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Las cúpulas de las universidades públicas se unieron con los sindicatos para hacerle la guerra al proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el cual se tramita en la Asamblea Legislativa para ordenar los salarios en el Estado en vista de las distorsiones que genera el actual sistema de pluses.
Así consta en la declaración final emitida por un encuentro multisectorial celebrado este jueves.
En la nota, las organizaciones firmantes acordaron crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense, que agruparía a los empleados universitarios, organizaciones sindicales y comunales, movimiento estudiantil, organizaciones feministas y de mujeres, así como pequeños y medianos productores agrícolas.
El principal propósito es obstruir el avance del plan sobre empleo público, pero también se comprometieron a enfrentar “de forma conjunta toda la agenda legislativa” del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Firman la declaración los consejos universitarios y las rectorías de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como el Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr).
Entre las organizaciones sindicales, están las de educadores y de empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), además de las organizaciones de trabajadores del Poder Judicial y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otras.
Pese a que los representantes de las universidades, en particular los rectores, intentaron conseguir apoyo de diputados de varios partidos para que se les excluyera del ámbito de acción del plan de empleo público, no lograron una mayoría de legisladores que los dejaran aparte de las normas para regular el empleo estatal.
Entonces, ahora los rectores y los consejos universitarios acusan al Gobierno y a los partidos representados en el plenario, en particular Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, así como el bloque de independientes llamado Nueva República, de desarrollar una “agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora”.
El alegato del acuerdo es que ese acuerdo “pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva”.
La declaración conjunta de universidades y sindicalistas se consolida después de que los empleados universitarios han realizado dos manifestaciones, el jueves 18 y el miércoles 24 de febrero, en los alrededores de la Asamblea, principalmente en la Plaza de la Democracia.
En el pronunciamiento emitido este viernes, los firmantes declaran que las “elites económicas y políticas proponen una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria que no solo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en indefensión a miles de habitantes”.
También, alegan los opositores al plan de empleo público que los medios de comunicación tienen una campaña para culpar al sector público y a la “clase trabajadora” como los responsables de los problemas en las finanzas públicas.
Argumentan que esa acusación es infundada y que tergiversa datos o los manipula “al presentar solo una parte de ellos, para generar conclusiones falaces”.
Los empleados públicos insisten en que la crisis de las finanzas públicas no es responsabilidad de ellos “y mucho menos del gasto público”, pues alegan que es culpa del “fraude fiscal corporativo”. O sea, afirman que la crisis fiscal se debe a la evasión y la elusión del pago de impuestos.
“Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y las grandes riquezas”, dicen.
Específicamente en cuanto al plan para regular el empleo público, que está en su etapa final de cambios de fondo, en la Comisión de Gobierno y Administración, universidades y sindicatos arguyen que es una iniciativa “sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas”.
En sintonía con el reclamo universitario, dice el manifiesto que la iniciativa legal “atenta contra las autonomías institucionales y constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado social costarricense”.
Anuncian movilización nacional
Aunque en la declaración final no lo manifestaron, a través de varias cuentas en redes sociales de las organizaciones sindicales, el Frente anunció varias movilizaciones contra el plan de empleo público.
A través de la Unión Nacional de Empleacos de la CCSS (Undeca) y del Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense (Bussco), avisaron que mantendrán presencia todos los días de la primera semana de marzo, del lunes 1.º al viernes 5.
Ese viernes, realizarán una movilización centrada en la capital y el sábado, una movilización nacional.
En un comunicado aparte de la declaración final, colgado por esas dos organizaciones, enfatizaron que su objetivo es “enfrentar la agenda neoliberal legislativa y desarrollar un plan de acción de actividades de información, concientización y lucha”.
Precisamente, la primera semana de marzo, la Comisión de Gobierno estará trabajando prácticamente todos los días para concluir el trámite de las 476 mociones de fondo presentadas por los legisladores contra el plan de empleo público.
Después de esa etapa de mociones, el expediente llegará al plenario, donde los diputados podrán intentar hacer cambios de nuevo, pero solamente reiterando las mociones que en la comisión les hayan rechazado.
Finalmente, solamente quedaría la discusión y votación en dos debates.
