Gerardo Ruiz R.. 13 agosto
Franggi Nicolás (PLN, Puntarenas) denunció ante la Fiscalía el pago sin autorización legislativa de ¢182.000 millones a tenedores de bonos del Estado. La diputada esquivó contestar si denunciaría también a exministros de Hacienda del PLN por haber violentado normas presupuestarias en el pasado. Foto: Jeffrey Zamora.
Franggi Nicolás (PLN, Puntarenas) denunció ante la Fiscalía el pago sin autorización legislativa de ¢182.000 millones a tenedores de bonos del Estado. La diputada esquivó contestar si denunciaría también a exministros de Hacienda del PLN por haber violentado normas presupuestarias en el pasado. Foto: Jeffrey Zamora.

El viernes pasado, la diputada Franggi Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), acudió a la Fiscalía a denunciar un posible delito en la decisión del Ministerio de Hacienda de pagar de emergencia ¢182.000 millones a acreedores de bonos del Estado, sin tener antes el visto bueno de la Asamblea Legislativa.

Según la legisladora, se debe sentar con rigor un precedente, para que en el futuro no haya violaciones de ese tipo a la normativa presupuestaria, por lo que decidió poner en autos al Ministerio Público.

Dado su raudo movimiento, este diario le planteó a Nicolás si actuaría en consecuencia y acusaría también a exministros de Hacienda y expresidentes de la República, quienes también violentaron en el pasado la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, al cubrir gastos corrientes con recursos provenientes de la emisión de deuda debido al elevado déficit fiscal, que le impide al Gobierno contar con dineros frescos para enfrentar sus obligaciones.

Entre los posibles infractores de las mismas normas que hoy Nicolás defiende, podrían estar exjerarcas de su partido, que ha gobernado en dos periodos desde que dicha Ley se promulgó, en octubre del 2001.

Sin embargo, Franggi Nicolás titubeó al contestar e insistió en enfocarse en la coyuntura actual, en la que tiene a Hacienda en la mira.

-¿Por qué decide acudir a la Fiscalía para que investigue el pago de ¢182.000 millones que hizo Hacienda en los últimos dos meses a tenedores de bonos del Gobierno?

-Para que sea la fiscala general, Emilia Navas, quien valore, no solo los hechos, sino las posibles personas que podrían estar vinculadas con esta situación. Es un anuncio a la fiscala de que aquí puede ser posible que haya una transgresión a la normativa, para que sea ella, con todos estos elementos, quien decida si esto debe elevarse a instancias judiciales (…). No es una denuncia contra nadie en particular, es una denuncia de hechos, no de personas.

-¿Es decir, incluso la Fiscalía podría investigar a exfuncionarios públicos, a raíz de esta relación de hechos que usted le presentó?

-Sí, es para que ella (la fiscala) haga la valoración con base en los hechos, si son personas que fungieron en el pasado, durante la administración de Luis Guillermo Solís, o son personas que actualmente están en la administración de Carlos Alvarado, o ambas, no es un señalamiento en específico. De hecho, he tenido una posición mesurada e inclusive no he pedido la renuncia de la ministra o la cabeza de alguna otra autoridad del Gobierno. A mí criterio, sí se ha transgredido la normativa. La Asamblea Legislativa no está pintada en la pared.

“La ley hay que respetarla y hay un procedimiento establecido para esas cosas que no puede obviarse (…). Yo estoy consciente de que lo responsable es hacerle frente a estos pagos, el país no puede darse el lujo de no pagar este endeudamiento, pero ni Luis Guillermo Solís, el 2 de mayo, ni la ministra de Hacienda, hace más de 50 días, le dijeron al plenario sobre la existencia de esta deuda”.

‘Si en el pasado no han habido consecuencias, no podemos escudarnos en el argumento de que entonces en el futuro hay que ser permisivos’, Franggi Nicolás, diptuada del PLN.

-Entonces, ¿usted sí cree, según interpreto de sus palabras, que la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, actuó mal?

-Como le digo, le tocará a la fiscala, finalmente, decidir si propiamente fue la ministra de Hacienda, o funcionarios de ese Ministerio, o de la Tesorería Nacional, eso ya le competería a la fiscala, pero todos los costarricenses estamos con la boca abierta por la forma en que se ha manejado esta situación. Yo soy abogada y me he leído y releído la Ley de Administración Financiera y es muy clara. Si estos pagos se puede hacer de la manera en que los anunció la ministra, sin autorización de la Asamblea Legislativa, entonces para qué el Gobierno nos pide a los diputados que terminemos de aprobar los ¢600.000 millones (en un presupuesto extraordinario para el 2018).

-La contralora general de la República afirmó en una entrevista que publicó La Nación que al margen de la ilegalidad, el pago había que hacerlo porque no había otra alternativa. En esa tesitura, ¿cae su denuncia ante la Fiscalía en tierra estéril? El criterio de la Contraloría es de mucho peso, siempre.

-Yo pienso que había que hacer el pago (…). Pero creo que hubo suficiente tiempo para que se nos notificara a los diputados, de que ese pago había que hacerlo.

-No es la primera vez que tenemos noticias de que se cometen ilegalidades a nivel presupuestario. Ha sido recurrente, durante los últimos años, desde que la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos se promulgó en el 2001, escuchar que se está violentando su artículo 6, pues los gobiernos no han dejado de financiar gastos ordinarios con recursos provenientes del endeudamiento, lo cual está expresamente prohibido en ese numeral. Sin embargo, pareciera que no ha quedado más remedio que violentar la norma ante la carencia de recursos frescos para que el Gobierno enfrente sus pagos. ¿Por qué cree usted que nadie en el pasado ha recurrido a la Fiscalía a denunciar la violación a la Ley en casos muy parecidos al actual?

