Argumentan despido injustificado y, como medida cautelar, solicitaron que se les reinstale en sus puestos mientras se resuelve el caso.

Así lo confirmó Eduardo Soto, secretario de Bomberos en el Sindicato Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (Upins), quien precisó que se trata de cuatro bomberos que, en el pasado, denunciaron irregularidades en la cúpula de la institución o, bien, tenían una relación laboral con algún denunciante.

Por esta razón, Upins afirma que se trata de “una forma de perseguir a los colaboradores”. Máxime que por esa misma presunción, la anterior presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Cuerpo de Bomberos, Mónica Araya, tenía congelada la norma interna que se usó para ejecutar estas destituciones.

“Esa es nuestra tesis. Esos despidos, al tener en común este asunto (denunciantes de irregularidades), nos olió que algo había detrás de eso y comenzamos a investigar. (...) Tenemos fe de que los jueces acepten las medidas cautelares, ya que las demandas están bien fundamentadas. Consideramos que se está haciendo una violación a las condiciones de los trabajadores y, por supuesto, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados”, afirmó Soto.

Fin de contrato ‘sin causa justa’

Estos cuatro funcionarios forman parte de una lista de 10 personas que fueron despedidas en apego al artículo 123 de la Convención Colectiva de la institución.

Ese apartado establece que “tanto el Cuerpo de Bomberos como cualquier trabajador podrán ponerle término al contrato de trabajo sin justa causa”.

Los restantes seis colaboradores también planean presentar demandas; sin embargo, el departamento legal de Upins aún investiga los motivos de los despidos para sustentar los reclamos.

Según Soto, en el pasado presentaron demandas similares, cuestionando ese artículo 123, y todas las ganaron, por lo que vaticinó que en estos casos pasará lo mismo.

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La polémica norma congelada

En octubre del 2022, Mónica Araya, entonces presidenta del INS y de Bomberos, solicitó al Consejo Directivo congelar la aplicación del artículo 123 de la Convención Colectiva. Su intención era proteger a empleados que hubiesen sido testigos de anomalías.

Araya promovió la medida tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en este cuerpo de socorro. Argumentó que, mientras se investigaban los hechos, era necesario “evitar que testigos u otros funcionarios fueran amenazados y se obstaculizara la investigación”.

Sin embargo, el 6 de junio, el Consejo Directivo ordenó reactivar el artículo a instancias de Gabriela Chacón Fernández, la nueva presidenta del INS y de Bomberos, según el acta N.° 0240.

La cúpula adujo que la suspensión de esta norma cercenaba “parte esencial de las responsabilidades” del director de Bomberos, Héctor Chaves, según informó el departamento de Prensa.

Chacón explicó que la nueva Ley de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales suple la medida de protección al denunciante, lo que hace “viable la supresión o modificación del acuerdo”.

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Denunciaron presuntas anomalías

Mónica Araya, quien presidió el INS hasta su destitución el 8 de mayo, aseguró, el 26 de junio, que esos 10 funcionarios despedidos denunciaron presuntas anomalías en la institución y supuestas irregularidades del director Héctor Chaves.

Temía que la norma se estuviera usando de forma indebida “para callar a la gente y que no denunciaran”.

“Es lamentable que las personas en esa lista estuvieron en mi oficina o me comunicaron en algún momento las irregularidades en temas administrativos de Bomberos. Aparentemente, se estaba usando el artículo 123 para destituir personal; entonces, decidimos suspenderlo temporalmente mientras se hacen las investigaciones; no podíamos quitarlo permanente porque sería ilegal”, dijo Araya en aquella oportunidad.

Bomberos confirmó que los despidos se basaron en el artículo 123 y argumentó que la medida “se apega al marco legal” y que a los cesados se les “cancelarán los extremos laborales correspondientes”.