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La Defensoría de los Habitantes informó este viernes que indaga el proceso mediante el cual el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) amplió una lista de especies de peces y crustáceos de interés comercial, de 34 a más de 234, en la cual incluyó especies de flora y fauna silvestre.
La entidad informó en un comunicado que pidió al Instituto precisar cuáles fueron los criterios técnicos en los cuales se basó para dar el visto bueno al listado. Igualmente, le solicitó detallar las razones por las cuales lo dejó sin efecto.
El pasado 9 de mayo, Incopesca se vio forzado a revertir la decisión de considerar iguanas, tortugas y corales susceptibles de explotación comercial, como lo había aprobado la Junta Directiva de la entidad en el acuerdo AJDIP/057-2023, divulgado el 28 de abril en el diario oficial La Gaceta.
En la publicación, los directivos afirman que consultaron la lista con especialistas en universidades, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). No obstante, todas esas organizaciones negaron haber sido contactadas para opinar sobre el índice.
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Para comprender las motivaciones y acciones de Incopesca, la Defensoría solicitó copias de las actas de la Junta Directiva y un informe detallado que explique ambas decisiones (la aprobación de la lista y su retiro).
Además, pidió los oficios donde constan las presuntas consultas a las instituciones y actores señalados en los considerandos 8 y 9 del acuerdo AJDIP/057-2023, además de las respuestas recibidas.
La Defensoría recordó que cuando se publicó el acuerdo en el diario oficial, Incopesca informó de que había sometido la lista a consulta de dichas organizaciones estatales, casas de enseñanza superior públicas e incluso productores.
“No obstante, las principales instituciones de educación superior, incluido el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, y el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical, no sólo desmintieron que fueran consultadas, sino que expresaron su preocupación por la medida”, precisa el comunicado de la Defensoría.
Diputada revisa información
La información que pide la Defensoría, también fue solicitada por la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista, desde el 3 de mayo anterior. El requerimiento se envió a Heiner Méndez Barrientos, jerarca de Incopesca y ministro de Pesca y Acuicultura.
El plazo para responder era el jueves 18 de mayo, cuando se vencían los 10 días hábiles que dispone el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135), referido a los tiempos de respuesta a solicitudes de información.
Finalmente, los datos fueron entregados este viernes en el despacho de la legisladora. Cambronero adelantó que procederá a revisar la información remitida.
