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Los ingresos de 48 municipalidades cayeron hasta un 66% en el primer semestre del 2020, en comparación con el mismo periodo del 2019, en buena parte por el golpe económico causado por la pandemia de la covid-19.
Así lo revela un informe de medio periodo de la Contraloría General de la República (CGR), el cual detalla que los municipios más afectados son los de Guácimo (66% menos de ingresos), Santa Bárbara (60,7%), Flores (54,1%), Zarcero (53,7%) y Oreamuno (53%).
Entre todos los ayuntamientos, los ingresos cayeron un 2,1% (¢8.926 millones), lo cual contrasta con el comportamiento de los últimos cinco años, periodo en que los ingresos crecieron en promedio un 9,2% en los primeros semestres de cada periodo.
La CGR explicó que estos datos reflejan el daño financiero que han sufrido los gobiernos locales por el cierre de establecimientos comerciales, disminución de jornadas laborales y despidos provocados por las restricciones sanitarias.
La crisis económica ha dejado huella en los ingresos por impuestos de bienes inmuebles, patentes municipales y recolección de basura.
Esos tres rubros representaron un 41,7% de los ingresos municipales en el primer semestre y, a la vez, mostraron una disminución de un 2,5% (¢14.000 millones) en relación con el 2019.
Los municipios más golpeados en sus entradas por el impuesto de bienes inmuebles fueron Coto Brus, Upala y San Pablo, con caídas del 27,1%, 21,4% y 20,1% respectivamente.
Asimismo, los ingresos por patentes bajaron de forma más severa en Quepos (31%), La Cruz (29%) y Acosta (28,9%).
En el caso de la recolección de basura, los más afectados fueron La Cruz (24,3%), San Pablo (22,6%) y San José (22,5%).
Medidas drásticas
La súbita caída de la actividad económica ha obligado a las municipalidades a tomar medidas drásticas para subsistir durante la crisis.
San José, el gobierno local con la porción más grande de los ingresos municipales (10,8%), sufrió una caída en este rubro de 6,3%.
Aunque no está dentro de los casos más graves del país, el alcalde Johnny Araya subrayó que el municipio ha sufrido daños severos en los últimos meses.
Uno de ellos es un fuerte desplome en la inversión en obra pública a cambio de mantener en funcionamiento los servicios municipales.
“La Municipalidad tiene cerca de siete u ocho servicios, hemos definido como una gran prioridad darle continuidad a los servicios y garantizar el funcionamiento de las áreas estratégicas de la municipalidad, eso nos va obligando a cortar en infraestructura”, declaró Araya.
De la misma forma, este ayuntamiento cortó programas sociales y culturales, así como eventos públicos, como el Festival de la Luz, suspendido por la pandemia. También, se cerraron cerca de 50 plazas vacantes y se redujo el gasto en horas extra.
Incluso, el alcalde afirmó que se analiza una “reestructuración” que llevaría al despido de algunos funcionarios actuales.
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Para el año siguiente, la reducción de ingresos proyectada en San José alcanza el 20%.
Por su parte, Víctor Manuel Hidalgo, alcalde de Santa Bárbara, afirmó que, aunque la CGR pone a su cantón entre los más afectados, eso se debe a que el ente contralor tomó en cuenta recursos ingresados en el 2019 a través de un préstamo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), además de la recaudación ordinaria.
“Por lo indicado anteriormente, se aclara que esta Municipalidad no se encuentra en números negativos, ya que actualmente los ingresos han mostrado un comportamiento normal, en comparación al I semestre del año 2019″, señaló.
No obstante, Hidalgo agregó que su administración realiza un “plan de contingencia de las finanzas municipales, ya que es de interés de esta alcaldía utilizar los recursos de manera eficiente y eficaz”.
“Importante mencionar que, en el caso del cantón de Santa Bárbara, no se tiene alta relevancia comercial comparado con otros cantones, lo que disminuye de alguna manera el impacto”, apuntó.
En el caso de la Municipalidad de Cartago, se registró un aumento de casi un 19% en ingresos, pero eso no evitó que también se tomaran medidas de ahorro.
El alcalde cartaginés, Mario Redondo, explicó que, entre enero y junio, ingresaron pagos extraordinarios de patentes gracias a un programa que permite a los patentados pagar todo el año a cambio de un descuento.
Aún así, sus finanzas siguen en déficit y se verán más comprometidas con el cierre de 700 locales, lo que llevó al municipio brumoso a abandonar la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), decisión emulada por otras siete municipalidades.
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Redondo expuso que, al iniciar su alcaldía, en mayo pasado, el déficit proyectado era del 25% y, al 31 de julio, bajó al 11%. Para el 2021, se aguarda un presupuesto con un 31% menos de ingresos.
“Hemos hecho un plan de recorte de gasto, hemos tratado de establecer una relación con los patentados, buscar arreglos de pago, con el objetivo de minar lo menos posible la institución, y estamos introduciendo un plan de mejora y reforma institucional que nos permita ser más eficientes en la captación de recursos y disminuyendo el gasto”, indicó Redondo.
En Alajuela, donde también aumentaron los ingresos (16,3%) el alcalde Humberto Soto rescató que su administración se ha “zocado la faja”.
“Hemos ordenado financieramente el municipio, hemos priorizado los gastos. Nos hemos enfocado en inversión en obra pública; hemos dado facilidades a los usuarios, como moratorias de tres meses y arreglos de pago por 24 meses”, dijo Soto.
La CGR destacó en su informe, publicado el 31 de agosto, que las municipalidades han tramitado presupuestos extraordinarios para disminuir su proyección de ingresos en ¢229 millones.
Así fue el caso de Pérez Zeledón, que ajustó ingresos por venta de servicios y derechos administrativos; y Cartago, que disminuyó la transferencia del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para la prestación de servicios de seguridad vial.
En el sur del país, las municipalidades de Buenos Aires, Coto Brus, Golfito y Osa gestionaron presupuestos extraordinarios por ¢1.200 millones para que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) les transfiera recursos para financiar gastos corrientes, gracias a la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre de Golfito.
