El Ministerio de Hacienda evalúa tomar los $270 millones (¢185.000 millones) del fondo de avales aprobado por los anteriores diputados para auxiliar a 18.000 empresas golpeadas económicamente por la pandemia de covid-19 y, más bien, utilizarlos para financiar el gasto del Gobierno.
Para hacer el cambio, el Gobierno debería contar con autorización de la Asamblea Legislativa pues, el redireccionamiento del dinero hacia sus gastos se haría a través de la incorporación de un cambio de fuente de financiamiento de deuda externa barata por deuda interna cara, que deberá ser incorporado al Presupuesto Nacional con el aval de los diputados.
Así lo hizo ver el titular de esa cartera, Nogui Acosta Jaén, durante una comparecencia ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios.
En respuesta a consultas del diputado José Pablo Sibaja Jiménez, del Partido Nueva República (PNR), Acosta indicó que el Gobierno tiene dudas sobre si el auxilio cumpliría realmente el objetivo más de dos años después de que comenzara la pandemia, que entró al país el 6 del marzo del 2020.
Sibaja le preguntó sobre cuál sería el destino de los recursos aprobados por 45 diputados del anterior Congreso en diciembre del 2021, al crear el fondo de avales con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y le recordó que el Gobierno caería en incumplimiento al no implementar una ley que está vigente desde principios de este año.
“Existe la posibilidad de que no lo implementamos”, admitió el ministro, quien expresó dudas sobre la posibilidad de que los $270 millones vayan a resolver la recuperación de créditos de los bancos o auxiliar a empresas o personas que sufrieron el impacto de la crisis económica.
“Partían (los diputados anteriores) del principio de una necesidad. Ya, después de dos años de la pandemia, deberíamos pensar si los costarricenses deberíamos contribuir con unas empresas que ya no lo necesitan. Y no lo necesitan por dos razones: porque ya resolvieron el problema de la crisis o porque ya no hay empresas que rescatar. Entonces, la pregunta es si, como Estado, debemos tomar una decisión con esos recursos”, sostuvo Acosta.
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El fondo de avales consiste en otorgar garantías bancarias de hasta el 75% del monto de cada crédito para hasta 18.000 empresas afectadas por la pandemia. El plan lo propuso el gobierno de Carlos Alvarado en agosto del 2020, como una forma de recuperar reactivar la economía a través de préstamos a empresarios y personas en problemas.
“El momento ya pasó”
Entre los diputados, hay diferentes versiones. Eli Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista, que tiene seis congresistas, dijo compartir “plenamente las dudas del Gobierno. Me parece que fue más un plan planteado para resolver una situación de cobro de los bancos que para alivianar la situación de las empresas que podían necesitar esas ayudas. En todo caso, el momento ya pasó. Las empresas que necesitaban ayuda hace año y medio o dos años, durante la pandemia, como dijo el ministro de Hacienda, lamentablemente desaparecieron o ya superaron la situación. Algunas ya encontraron un arreglo de pago con el banco”.
Lo procedente, agregó, que es que el Gobierno negocie con el Banco Centroamericano de Integración Económica para determinar si es viable variar el destino de los recursos. De lo contrario, indicó, lo conveniente es cancelar la operación para evitar que el país deba pagar multas por no usar el dinero.
Kattia Rivera, jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), con 19 diputados, tiene una posición distinta. “El fondo de avales es ley y el Poder Ejecutivo no ha cumplido con la redacción del reglamento. En todo caso (para variar el destino de los recursos) el Ejecutivo debería presentar una reforma a la ley y no simplemente obviar lo aprobado por la Asamblea Legislativa del cuatrienio anterior”.
Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de la comisión de Hacendarios, considera que los $270 millones deben ser usados con eficiencia, pero, advirtió que solo si Hacienda “nos logra convencer de que no hay necesidad de invertir en apoyo a las empresas, evaluaríamos la información”.
“Habría que valorarla, porque usar esos $270 millones para apoyo presupuestario sería no avalar capital de trabajo y liquidez de empresas, especialmente mipymes. Tenemos que evaluar si lo que dice el ministro es así y cuáles serían los objetivos de reactivación económica. De lo contrario, si no es así, corresponde que el Poder Ejecutivo reglamente ley del fondo de avales y transfiera recursos para el uso que fue aprobado”.
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Con los meses contados
El fondo de avales permanecerá con vida mientras se mantenga vigente la declaratoria de emergencia por la pandemia de covid-19, o bien, hasta julio de 2023, cuando se cumplan 18 meses de la promulgación de la ley.
El dinero prestado por el BCIE se usaría, dijo el ministro Nogui Acosta, “como se utiliza cualquier crédito de apoyo presupuestario, en sustituir deuda cara y local por deuda (externa) barata”.
Acosta planteó que existe la opción de derogar la ley del fondo de avales. “El Gobierno debe evaluar la pertinencia y oportunidad de usar esos recursos cuando la situación más grave ya pasó, y hoy estamos en una etapa diferente”, insistió.
