Josué Bravo. 3 marzo
15/02/2019/ en la foto Fachada del edificio del ICE ubicado en Sabana norte / Fotografía: John Durán
15/02/2019/ en la foto Fachada del edificio del ICE ubicado en Sabana norte / Fotografía: John Durán

El Consejo de Gobierno rechazó el currículo de 78 aspirantes a cubrir, temporalmente, las seis plazas vacantes en el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Nancy Marín, ministra de Comunicación, explicó que esos candidatos no cumplieron con los requisitos de ley en relación al grado académico, campo profesional o experiencia en la materia.

Otros 59 postulantes sí siguen compitiendo, tras superar la primera fase de revisión de requerimientos legales, es decir, que en total se presentaron 137 personas para las seis plazas.

No obstante ese cifra puede ser aún mayor, pues el Consejo de Gobierno reabrió el concurso el martes anterior, tras haberlo cerrado el 18 de febrero.

Según Marín, se tuvo que ampliar el periodo de postulación porque en el área de informática no tienen postulantes, dado que quienes aspiraban –el 3% de los 137– no calificaron. El concurso reabierto se cerró el viernes.

Para concursar por el cargo de directivo, el gobierno solicitó a los aspirantes títulos a nivel de licenciatura en ingeniería en Electricidad, Telecomunicaciones, Economía, Informática o Derecho.

También pidió la acreditación de al menos siete años de “reconocida experiencia profesional, gerencial o empresarial en el área indicada”, entre otros requisitos.

“Debe considerarse también las recomendaciones de buenas prácticas en juntas directivas, así como la experiencia profesional, gerencial y empresarial en áreas afines al quehacer de la institución”, añadió Marín.

La ministra reiteró que el Consejo de Gobierno pretende valorar la mayor cantidad de currículos, para asegurar que quienes ocupen de forma temporal estos cargos sean personas reconocidas por su competencia, honorabilidad y trayectoria.

El Consejo Directivo debe estar integrado por siete personas, según la La Ley N°. 449 creadora del ICE y en el artículo 10 establece el perfil de los integrantes.

Allí detalla que, tres directores deben ser del área de ingeniería con especialidad en Electricidad o Telecomunicaciones; una persona con licenciada en Ciencias Económicas y maestría en Administración; y otra con licenciada en Informática con especialidad en Telemática.

El sexto miembro debe tener licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Público, mientras la sétima silla la ocupa la presidenta ejecutiva.

Investigación en curso

Las plazas de seis de los siete directivos del ICE quedaron vacantes, temporalmente, luego de que el 29 de enero fueran separados debido a una investigación por posibles irregularidades.

Se trata de Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro y José Mario Jara Castro.

Cuatro de ellos son investigados por el Consejo de Gobierno por el aparente pago indebido de cesantías a 36 funcionarios que el ICE trasladó a sus subsidiarias Radiográfica Costarricense (Racsa) y Gestión de Cobro S. A., entre febrero de 2016 y febrero del 2017

La otra presunta irregularidad, por al cual son investigados los seis, es el nombramiento de Jaime Palermo Quesada como gerente general interino del ICE sin que contara con los requisitos técnicos y de idoneidad necesarios, según advirtió la presidenta ejecutiva, Irene Cañas.

Ausencia de directivos no afecta funcionalidad del ICE

Cañas explicó el viernes que, a pesar de la ausencia de seis directivos, la institución sigue operando con normalidad, “garantizando la correcta operación de la empresa y los servicios a todos sus clientes”, gracias a la estructura organizacional del ICE en sus diferentes niveles.

No obstante, las solicitudes de certificaciones correctivas de la Contraloría General de la República (CGR) que requerían del visto bueno del Consejo Directivo, han sido respondidas por la institución haciendo la aclaración de que estas no han sido conocidas por el órgano colegiado.

“Las respuestas (a Contraloría) se remiten a fin de que se cumplan con los plazos establecidos”, explicó Cañas.