todos sus formatos, aunque el plan original del Poder Ejecutivo era que pagaran la tasa diferenciada del 4%.
La maquinaria y el equipo agrícola, los reencauches y las llantas para maquinaria estarán exentos de pagar el IVA del 13%.
Tal como lo solicitaron los empresarios, se dejaría un descuento en la tasa del IVA, que solo los dejaría cancelando un 2%, a varios servicios utilizados en la producción.
Entre ellos, están los de productos agropecuarios, agroindustriales, acuicultura y pesca no deportiva, de siembra, cosecha, recolección, fumigación, fertilización, control mecánico y químico de malezas, transporte, clasificación de productos y arrendamiento de terrenos.
De igual forma, se pondría la tarifa de dos puntos al acopio, almacentamiento, comercialización y servicios en la producción agropecuaria, agroindustrial, acuícola y de pesca.
Aunque el Ministerio de Hacienda negó que haya una intención de cobrar el 15% de impuesto sobre las ganancias de capital a las pensiones complementarias y voluntarias, lo cierto es que la redacción del texto que se tramita en el Congreso así lo deja ver.
En ese sentido, diputados de varias fracciones y los propios funcionarios de Hacienda se han comprometido con arreglar la redacción de la iniciativa legal, con el fin de aclarar que, si bien en una parte se establecen como afectados por el tributo, en otra parte de la misma iniciativa se prevé su exención.
Luego de su votación en la comisión especial, los legisladores tienen dos días para preparar los dictámenes sobre el proyecto, sean afirmativos o negativos, y enviarlos al plenario, donde continuará el trámite el próximo martes 17 de abril con la presentación de mociones de fondo que se discutirán nuevamente en la comisión.
Si bien los congresistas tienen la esperanza de dejar aprobada la reforma fiscal, al menos en su trámite de primer debate, lo cierto es que el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, calcula que esa votación no se dará durante este periodo constitucional, sino que les tocará a los nuevos parlamentarios.
Johnny Leiva: 'los consensos se dieron hasta ahora'
El presidente de la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Johnny Leiva, defendió el procedimiento con el que ha tramitado la iniciativa y dijo que él se ha apegado “estrictamente” a lo establecido tanto en la moción de vía rápida, como en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Agregó que también ha tenido el apoyo del Departamento de Servicios Técnicos y apuntó que, hasta el momento, no ha visto ninguna violación al procedimiento.
“Este proyecto nace por una problemática muy seria y grave que tiene el país con el déficit fiscal. El proyecto aborda la solución por dos vías, la de los ingresos, con impuestos como el IVA, y aspectos de contención del gasto, poniendo límites a las cesantías, a las anualidades, los salarios altos”, dijo Leiva.
El socialcristiano añadió que el plan va a tallar el gasto público a través de la regla fiscal y dijo que la iniciativa del gobierno va en la dirección correcta.
Sobre la fuerte posibilidad de que el plan ni siquiera se apruebe en su primer debate, antes de que termine el periodo, Leiva comentó que al menos quedaría “prácticamente listo” para los nuevos diputados.
“Uno va a querer hacer las cosas, pero los consensos se dieron hasta este momento. Hay que aprovechar el momento en que se obtuvieron los votos”, comentó.
Otto Guevara: 'procedimiento es inconstitucional'
Luego de la aprobación del proyecto en la comisión especial, el libertario Otto Guevara aseguró que, a su juicio, el procedimiento utilizado para tramitar el proyecto “es a todas luces inconstitucional”.
El diputado recordó que en el 2005 y en el 2012 se llevaron a la Sala Constitucional los grandes proyectos fiscales y que siempre fueron declarados inconstitucionales.
“Esta vez el trámite en comisión fue de solo tres semanas, para culminar con una votación, hoy, en la que solo vimos 90 y resto de mociones, de casi 1.300 presentadas”, indicó Guevara.
Añadió que hubo un mal acomodo de las mociones y alega que eso violenta el derecho de enmienda. “Mis mociones las botaron, no las votaron”, argumentó.
“Esto viola los derechos parlamentarios, de enmienda, los constitucionalistas hablan del reposo en la legislación. Un proyecto como este, que entró el 7 de noviembre, lo ponen a hibernar y, en febrero, se empieza a tramitar por la vía rápida, es absolutamente atropellado, no tuvo reposo”, aseguró Guevara.
El libertario dice que el plan va sumando inconstitucionalidades y que quisiera ver qué hace el presidente legislativo, cuáles mociones admite y si, incluso, rechaza mociones por su lado.
