El Consejo de Gobierno recibió los currículos de 137 personas que aspiran a cubrir, temporalmente, seis plazas vacantes en el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Nancy Marín, ministra de Comunicación, explicó que el plazo para concursar se extendió del 13 de febrero al 18 de febrero.
No obstante, las propuestas no fueron analizadas en la sesión del Consejo de Gobierno de este martes.
“Hoy no lo vimos en Consejo de Gobierno porque hasta ayer cerró el plazo y todavía hay que verificar que se cumplan los requisitos. Creo que a más tardar (en) dos semanas vamos a estar viéndolo en el Consejo”, explicó Marín.
El 17 de enero, el gobierno anunció que los puestos vacantes en las juntas directivas de las empresas del Estado se llenarían mediante concursos públicos, en los cuales podrán participar todos los ciudadanos que deseen postularse.
Para ello, sería creada una Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado, la cual conducirá los concursos para designar a los directivos de 32 empresas del Estado.
En el caso del ICE, Zapote abrió el concurso para cubrir temporalmente las vacantes de seis de los siete directivos del ICE, quienes fueron separados del cargo el 29 de enero debido a una investigación por posibles irregularidades.
Para concursar por el cargo de directivo, el gobierno solicitó a los aspirantes títulos a nivel de licenciatura en Ingeniería en electricidad o telecomunicaciones, Economía, Informática o Derecho, así como la acreditación de al menos siete años de “reconocida experiencia profesional, gerencial o empresarial en el área indicada”, entre otros.
El gobierno espera nombrar a los nuevos directivos en un plazo de 15 días, una vez finalizado el concurso, según explicaciones dadas hace una semana por el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar.
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Los directivos separados son Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro y José Mario Jara Castro.
A cuatro de ellos el Consejo de Gobierno los investiga por el aparente pago indebido de cesantías a 36 funcionarios que el ICE trasladó a su subsidiarias Radiográfica Costarricense (Racsa) y Gestión de Cobro S. A., entre febrero de 2016 y febrero del 2017.
El problema es que, según un criterio de la Procuraduría General de la República, no corresponde pagar la cesantía cuando un funcionario es trasladado dentro de un mismo grupo empresarial del Estado.
Asimismo, el 7 de noviembre del 2016, el Consejo Directivo del ICE declaró confidencial el acuerdo tomado en agosto del 2015 en relación con este tema, así como “todos los documentos que soportan el punto y forman parte del expediente”.
Por este caso, son investigados Beirute, Martínez, Bogarín y Gutiérrez.
La otra presunta irregularidad es el nombramiento de Jaime Palermo Quesada como gerente general interino del ICE sin que contara con los requisitos técnicos y de idoneidad necesarios, según advirtió la presidenta ejecutiva, Irene Cañas.
El 17 de diciembre pasado, la Procuraduría General confirmó que la administración anterior del ICE eliminó sin fundamento legal su figura de gerencia general.
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Cañas explicó que en reiteradas ocasiones urgió a los directivos a nombrar un gerente general, pero aclaró que se opuso a la designación de Palermo Quesada. Por este caso, son investigados los seis directivos suspendidos.
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