Después de fuertes críticas y con muchas dudas de los diputados, el Congreso aprobó este jueves los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por $380 millones.
La iniciativa de ley fue avalada por 41congresistas, mientras que 9 votaron en contra.
El financiamiento era, originalmente, para nutrir el programa de apoyo presupuestario con base en reformas para apoyar el plan de descarbonización.
Sin embargo, desde marzo pasado el Gobierno se comprometió a utilizar esos recursos para el combate de la pandemia del nuevo coronavirus y el pago de la deuda pública.
Luego de intensas discusiones, los legisladores lograron llegar a un consenso para modificar el artículo 3 del proyecto de ley que define el “uso de los recursos”.
Ese apartado, originalmente decía que los fondos eran para el “apoyo al financiamiento de los rubros de servicio de la deuda, amortización, intereses y comisiones ya autorizados en la Ley de Presupuesto Ordinario” del 2020.
Ahora, tras el acuerdo parlamentario, el texto dice que los recursos serán utilizados para financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el covid-19 y para el servicio de la deuda pública.
Específicamente, se introdujeron dos incisos en ese artículo 3, para que se trasladen $60 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por el covid-19”.
La moción también obliga al Gobierno a incorporar los recursos financieros al Presupuesto Nacional a través de modificaciones presupuestarias y proyectos de presupuestos extraordinarios, con la obligación de someter esas propuestas a estudio de la Asamblea Legislativa.
El proyecto, tramitado bajo el expediente legislativo 21.871, incluye dos créditos diferentes, uno por $230 millones con el BID y otro por $150 millones con la AFD.
Reclamos
La iniciativa fue votada en contra por los diputados fabricistas Carmen Chan, Nidia Céspedes e Ignacio Alpízar; así como por los socialcristianos Pedro Muñoz, María Inés Solís, Rodolfo Peña, Pablo Abarca y Shirley Díaz.
También se opuso Wálter Muñoz, legislador del Partido Integración Nacional (PIN).
Congresistas como Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, criticaron que se le trasladara a la CCSS solamente $60 millones.
Peña acusó a las demás fracciones de incumplir su compromiso de apoyar una moción suya para destinarle $100 millones a la CCSS para ayudarle a afrontar la caída en ingresos y el aumento en sus gastos por la emergencia.
“Yo les voy a pedir a los diputados que, si dan la palabra, no sean tan informales. O, como decimos en Guanacaste, no sean tan pendejos”, reclamó el vocero socialcristiano.
Abarca alegó que él se va a encargar de que quede en evidencia lo que pasa, cuando el Gobierno viene a presionar, y denunció que Restauración Nacional les había dado la palabra para apoyar su moción.
Entre tanto, José María Villalta, legislador del Frente Amplio, también lamentó que no se aprobara la moción para girarle más dinero a la Caja. “Ojalá que las fracciones recapaciten”, apuntó.
La moción que sí tuvo apoyo fue la del Partido Liberación Nacional (PLN) para destinar $60 millones a la CCSS.
No obstante, Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista, reclamó lo que considera “ausencia de una ruta que permita claridad sobre el uso de los empréstitos”.
Añadió que, sumando otros empréstitos aprobados anteriormente, el Gobierno tiene a mano $3.500 millones. La propuesta liberacionista es que el resto de recursos se puedan utilizar en cambiar deuda cara por deuda barata.
La moción liberacionista nació en sintonía con la carta que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, le envió al jefe de esa bancada, Luis Fernando Chacón, este jueves.
En esa nota, con oficio DM-0550-2020, Chaves explica que destinarán “¢33.000 millones para asumir el compromiso del Poder Ejecutivo con la Caja Costarricense del Seguro Social para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva como medida ante la emergencia nacional originada por el covid-19”.
El ministro agregó que ¢184.360 millones serán utilizados para amortizar la deuda pública.
La presidencia del Congreso fijó la votación en segundo debate de estos créditos para el próximo sábado, junto con el aval definitivo al proyecto para girar ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) al a atención de la emergencia.
Para la aprobación en segundo debate de los empréstitos, se requiere el apoyo de 38 diputados, mientras que para la primera votación solo se requería el respaldo de la mayoría de legisladores prentes en el plenario.