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La Contraloría General de la República (CGR) les pidió a los diputados mantener la rectoría del empleo público en manos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) y advirtió de que no hay justificación para trasladarla al Servicio Civil.
En un informe emitido este lunes y dirigido a la Comisión de Gobierno y Administración, foro donde se tramitan las mociones de fondo al proyecto de empleo público, el ente contralor manifestó su oposición a varias de las propuestas de los diputados.
El informe está firmado por Luis Diego Ramírez, gerente de la División Jurídica de la Contraloría, y Amelia Jiménez, gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
Los diputados le presentaron 301 mociones al expediente 21.336, la Ley Marco de Empleo Público, de las cuales ya tramitaron 232 y aún resta por conocer 69.
La Contraloría criticó que varias de las mociones, por ejemplo la 54, la 58 y la 59, cambien la naturaleza jurídica de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), instancia a la que los diputados le dieron la rectoría del empleo público mediante la aprobación de mociones.
Para el órgano contralor, es contradictorio que los legisladores ahora quieran quitarle esa rectoría al Mideplán, cuando ellos mismos se la asignaron con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley 9635, en diciembre del 2018.
Precisamente, a raíz de la aprobación del plan fiscal, Planificación inició tareas como rector del empleo público, mediante emisión de normativa para la regulación del título III de esa ley, el cual reformó la Ley de Salarios de la Administración Pública, para fijar límites al gasto en remuneraciones.
“No se invoca ninguna justificación para encargar esa rectoría a la Dirección de Servicio Civil y se olvida que es una función esencial del Poder Ejecutivo. La Contraloría y la Procuraduría General de la República han manifestado que esa rectoría a cargo del Mideplán es congruente”, enfatiza el criterio emitido este lunes.
En el pronunciamiento del ente contralor, se explica que la rectoría en esa materia a cargo del Poder Ejecutivo “es congruente con un direccionamiento político sustentado en las competencias constitucionales de carácter general”.
En cuanto a la Dirección de Servicio Civil, la CGR manifestó que históricamente se ha ocupado de aspectos muy técnicos y que, antes de asignarle competencias como las que los congresistas pretenden darle, se requiere de una “revisión profunda”.
“Dirigir la materia de empleo público desde un órgano desconcentrado de la Administración Central podría generar cuestionamientos sobre el ámbito de competencia, de una normativa que ya de por sí puede generar fricción”, argumenta la Contraloría.
Ya el miércoles de la semana anterior, los diputados de la Comisión de Gobierno aprobaron el traslado de la rectoría del empleo público al Servicio Civil.
La intención de los legisladores es que la DGSC fije el salario global para empleados públicos actuales y futuros, así como la metodología para esa fijación. En la propuesta original, esa decisión recaía en el Mideplán y Hacienda.
Las mociones que proponen eso son de los liberacionistas David Gourzong y Luis Fernando Chacón. Además, los congresistas también aprobaron que sea la Asamblea Legislativa la que nombre al director del Servicio Civil.
Aunque aprobaron esas mociones, los diputados no derogaron el artículo 46 de la Ley de Salarios de la Administración Pública que introdujo el plan fiscal y que le dio la rectoría al Mideplán, lo cual agudiza la contradicción.
