El Consejo Directivo de Bomberos acordó reactivar una norma interna que permite despedir sin causa justa a los funcionarios de este cuerpo de socorro. Se trata del artículo 123 de la Convención Colectiva.
La cúpula argumentó que el hecho de haber suspendido esta norma cercenaba “parte esencial de las responsabilidades” que tiene el director de Bomberos, Héctor Chaves, según informó el departamento de Prensa.
En octubre del 2022, la entonces presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de Bomberos, Mónica Araya, había solicitado al Consejo Directivo congelar la aplicación del artículo para proteger a empleados que hubiesen sido testigos de anomalías.
Ella promovió la medida luego de recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en Bomberos. Alegó que, mientras se investigaban los hechos era necesario “evitar que testigos u otros funcionarios fueran amenazados y se obstaculizara la investigación”.
Sin embargo, el pasado 6 de junio de 2024, según el acta 0240, el Consejo Directivo ordenó reactivar el artículo a instancias de Gabriela Chacón Fernández, nueva presidenta del INS y de Bomberos.
Ella adujo que la nueva Ley de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales suple la medida de protección al denunciante y, por lo tanto, “es viable la supresión o modificación de dicho acuerdo”.
20 días después de la reactivación del artículo, Héctor Chaves despidió a 10 funcionarios de Bomberos “sin justa causa” apegándose al artículo 123 de la Convención Colectiva.
Entre los despedidos se encuentra Pedro Cabrera Vega, esposo de la exministra de Comunicación Patricia Navarro Molina, quien tenía más de 28 años de laborar en la institución. En su carta de despido, se le informó que el cese se fundamenta en el artículo 123 de la Convención Colectiva de Trabajo, y que fue autorizado por Chaves, cuya firma se consignó en el documento.
Bomberos agregó que el Consejo Directivo “se atribuyó una potestad que no tiene”, al no ser parte directa de la Convención, suscrita entre el INS y el Sindicato Costarricense de Bomberos y Afines (Sicobo).
“A la fecha, ningún órgano jurisdiccional ha impuesto medidas cautelares contra las personas investigadas, por lo que sus competencias y responsabilidades están plenamente vigentes. La potestad de aplicar el ‘despido sin justa causa’, conferida al Director General mediante el artículo 123 de la Convención Colectiva vigente, está bajo su responsabilidad como jerarca”, añadió Prensa.
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Despidos en Bomberos
Mónica Araya, quien ocupó la presidencia ejecutiva del INS hasta su destitución el 8 de mayo, afirmó que los funcionarios despedidos el 26 de junio son personas que denunciaron presuntas anomalías en la institución y supuestas irregularidades del director Héctor Chaves.
“Es lamentable que las personas en esa lista estuvieron en mi oficina o me comunicaron en algún momento las irregularidades en temas administrativos de Bomberos”, declaró Araya.
La exjerarca explicó que decidió suspender en el 2022 el artículo porque temía que esa norma se estuviera usando de forma indebida “para callar a la gente y que no denunciaran”.
″Aparentemente, se estaba usando el artículo 123 para destituir personal; entonces, decidimos suspenderlo temporalmente mientras se hacen las investigaciones; no podíamos quitarlo permanente porque sería ilegal, entonces se ordenó suspenderlo”, dijo Araya.
Bomberos confirmó que los despidos se basaron en el artículo 123 y argumentó que la medida “se apega al marco legal” y que a los cesados se les “cancelarán los extremos laborales correspondientes”.
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Cuestionamientos en los últimos dos años
En los últimos dos años, el Cuerpo de Bomberos ha enfrentado diversos cuestionamientos. Uno de los casos más relevantes fue la compra de 15 camiones extintores por $10 millones. Mónica Araya detuvo la adquisición en marzo tras recibir una denuncia que alegaba un proceso en “tiempo récord” con un único oferente.
El 11 de marzo anterior, la Fiscalía también acusó a Héctor Chaves y a tres altos mandos de Bomberos por la compra irregular de dos esculturas por ¢10 millones con fondos de la caja chica. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) reclamó ¢34 millones por daño social. Héctor Chaves también enfrenta una investigación por el pago de $865 con fondos de Bomberos para un viaje privado en avioneta de una funcionaria en octubre de 2020.
En octubre de 2022, tras un allanamiento en las oficinas de Bomberos, Mónica Araya solicitó la renuncia de Chaves por desconfianza en la administración. Chaves declaró en ese momento que no renunciaría porque la solicitud “carece de fundamento jurídico” y se nutría “de una manipulación engañosa”.