La Contraloría General de la República (CGR) reprobó la más reciente rendición de cuentas del Gobierno sobre el uso de los $380 millones (¢217.339 millones) facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
En un segundo informe de auditoría, la CGR reiteró, al igual que en el primero, que los dos oficios más recientes enviados por el Poder Ejecutivo no detallan la forma en que se usarán los recursos, y tampoco evidencian mecanismos de divulgación pública.
El crédito, aprobado por el Congreso en mayo con la Ley 9.846, financiará a la Caja Costarricense de Seguro Social (¢42.832 millones) y la amortización de la deuda pública (¢174.507 millones).
En un principio, los recursos se iban a dirigir al Plan Nacional de Descarbonización, pero la pandemia de la covid-19 llevó a los diputados a cambiar el objetivo del préstamo.
Pese a tener más información que los primeros dos informes, la CGR indicó que los dos más recientes no detallan “el cumplimiento de los aspectos normativos establecidos en la Ley N.° 9.846, relativos a la programación y ejecución de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central en función de la aplicación del uso de estos recursos, así como de la atención de necesidades con los recursos mediante nuevos financiamientos”.
“Aunado a lo anterior, tampoco se proporciona un mayor detalle y explicación sobre la naturaleza y composición, tanto de las necesidades de financiamiento comentadas, como de las fuentes de financiamiento respectivas, con el fin de que esta información sea más comprensible hacia los usuarios del informe”, dice la auditoría.
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Asimismo, el reporte de la Contraloría señala que uno de los oficios presentados por el Ministerio de Hacienda no incluía el monto que se destinará a la CCSS, entidad que recibirá este dinero para mitigar el efecto por la rebaja en la Base Mínima Contributiva debido a la crisis del covid-19.
Este dinero aún no se ha ejecutado, por lo que el informe del Gobierno, al 15 de setiembre, consiste principalmente en una exposición de las razones que justifican la ejecución del préstamo, como las previsiones de Hacienda de que el déficit fiscal alcance un 9,3% del producto interno bruto (PIB) en el 2020, y la deuda llegue a representar un 70% del PIB.
“Para 2021, se estima que las necesidades de financiamiento sean cubiertas con 3,8% del PIB con recursos externos y 12,5% del PIB por el mercado doméstico, cifra última que representa una importante concentración que como se ha indicado en otras oportunidades sugiere una alta competencia entre sector público y privado por los recursos locales, lo que podría conllevar a un incremento en las tasas de interés”, expone Hacienda para justificar un mayor acceso a la deuda externa.
El documento también hace un recuento de los nueve préstamos, tres ya aprobados y seis en proceso, para mitigar los efectos de la pandemia.
En total, el Gobierno espera acceder a $3.029 millones.
En el caso del préstamo con el BID-AFD, el dinero estaba programado a ejecutarse en octubre, una vez finalizada la ejecución del préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la amortización de la deuda.
De los $500 millones (¢290.710 millones) de ese crédito, ¢73.883 millones se han usado para el Bono Proteger, y ¢114.180 millones para el pago de deuda pública.