Dos auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) reprobaron los informes del Gobierno sobre el uso de dos préstamos internacionales adquiridos para atender las necesidades de financiamiento, ante la crisis por la covid-19.
Se trata de las rendiciones de cuentas sobre el manejo de $500 millones facilitados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), así como $380 millones prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El pasado 25 de agosto, la Contraloría emitió una opinión adversa sobre los reportes del Ministerio de Hacienda debido a la poca información que este suministró sobre el empleo de los recursos, además de la falta de divulgación por parte del Gobierno acerca del uso del dinero.
Otra auditoría de la Contraloría sobre la entrega del bono Proteger, que fue financiado en parte por el crédito del CAF, culminó en una abstención de opinión por carencia de detalles el 15 de junio.
El 26 de junio, la CGR también se abstuvo de opinar, por las mismas razones, sobre los primeros informes del préstamo con la CAF aprobado el 24 de marzo en el Congreso.
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Ahora, en la última auditoría, el ente contralor cuestionó los reportes con datos del 30 de junio al 15 de julio.
De los ¢290.710 millones del préstamo de la CAF, el Gobierno ha utilizado ¢17.100 millones para el bono Proteger, ¢56.783 millones para subsidios a otros trabajadores afectados por la crisis económica y ¢114.180 millones para la amortización de deuda.
De esta forma, quedaban disponibles ¢101.977 millones para la amortización y ¢668 millones para la partida de otras prestaciones.
Aunque dichos reportes contienen más detalles que los primeros emitidos por el Gobierno, la Contraloría consideró que “persiste la carencia de revelaciones mínimas asociadas con información de los beneficiarios del Bono Proteger”.
Asimismo, los informes no incluyen información suficiente que ratifique el cumplimiento de algunos artículos establecidos en la ley que aprobó este préstamo.
Por ejemplo, la cláusula que indica que el prestatario se obliga “a utilizar los recursos desembolsados dentro de los 120 días siguientes a la fecha del desembolso correspondiente. Asimismo, deberán justificar, a satisfacción de CAF, el destino dado a los recursos de cada desembolso dentro de los 180 días contados a partir de la fecha del desembolso correspondiente”.
Una vez más, la auditoría criticó la falta de divulgación de los reportes, pues no indican “fechas de presentación, alcance, ubicación en el portal de la página electrónica y análisis de partes interesadas, que garanticen el acceso oportuno de esta información”.
Parecía un telegrama
El viceministro de Ingresos, Isaac Castro, dijo que el Gobierno está intentando mejorar sus informes conforme recibe las observaciones de la Contraloría.
Castro, nombrado en su cargo el pasado 2 de junio, afirmó que él no había participado en la elaboración de los primeros reportes, los cuales eran tan breves que la CGR se abstuvo de opinar.
“Si usted me preguntara, el primer informe que yo vi de esto parecía un telegrama, como que habían cobrado por palabra”, dijo Castro.
El viceministro explicó que, una vez recibido el criterio más reciente, coordinó una reunión con el Ministerio de Trabajo para mejorar el traspaso de información sobre el Bono Proteger.
“Cada vez que hemos tenido retroalimentación de la Contraloría, hemos hecho el esfuerzo por incorporar lo indicado. Si vamos trazando cambios pequeñitos en un proceso continuo, vamos logrando el informe más deseado que todos queremos”, declaró.
También, las auditorías hallaron inconsistencias en las cifras presupuestarias del crédito del CAF, ya que en el apartado de recursos disponibles para la partida de prestaciones se indicaban ¢660 millones en ambos documentos, cuando los montos correctos eran ¢665 y ¢668 millones, respectivamente.
De igual manera, en un párrafo del informe con corte al 15 de julio, se incluyeron datos del Bono Proteger correspondientes al 30 de junio.
Sobre el préstamo con el BID y la AFD, la CGR concluyó que aunque dichos recursos no se han ejecutado, “no se explica con suficiente especificidad el cumplimiento de los aspectos normativos establecidos en la Ley N.° 9846, relativos a la programación y ejecución de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central en función de la aplicación del uso de estos recursos, así como de la atención de necesidades con los recursos mediante nuevos financiamientos”.
Según la Ley 9.846, aprobada en mayo, este dinero se usará para financiar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y para amortizar la deuda pública, sin embargo, esto no se detalla en los reportes del Gobierno.
Al igual que con el informe del préstamo de la CAF, el ente contralor subrayó que no hubo suficiente divulgación a la ciudadanía. La auditoría también explica que el documento “carece de revelación concerniente a la estructura de control interno utilizada para recopilar, procesar, mantener y custodiar la información presentada”.
Datos más recientes
Según las emisiones más recientes del Ministerio de Hacienda, al 15 de setiembre, del préstamo de la CAF se han usado ¢208.344 millones: ¢17.100 millones para el Bono Proteger, ¢57.383 millones para otras prestaciones, y ¢133.861 millones para la amortización.
De esta forma, quedan disponibles ¢82.365 millones. La mayoría de este monto se usará para el pago de deuda.
Asimismo, el préstamo del BID-AFD sigue sin ejecutarse, pero en su rendición de cuentas más reciente se detalla que se utilizarán ¢42.832 millones para la CCSS y los restantes ¢174.507 millones para la deuda pública.
“Se estima que su ejecución iniciará durante el mes de octubre del presente año, una vez finalizada la ejecución de los recursos de la CAF para los componentes de amortización de deuda de largo plazo”, indica el informe, que aún aguarda la auditoría de la CGR.