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Texto introduciría sanciones para quienes llamen a bloquear calles o a sabotear instalaciones públicas, además de cerraría opciones de que se efectúen huelgas en servicios esenciales.

Es un error debilitar a la Defensa Pública con la asignación de funciones adicionales para las cuales no dispone del personal y los recursos necesarios.

El Poder Judicial urge, tanto al Gobierno como a la Asamblea Legislativa, para que incluyan en el presupuesto del próximo año ¢24.000 millones para implementar cuatro leyes aprobadas recientemente.

La entrada en vigor del Código Procesal Laboral legaliza las convenciones colectivas

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, defendió esta tarde el proyecto de reforma a la Ley Procesal Laboral varado desde el 2012, cuando la expresidenta Laura Chinchilla vetó dos artículos que pretendían permitir huelgas en servicios públicos como seguridad, puertos y salud.

Como en toda decisión judicial, una parte gana y la otra pierde. El fallo de la Sala IV sobre la anulación al veto a la reforma del Código Procesal Laboral.

La estadística no falla: al aumentar de forma compulsiva la propuesta de normativa intervencionista, desequilibrada e irracional, claramente la tasa de crecimiento económico se contrae y merma la creación de nuevas fuentes de trabajo.

La Procuraduría General de la República rebate ante Sala IV la decisión del presidente Luis Guillermo Solís del 12 de diciembre, pues un acuerdo ‘inconstitucional’ de Chinchilla en 2013 anuló todo lo posterior, concluye el dictamen.

Es importante que el Congreso y la Sala Constitucional resuelvan sobre los alcances del decreto ejecutivo del pasado 12 de diciembre y la vigencia del Código Procesal Laboral (CPL).

En respuesta a nuestro editorial del sábado, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, recoge calificativos utilizados para opinar sobre la actuación del Gobierno en el caso concreto de la reforma laboral y se los aplica al presidente de la República, como si así lo hubiéramos hecho nosotros. Si relee el editorial, el ministro encontrará que las expresiones por él reclamadas se le atribuyen a la Administración y sus actuaciones en esta situación específica, no a una persona en particular.