-Desconozco las razones, no puedo hablar a título de otras personas que están o han estado en el Gobierno. Nunca es tarde para sentar precedentes y, por eso, fue que yo actué a título personal, más allá de cualquier otra representación, porque creo que parte de las razones por las que el pueblo costarricense está cansado es porque ve cómo se le pasa por encima a las normativas y no hay consecuencias y esas cosas le hacen muchísimo daño a la institucionalidad y golpean fuertísimo la credibilidad ciudadana.

“Entonces, si en el pasado no han habido consecuencias, ha sido porque no han habido precedentes que establezcan limitaciones contundentes, claras y con responsabilidad de que esas cosas no se puedan hacer”.

-Le entiendo, pero, a la luz de argumentos como el suyo, uno supondría que los ministros de Hacienda o los presidentes de la República, del 2001 a la fecha, tuvieron que haber sido denunciados también…

-Como le digo, si en el pasado no han habido consecuencias, no podemos escudarnos en el argumento de que entonces en el futuro hay que ser permisivos. Y no solo en este tema, sino en muchos otros más. Este país tiene que tallar más las consecuencias, producto del incumplimiento de las responsabilidades que la democracia y el pueblo pone en hombros de sus jerarcas. A falta de consecuencias, es que la gente ha perdido credibilidad en las instituciones del Gobierno y en los políticos.

“Más allá de ver si en el pasado se sentaron o no responsabilidades, lo cual es muy lamentable si no se sentaron, me parece que hay que ver hacia el futuro y ordenar la casa para que estas cosas no sigan aconteciendo”.

-¿Usted vería justo o prudente que alguien denuncie a los exministros de Hacienda que sirvieron en los gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla por haber incluido gastos corrientes en los presupuestos que se terminaron cubriendo con endeudamiento, entre estos, los salarios de los empleados públicos?

-Cada ciudadano está en la libertad de denunciar los hechos ante el conocimiento de algún delito o alguna transgresión, igual como lo hice yo. Todo ciudadano está en su libre derecho de interponer las denuncias. Con toda la tranquilidad en mi corazón, digo que sentí que cumplí con un deber y ahora le tocará a la Fiscalía decidir si aquí hay un delito o no.

“Igual podría hacerlo otro ciudadano, poner la notitia criminis ante la Fiscalía General. En buena hora si los ciudadanos levantamos la voz para que esas cosas no pasen y, si hay consecuencias, que establezcan precedentes, en buena hora para el país.

‘Lamentaría muchísimo si no aprovecháramos la oportunidad de tener una sana rendición de cuentas de Luis Guillermo Solís’, Franggi Nicolás, diputada del PLN.

-Conociendo usted que hubo gobiernos en el pasado, entre ellos de su partido, que cubrieron gastos corrientes con endeudamiento al margen de la ley, ¿tomaría la iniciativa de también denunciar a sus exfuncionarios ante la Fiscalía?

-Si yo tuviera conocimiento tan claro como lo he tenido de este tema ( en referencia al pago de ¢182.000 millones)... pues, me parece que también habría que hacer las investigaciones del caso.

“En este caso, en particular, accioné porque, casualmente, como he estado en el epicentro en la Asamblea Legislativa, me he podido empapar de este caso en específico. Por supuesto que accioné porque creo tener elementos para que la Fiscalía evalúe”.

-¿Sería proactiva y acusaría otras presuntas violaciones a la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos posiblemente cometidas en otras administraciones?

Si, eventualmente, en el pasado ha habido alguna transgresión, habrá que evaluarlo también si procedería ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Del pasado tengo pocos elementos para poder accionar, pues no tuve la posibilidad de estar adentro del Gobierno mirando las cosas y cómo estaban aconteciendo. En esta oportunidad, sí pude ser testigo de algunos movimientos que, a mi criterio, transgredían la ley.

“No accioné porque estoy viendo una bandera del PAC de por medio, sino como ciudadana que me preocupa muchísimo que se esté administrando el Presupuesto Nacional transgrediendo procedimientos y normativa que se hicieron para cumplirlos”.

-¿Qué opina de la decisión del jefe de fracción del PLN de apartarse de su decisión de llevar a la Fiscalía los pagos de deuda que hizo Hacienda’

-Respecto la posición de Carlos Ricardo (Benavides), como respeto la de cualquier otro compañero a la fracción. De la misma manera, creo que mis compañeros de bancada respetarán mi posición y las decisiones que yo, como legisladora, también tenga. Accioné más allá de cualquier decisión colectiva, según mi corazón y conciencia y creo que eso para mí debe prevalecer. Respeto la decisión y el comentario que Carlos Ricardo haya hecho. Pero con base en mis principios y convicciones, sí consideré inoportuno quedarme callada ante esta situación, sobre todo, porque la gente se siente muy preocupada y bastante asombrada e inclusive nerviosa por lo que va a pasar en torno al país en términos financieros.

-¿Va a insistir en la moción para llamar a comparecer al expresidente Luis Guillermo Solís en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público por este caso?

-Puse la moción, también la presenté a título personal (…). Si bien hay mociones presentadas para que vaya el exministro de Hacienda, Helio Fallas, y la Tesorería Nacional, ellos podrán darnos criterios técnicos sobre porqué se manejó el presupuesto de esa manera, pero el criterio político, de conveniencia, de la persona que estuvo en el cargo más importante de este país, quien tenía el timón del presupuesto y el timón de Costa Rica en sus manos, era Luis Guillermo Solís. Creo que a los costarricenses les tranquilizaría muchísimo que llegue a darnos explicaciones. No veo que le haga ningún daño a la sociedad que llegue (…). Lamentaría muchísimo si no aprovecháramos la oportunidad de tener una sana rendición de cuentas de Luis Guillermo Solís.