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El Poder Judicial urge al Gobierno y al Congreso para que incluyan en el presupuesto del próximo año unos ¢24.000 millones destinados a implementar cuatro leyes recién aprobadas.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarella Villanueva, dijo estar preocupada de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo acusen al Judicial por el aumento de su presupuesto para el 2017, esto a causa de la solicitud de recursos para implementar las nuevas normas.
Solo para la implementación del nuevo Código Procesal Laboral, la Corte pide ¢18.000 millones para el próximo año.
La petición se hace justo cuando el debate nacional se ciñe sobre la austeridad en el gasto del Estado, un tema en el que el Poder Judicial ha sido ampliamente cuestionado desde la Asamblea Legislativa.
Los diputados se preparan para estudiar, en vía rápida, el proyecto 19.922 que pretende aplicar recortes en las pensiones del Poder Judicial.
A la vez, el reclamo de reducción del gasto es constante hacia la Corte, un tema que para Villanueva implica “un desgaste”.
También se suma una partida por ¢3.500 millones para la puesta en marcha de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
A esos planes se une la Ley de Alertas Urgentes en Extravíos de Menores de Edad, que implica un aumento de ¢1.800 millones en el presupuesto judicial y, finalmente, una partida más de ¢460 millones para dar los primeros pasos en la implementación del nuevo Código Procesal Civil.
Todas estas normas fueron aprobadas por los actuales diputados, sin que se determinara una fuente de financiamiento para arrancar con la aplicación de esta legislación recién aprobada.
Para Villanueva, “es una irresponsabilidad” el adquirir compromisos y no cumplirlos y, en este sentido, exhortó a los líderes del Ejecutivo y el Legislativo a facilitar la aplicación de las leyes.
¿De qué trata? El caso más urgente, dijo Villanueva, es el del Código Procesal Laboral, que por decreto de la misma ley debe entrar en vigor en julio del 2017.
Con este Código se pretenden acortar los juicios en materia de trabajo, los cuales actualmente tienen una duración promedio de unos cuatro años.
Esta normativa fue objeto de amplio debate en el Congreso, en vista de que implica un cambio radical en la forma en que el Poder Judicial decide los pleitos entre empleados y patronos.
“Es la decisión de un pueblo de sostener una democracia respetando los derechos laborales”, alegó Villanueva.
Para implementar estas reformas laborales, el Poder Judicial requiere invertir ¢10.000 millones solo para un nuevo edificio, que se construiría en terrenos de la misma institución.
De lo contrario, dijo la magistrada, se verían obligados a alquilar locales para albergar las instalaciones del juzgado de trabajo que la ley obliga a abrir.
Además, esta apertura implicará contratar personal, por lo que necesitan ¢5.280 millones para nuevas plazas de jueces, abogados defensores y asistentes.
A lo anterior se suman ¢1.900 millones para la habilitación de otras oficinas en el resto del país, así como la capacitación, el cambio de esquema y la implementación de equipos suponen otros ¢1.400 millones.
Si a todo eso se suma el estimado por el pago de los servicios públicos y peritajes, la cifra se acercaría a los ¢18.000 millones, por los cuales, la Corte pone el grito al cielo, alarmada.
Villanueva recalcó que se trata de una “decisión del país”, de un trabajo que se inició 15 años atrás en la Corte.
“Ya presentamos el presupuesto, pero no podemos esperarnos al año entrante”, manifestó la magistrada, al señalar que los recursos deben quedar aprobados en el presupuesto del 2017.
Hacienda incluye gastos. Pese a la solicitud del Poder Judicial para que no se releguen al presupuesto del 2018 los recursos requeridos para la aplicación de las cuatro leyes mencionadas, en el Ministerio de Hacienda consideran que no es procedente separar los gastos de las cuentas de operación anual de la entidad.
No obstante, el jerarca de esa cartera y primer vicepresidente de la República, Helio Fallas Venegas, afirmó que “comparte la preocupación de doña Zarella, por cuanto algunos de los incrementos en el presupuesto son resultado de la obligación que enfrenta el Poder Ejecutivo para dar financiamiento a leyes que no traen aparejados nuevas fuentes de recursos”.
Fallas adelantó que desde Zapote harán lo propio para generar más conciencia entre los legisladores sobre el impacto que representará en la Hacienda Pública la necesidad de gastos que acompaña la implementación de estas nuevas leyes.
