Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) mostró que, a mediados de octubre, el Gobierno solo había ejecutado el 10% del crédito de $380 millones (¢217.339 millones) que le facilitó al país el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
“Se reveló que, al 15 de octubre del presente año, solo se han ejecutado ¢22.271 millones de la fuente de financiamiento 519-BID, por concepto de amortización de títulos valores internos de largo plazo”, señaló la CGR en el informe publicado el 15 de diciembre.
Según el informe, el Ministerio de Hacienda aseguró que los ¢195.000 millones restantes serían utilizados a inicios del último mes del año.
Este préstamo fue aprobado por el Congreso en mayo; originalmente, sería destinado a apoyar reformas para el plan de descarbonización del país.
Sin embargo, desde marzo pasado, el Gobierno se comprometió a utilizar los recursos para financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia provocada por la covid-19, así como para atenuar el peso de la deuda pública mediante la sustitución de deuda interna, que es más cara.
De esta forma, el dinero fue distribuido entre la Caja Costarricense de Seguro Social (¢42.832 millones) y la amortización de la deuda pública (¢174.507 millones).
En el caso de la CCSS, la idea era compensar a la entidad por haber rebajado la Base Mínima Contributiva, monto mínimo a partir del cual los patronos y trabajadores pueden asegurarse.
No obstante, la Contraloría aseguró que, actualmente, no hay claridad en la información facilitada por el Gobierno sobre la ejecución de los recursos disponibles.
“No se explica con suficiente especificidad (...) la programación y ejecución de los recursos destinados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para mitigar el efecto de la rebaja en la Base Mínima Contributiva producto del covid-19″, explica el documento.
Otro de los hallazgos que determinó la CGR es que los datos brindados por el Ministerio de Hacienda, órgano ejecutor del crédito, carecen de profundidad.
La Contraloría señaló deficiencias en el cumplimiento del artículo 3 de la Ley N.° 9.846, que autorizó el préstamo.
Este artículo obliga al Ejecutivo a brindar un informe detallado, así como la documentación de respaldo correspondiente a la ejecución y programación de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central en función de la aplicación del uso de estos recursos.
“Persiste la carencia de un expediente digital en donde se archive y se encuentre disponible dicha documentación de respaldo ante la consulta de las partes interesadas de este informe”, señaló la CGR.
Estas deficiencias señaladas por la Contraloría no son nuevas. En octubre y noviembre de este año la CGR también advirtió sobre la falta de claridad y profundidad en los informes remitidos desde el Ejecutivo.
En su anterior auditoría sobre el caso del préstamo con el BID-AFD, Hacienda informó de que el dinero estaba programado a ejecutarse en octubre, una vez finalizada la ejecución del préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la amortización de la deuda.
“Tampoco se proporciona un mayor detalle y explicación sobre la naturaleza y composición, tanto de las necesidades de financiamiento comentadas, como de las fuentes de financiamiento respectivas, con el fin de que esta información sea más comprensible hacia los usuarios”, agrega la auditoría.
Según el reporte del ente contralor, el informe remitido por el Gobierno “carece de especificidad relacionada con la estructura de control interno para preparar y presentar información razonable sobre la ejecución de estos fondos”.
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