EscucharDiputadas de diferentes agrupaciones políticas fustigaron con vehemencia, este miércoles, el “modelo fallido” del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para atender las denuncias sobre abuso sexual y violación de menores de edad.
Los cuestionamientos fueron emitidos durante una comparecencia del director regional del PANI en Cartago, Eduardo Arrieta, y los fiscales especializados en materia penal juvenil, Huberth Solís, Oscar Arroyo y Karen Mora, ante la Comisión Legislativa de la Mujer.
Dichos funcionarios acudieron a declarar en medio de cuestionamientos por el tratamiento del caso de Keibril García, una bebé de 9 meses que fue secuestrada, el pasado domingo 9 de abril, por un hombre en Cervantes de Cartago.
Carolina Delgado, presidenta de la Comisión, apuntó que si el incidente con la menor no hubiera ocurrido las fallas del sistema nunca hubiesen saltado a la opinión pública y no estaría bajo discusión la negligencia del Estado.
“No estamos hablando de cinco o seis casos, esto es más grande de lo que hemos dimensionado. Entramos en la preocupación de si el modelo de gestión funciona o no, porque cuando uno ve tantos actores diciéndole al PANI que la niña está en riesgo, que hay un posible delito, y se desestima, uno empieza a valorar que esto no está funcionando”,señaló Delgado.
Por su parte, la diputada liberal progresista Johana Obando aseguró que el Patronato incumple con su deber de proteger el bienestar de los menores de edad.
Señaló que la madre de Keibril García, una joven de 13 años, no fue atendida educativa ni económicamente, si no que las autoridades dieron la orden de que la niña viviera en casa de su madre, donde compartía entorno con la persona que la violó y embarazó, y quien hoy es sospechoso de raptar a su hija.
“Uno de los argumentos que usan ustedes es que el núcleo familiar se tiene que mantener, pero es que el núcleo familiar a veces no funciona. Pero ustedes, el PANI, pretenden que el vínculo biológico se respete a pesar del peligro para los menores de edad.
“Yo misma escuché de un jerarca decir ‘no importa que un menor de edad esté bajo un puente con su familia, mientras se mantenga el núcleo biológico’. Eso no está bien”, señaló Obando.
Ante los reclamos de las legisladoras, la fiscala Karen Mora alegó que ella, como profesional en Derecho, no tiene la formación necesaria para saber si una presunta víctima de violación está siendo manipulada o coaccionada por alguna persona de su entorno.
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La diputada liberacionista, Monserrat Ruiz, expresó su indignación por las palabras de Mora: “Se lavan las manos ¿Qué tiene que ver la profesión con la sensibilidad y el sentido común de ver una niña coaccionada? Estamos hablando de una niña de 12 años violada y embarazada.
“No es de recibo que, porque yo soy abogada, no tengo criterio para decir que una niña está siendo coaccionada. Esto es por un modelo de gestión fallido en Costa Rica”, aseveró.
‘Eso da vergüenza’
Por su parte, la diputada oficialista Ada Acuña también criticó la descoordinación que existe entre el PANI y el Poder Judicial, para lo cual puso como ejemplo el “Protocolo de las 72 horas” que se aplica ante denuncias de abuso sexual.
“Evidentemente ese protocolo no sirve, porque no hay ninguna coordinación. El PANI solo trasladó cuatro denuncias a la Fiscalía, de más de 1.500 alertas de relaciones impropias, eso son datos y estadísticas. Hay una negligencia de parte de la Fiscalía y de las personas que tuvieron cerca este expediente.
“En coordinación institucional no hubo nada, eso da vergüenza”, protestó la congresista.
Con evidente molestia, la legisladora socialcristiana Daniela Rojas también externó su indignación ante el actuar de la Fiscalía y el Patronato.
“Sobre ustedes tiene que pesar lo que está pasando. Sí, hay una sociedad que falló, hay toda una familia que falló, pero cuando todo eso falla, para eso están ustedes. La Fiscalía tuvo dos oportunidades de salvar a esta niña, y espero que les pese de verdad, porque duele demasiado.
“Cuando la maestra dijo que sospechaba del padrastro, y la Fiscalía decide que la maestra seguro está mintiendo. Pero no solo eso, nació la niña, y el Tribunal Supremo de Elecciones hizo una advertencia, y de nuevo, la Fiscalía no hizo absolutamente nada”, reclamó Rojas con evidente molestia.
Finalmente, la congresista Katherine Moreira invitó a los fiscales a dejar sus puestos si no se consideran con la capacidad para mejorar la atención de delitos contra menores.
“No están contribuyendo en nada para mejorar no solo en este caso si no en la situación. A cuántas niñas en el futuro les puede pasar lo mismo y ustedes con la cara como de asustados. Tenemos que tener más responsabilidad”, concluyó la verdiblanca.
