“Cuando el suelo está parejo, ¿por qué se brinca? No se vale ir en contra del Poder Judicial en un momento en que se tienen denuncias, eso es inaudito. Yo voy al Poder Judicial cuando estoy libre de polvo y paja, y tengo techo absolutamente de hierro, no de vidrio”, criticó la socialcristiana.
El miércoles, en una intervención en el plenario del Congreso, la diputada Castro declaró que una cosa es criticar lo que los jueces hacen o deberían hacer, y “otra muy diferente es ir como presidente de la República y decir que no deberían atender denuncias canallas”.
“El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en su institucionalidad, no puede venir a cuestionar a otro poder. Él puede defenderse y no dudo que saldrá bien, no estoy cuestionando absolutamente nada, pero no puede ir a cuestionar otro poder. Eso es una interferencia aquí y donde quieran verlo”, insistió Castro.
Agregó que ella ha sido profundamente crítica del Poder Judicial, porque “tiene que revisarse mucho hacia lo interno y verdaderamente verificarse si la función que está realizando es todo lo bueno que debería ser, y si todos los temas de pensiones y una serie de beneficios son razonables”.
No obstante, enfatizó en que una cosa es cuestionar al Poder Judicial y su funcionamiento y otra es ir con la investidura presidencial a decir qué deberían hacer o dejar de hacer.
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El jueves pasado, el presidente Chaves se presentó en la Fiscalía General a preguntar por investigaciones en su contra, en esa oficina. Luego, el lunes, durante una reunión con los magistrados de la Corte Plena, el mandatario les hizo a los magistrados las alusiones a denuncias con supuestos “intereses canallas” y, además, los instó a nombrar al nuevo fiscal general.
En el plenario, las fuertes críticas de Vanessa Castro se produjeron minutos después de que la jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, utilizó la palabra para defender lo hecho por Chaves y, a su vez, atacar la gestión y el costo económico que representa el Poder Judicial.
Cisneros emitió un discurso de 11 minutos para defender lo hecho por Chaves, sin hacer una sola referencia a la visita del presidente a la Fiscalía y a la petición que les hizo a los magistrados sobre las denuncias.
El mensaje se centró en atacar al Poder Judicial, tanto por la falta de sentencias sobre casos de corrupción, como por el costo para el Estado del funcionamiento de ese poder.
Mencionó que para el año 2000, se terminaban 405.000 casos, con 452 jueces, lo que significaba un costo por caso de ¢307.000, mientras que para el 2018 se terminaban 530.000 casos, con 1.287 jueces, a un costo por caso de ¢811.000. Además, alegó que hay 1.252.182 casos pendientes de resolver.
Cisneros también dijo que, actualmente, la justicia costaba, para el 2000, $32 por cada habitante, mientras que ya para el 2018 costaba $168 por cada costarricense, además de que los empleados judiciales se duplicaron, de 6180 a 12.579, en el 2000 y el 2018.
