Política

Contraloría: Gobierno Central incumplió regla fiscal de 2021 en ¢161.000 millones

La Contraloría General de la República (CGR) sostiene que el Gobierno Central incumplió la regla fiscal del 2021 al sobrepasar el límite de gasto en ¢161.000 millones.

La estimación incluye la ejecución de todas las entidades cubiertas por el Presupuesto Nacional: ministerios, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y órganos desconcentrados.

Para el 2021, la regla fiscal estableció que el gasto público no podía crecer en más de un 4,13%.

El criterio de la Contraloría, refutado por el exministro de Hacienda, Elian Villegas, es que el gasto corriente del Gobierno Central creció en un 6,3% alcanzando un total de ¢7.647.979 millones, aunque el tope autorizado era de ¢7.486.867 millones.

Estos datos consideran la ejecución de las cláusulas de escape autorizadas por el ahora expresidente de la República, Carlos Alvarado, para que diversas instituciones rompieran la regla fiscal; medidas que han sido cuestionadas por la CGR.

El órgano contralor ha señalado falta de sustento en las resoluciones que permitieron abrir las válvulas del gasto.

“En lo que respecta al Gobierno de la República, en opinión del órgano contralor, este incumplió con la regla fiscal, al considerarlo de manera agregada”, señala el informe.

La administración anterior, por ejemplo, liberó de la regla fiscal al Consejo Nacional de Producción (CNP), al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Ministerio de Educación Pública (MEP), debido al impacto de la pandemia.

Para la Contraloría, el Ejecutivo no justificó puntualmente a los diputados las razones por las cuales se eximió a dichas entidades de la norma y tampoco brindó detalles sobre cómo se iban a gastar los fondos adicionales autorizados.

La regla fiscal es un mecanismo de control de gasto establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 2018. La norma le impone un techo a las erogaciones de acuerdo con la situación fiscal del país. Actualmente, Costa Rica está en el escenario más estricto, pues la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB).

La reforma fiscal previó una válvula de escape que se aplica en caso de emergencias nacionales declaradas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Villegas, hoy fuera del Ministerio de Hacienda, protestó por los resultados del estudio. “El informe se apeló por varias cosas, entre ellas que la Contraloría, en el proceso de elaboración, cuando viene a conversar se le dio la explicación, pero hizo caso omiso.

“En segundo lugar, se le dijo a la Contraloría que una de las cosas que se estaba omitiendo era un gasto en vacunas que se hizo en diciembre del 2021 y lo dejó por fuera aun cuando estaba aceptado por la CNE.”

Villegas sostuvo que ese caso estaba sustentado en una resolución de la Comisión que, según afirmó, la CGR se “brincó” de forma “arbitraria” .

Por otro lado, agregó que hubo una discusión con la CGR en cuanto a la aplicación de cláusulas de escape para el pago de la deuda. Según explicó, la misma emergencia por la pandemia hizo que se aumentara la deuda, al percibir menos ingresos y, por tanto, se justificaba como excepción a la regla fiscal un pago de la deuda e intereses proporcional al aumento de compromisos.

La Contraloría señaló que un total de 21 instituciones públicas superaron su gasto corriente por encima del 4,13% que estipuló la regla fiscal para el año pasado.

Entre los que incumplieron se encuentran nueve colegios profesionales. El que tiene mayor porcentaje de incumplimiento es el Colegio de Enfermeros, que reportó 55,3% más gasto por encima de lo autorizado.

Destaca, además, una subsidiaria del Banco de Costa Rica, Banprocesa Sociedad de Responsabilidad Limitada, que superó el monto autorizado por 55,5%.

Contrario a ello, la CGR determinó que 58 instituciones en estudio sí cumplieron con el gasto autorizado.

Una veintena de colegios profesionales no presentó la información a la CGR para su análisis, por lo que no se precisó si están en regla.

Además de los colegios profesionales y el Gobierno Central, estas instituciones gastaron más de lo que debían:

IMAS, 2,46%

CNP, 5,05%

Bomberos, 5,16%

Banprocesa (del BCR), 52,5%

Icoder, 7,72%

JPS, 0,3%

Ente Costarricense de Acreditación, 24,25%

INA, 0,05%

Gestión de cobro del ICE, 3,25%

Conacoop, 2,27%

Federación de municipalidades de San José, 3,17%

Academia Nacional de Ciencias, 4,21%

El presidente Carlos Alvarado y Elian Villegas, ministro de Hacienda, consideran "valiosa" la propuesta de cobrar un impuesto a las utilidades de las grande sempresas y a los salarios públicos y privados. Sin embargo, ambos coinciden en que la iniciativa requiere ajustes. Foto: Roberto Carlos Sánchez, Presidencia.
Rebeca Madrigal Q.

Rebeca Madrigal Q.

Periodista de asuntos políticos y de gobierno. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica.

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