El órgano dio por probado que fue Fernández Esquivel quien lanzó una moneda contra el carro presidencial, cuando Alvarado lo abordó luego de salir del Teatro al cabo de una actividad y en medio de una turba de sindicalistas en contra de la reforma fiscal.

“No cabe duda de que el servidor Johnny Fernández Esquivel desplegó una conducta totalmente ajena al debido comportamiento que le asiste a un funcionario público, comprometiendo gravemente la imagen de la Imprenta Nacional, así como la ética, la moral, la fidelidad, la lealtad y las buenas costumbres que, como funcionario de la citada institución, debía exhibir en todo momento”, dice la resolución 13179-2019.

Fernández labora en la Imprenta Nacional desde el 2009. Actualmente, tiene una plaza de Técnico Artes Gráficas A, en el departamento de Diarios Oficiales.

El Tribunal se basó en los videos que grabaron los medios de comunicación presentes en el lugar y en el testimonio de otro empleado de la Imprenta, quien confirmó que estuvo en el lugar de los hechos y que intentó disuadir a Fernández de que “se pusiera malcriado” con la Policía.

Este medio solicó una reacción del funcionario a través de la oficina de prensa de la Imprenta Nacional. Fernández respondió que no daría declaraciones. En su lugar, remitió a Rafel Mora y Albino Vargas, dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

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En los videos del zafarrancho, se observa el momento en el que Alvarado termina de atravesar la Plaza de la Cultura, aborda el vehículo y cierra la puerta, mientras los policías intentan contener a los manifestantes.

Segundos después, Fernández recogió una moneda del suelo y la lanzó contra el carro. Él vestía una camisa azul, un salveque y una gorra blanca de la ANEP.

Un oficial de la Fuerza Pública lo observó y lo apartó de inmediato.

“Se le confiere a dicha prueba toda credibilidad y validez para efectos de analizar el indebido comportamiento del servidor accionado”, indicó el Tribunal.

La resolución se dictó en respuesta al recurso que presentó Fernández luego de conocer la orden de despido que emitió el Ministerio de Gobernación y Policía, al cual está adscrita la Imprenta Nacional.

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El funcionario pretendía que el cese se declarara improcedente, con el alegato de que se giró un mes después de los hechos.

La semana pasada, el empleado se libró de ir a juicio por el delito de agresión con arma, del cual lo acusaba la Fiscalía por los mismos hechos. La presunta víctima era uno de los escoltas del presidente, de apellido Matarrita.

Fernández pagó al custodio ¢100.000 y le ofreció una disculpa, con lo cual el daño se dio por reparado y se canceló el juicio.

Michael Soto, ministro de Seguridad y de Gobernación, se mostró complacido con la aprobación del despido, y adelantó que prevé que Fernández lo apele.

“Desde nuestro punto de vista, nos parece que corresponde, en vista de que estamos hablando de la investidura del ciudadano número uno del país, y estamos totalmente conformes con lo que se ha resuelto", afirmó el jerarca.

Posibilidad de apelación

De acuerdo con el actuario del Tribunal del Servicio Civil, Fernández tiene dos opciones para apelar el despido. La primera es en la vía administrativa, ante el Tribunal Administrativo de Servicio Civil.

Si interpone el recurso en el transcurso de los próximos tres días, el despido no se ejecutará hasta que se resuelva el reclamo.

Si transcurren tres días sin que haya apelado, se ejecutará el despido. No obstante, también podrá reclamar el cese en la vía judicial, ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Colaboró la periodista Rebeca Madrigal.

Información actualizada a las 4 p. m. del lunes, con la respuesta de Fernández a la solicitud de entrevista de este medio.