Magistrada propone resguardar testimonio de mujeres agredidas
Impulsa reformar Código Procesal Penal para que las víctimas de delitos sexuales no tengan que contar su historia reiteradas veces.
La magistrada Roxana Chacón presentó una iniciativa para que las víctimas de delitos sexuales no cuenten su historia una y otra vez durante el proceso judicial.
Tener que contar, una y otra vez, su testimonio en distintas oficinas judiciales puede resultar penoso y revictimizante para una mujer que ha sufrido abusos sexuales. Incluso, puede ser el motivo para que, al final, la afectada decida desistir de una denuncia contra su agresor.
Conocedora de esta realidad, la magistrada Roxana Chacón presentó este martes una propuesta de reforma al artículo 293 del Código Procesal Penal, para resguardar la validez del primer testimonio brindado por una víctima de agresión a lo largo de proceso judicial.
La alta jueza pretende que con un anticipo jurisdiccional de prueba se puedan recopilar, desde el primer momento en que se interpone una denuncia, los testimonios de la afectada de modo que, en la medida de lo posible, esta no tenga que regresar a contar de nuevo su historia.
“En muchos casos se piden las desestimaciones a falta de una prueba. Consideramos que el anticipo de prueba jurisdiccional es fundamental porque es la declaración de la víctima horas después de haber sufrido la violación o delito sexual y eso hace que se tenga una versión más real del asunto”, aseveró.
Chacón presentó su iniciativa a la diputada Carolina Delgado, presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo.
Al año, más de 12.000 delitos sexuales son reportados al Ministerio Público. De ellos, cerca de un 64% terminan en desestimación o con sobreseimiento y pocos pasan a la etapa de los tribunales penales con una acusación o con la apertura a juicio.
Reforma a ley de anticipo de prueba La magistrada Roxana Chacón (centro) entregó a Valeria León, representante del despacho de la diputada Carolina Delgado, una iniciativa para que las víctimas de delitos sexuales no tengan que contar su historia una y otra vez durante el proceso judicial. Las acompaña Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia (izquierda). (Foto: Corte Suprema de Justicia)
De acuerdo con la magistrada, en algunos casos el trámite judicial tardan de cinco a seis años. Señaló que esta situación incide en el porcentaje de desestimación ya que muchas agraviadas abandonan el proceso al verse expuestas a tener que declarar nuevamente sobre lo ocurrido.
La reforma también plantea que este anticipo sea obligatorio para todos los procesos penales en los cuales se investigue la comisión de un delito sexual y no quede a discreción del juez, como ocurre actualmente. La prueba se usaría también durante todo el proceso para probar los hechos y no tendría la Fiscalía que recabarla a lo largo de la causa.
“En algunos casos no se hace y si la víctima no quiere declarar ya no hay posibilidad alguna de tener evidencias para poder llegar a sentencia, juicio o condenatoria. Lo que queremos es que las víctimas tengan justicia y probarse los hechos en el debate”, añadió.
Protocolo de las 72 horas
Copiado!
Otra de las propuestas de Chacón es institucionalizar el protocolo de las primeras 72 horas desde que ocurre una violación, así como los equipos de respuesta rápida con los que cuenta el Poder Judicial. Este protocolo involucra a 10 diferentes instituciones que prestan servicio a las víctimas.
Las entidades garantizan no solo el acceso a la justicia, sino también a la salud con medicamentos para personas aseguradas y no aseguradas a través de antiretrovirales para impedir el VIH, anticonceptivos de emergencia y todo el tipo de fármacos para evitar cualquier tipo de infección de transmisión sexual.
Actualmente, luego de interpuesta la denuncia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) traslada a la persona afectada para que reciba todos los servicios médicos y, posteriormente, la acompaña a la casa.
“Es una necesidad que esto esté institucionalizado a través de legislación, para que sea algo mandatorio u obligatorio, se establezca de manera permanente y no quede a discreción de quienes están involucrados en el proceso”, enfatizó Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia.
Finalmente, la magistrada Chacón presentó otra iniciativa para reformar el artículo 36 de la Constitución Política y excluir del derecho de abstención a las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales, cuando el delito sea provocado por algún pariente cercano por consanguinidad o afinidad.
Precisamente, dos terceras partes de los delitos sexuales denunciados son en perjuicio de personas menores de edad y la mayoría se dan en el seno familiar.
