Juan Fernando Lara Salas. 3 septiembre
La Contraloría General de la República, cuya sede está en Sabana, advierte en su informe que la prevención de actos de corrupción es particularmente importante en tiempos de pandemia, cuando se realizan compras urgentes y ajustar sus recursos, por ejemplo. Foto: Rafael Pacheco
La Contraloría General de la República, cuya sede está en Sabana, advierte en su informe que la prevención de actos de corrupción es particularmente importante en tiempos de pandemia, cuando se realizan compras urgentes y ajustar sus recursos, por ejemplo. Foto: Rafael Pacheco

Debilidades detectadas en 10 municipalidades del país podrían exponer a esas instituciones a un mayor riesgo de irregularidades o actos de corrupción.

La advertencia la hizo la Contraloría General de la República (CGR) en el informe DFOE-DL-SGP-00003-2020, divulgado este jueves, según el cual esos ayuntamientos no están preparados adecuadamente para tomar acciones y aplicar buenas prácticas preventivas.

Esa incapacidad, según el órgano contralor, eleva los riesgos de que los funcionarios incurran en actos de corrupción que generen desconfianza en la población, además de posibles perjuicios a los bienes y recursos financieros municipales.

“Todo esto en detrimento de la transparencia institucional, del logro de los objetivos institucionales y del bienestar de los ciudadanos”, señala la CGR.

¿Y en qué consisten las debilidades? Este grupo carece de un Código de Ética o de Conducta, ausencia de liderazgo y compromiso de funcionarios para coordinar acciones preventivas, falta de mecanismos para promover rendición de cuentas, y ausencia de herramientas o espacios que permitan la participación ciudadana en procesos de planificación, control y evaluación del gobierno local.

Las municipalidades en las que se identificaron estos problemas son: Abangares y Cañas en Guanacaste; Alajuelita y Vázquez de Coronado (San José); Upala y Atenas (Alajuela); Buenos Aires y Corredores (Puntarenas); Jiménez (Cartago); y Talamanca (Limón).

La CGR recordó, al exponer los resultados, que la emergencia sanitaria por la covid-19, ha obligado a las administraciones municipales a promover de una manera expedita compras de bienes y servicios, y a ajustar el uso de los recursos financieros y humanos en atender la emergencia, por lo cual “es importante que los gobiernos locales establezcan mecanismos que les permitan identificar, administrar y mitigar los riesgos asociados a la corrupción”.

Esta misma semana, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) informó de que se dispone de ¢1.000 millones para apoyar a las municipalidades en contratación de personas, para colaborar con la atención y fiscalización de medidas contra la pandemia en la fase de apertura que comienza el 9 de setiembre.

Además, los comités municipales de emergencia jugarán un rol clave en esa labor.

Asimismo en los últimos días, trascendió la salida de al menos ocho ayuntamientos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) ante la necesidad de ahorrar presupuestos por el golpe de la crisis económica en sus ingresos.

Criterios de selección

En su exposición metodológica, la CGR aclaró que seleccionó esas 10 de las 82 municipalidades del país, a partir de una análisis global de todos los gobiernos locales de Costa Rica por su desempeño en la Matriz de riesgo municipal 2020 y el Indicador de Transparencia ante la emergencia de la covid-19 que elabora la Contraloría. Estos dos criterios pesaron 80% en el listado.

También, por la calificación de todas las municipalidades en el Índice de Gestión Municipal (15% de prioridad en la selección) y existencia de una carta de entendimiento entre los ayuntamientos y el gobierno para mitigar la corrupción.

Este grupo evaluado, advierte la CGR, también carece de medios tecnológicos y de comunicación para el acceso de la información municipal y tampoco hace supervisión y seguimiento en labores que se hacen para el cobro de impuestos y servicios municipales, pago de salarios, otorgamiento de permisos de construcción y de licencias.

Encima, tampoco disponen de mecanismos para la separación de funciones incompatibles en los distintos procesos que se realizan en la institución.

La mayoría de municipalidades tampoco realiza anualmente una autoevaluación del control interno y no tienen por práctica efectuar inventarios de los bienes municipales y materiales y suministros.

Al ser analizadas por su capacidad de prevenir situaciones de corrupción, la CGR halló que las diez municipalidades están en un nivel de logro “básico”.

“Es decir ninguna logró superar una calificación de al menos 50% de los temas evaluados. La Municipalidad de Corredores obtuvo la calificación más alta de un 47%, mientras que la Municipalidad de Talamanca, presenta el puntaje más bajo, con tan sólo un 8%”, detalla el informe en este punto.

En nueve gobiernos locales analizados, descubrió el análisis, no existen procedimientos o políticas para atención de denuncias, quejas o reclamos de ciudadanos y garantía de confidencialidad de la identidad del denunciante.

Mucho menos se detallan los pasos a seguir en caso de que se presente y castigue una posible conducta fraudulenta o acto de corrupción.

Esto ocurre en el manejo de conflictos de interés, sobre cómo identificarlos, solucionarlos y establecer sanciones específicas para las partes.

Con estos hallazgos, la Contraloría recomendó a los jerarcas y titulares de estas municipalidades, realizar un análisis detallado de todas los temas evaluados de forma que puedan orientar sus esfuerzos a fortalecer la gestión para evitar posibles actos de corrupción.

Descargos

Para Modesto Alpízar, alcalde de Alajuelita, la emisión del informe es positiva porque permite oportunidades de mejora, pero “no quiere decir que se hagan las cosas mal”.

Según Alpízar, cuando la CGR les consultó no tenían un reglamento de control interno, pero, según dijo, ya lo tienen y lo publicaron en La Gaceta “para tener todo bien regulado”.

El jerarca agregó que también los afectó en la evaluación que cuando esta se hizo no tenían auditor nombrado, pues recientemente se había pensionado el anterior. “Pero ahora ya tenemos a la persona y eso es clave para prevenir cualquier situación de riesgo”, aseguró.

Alpízar considera que la mención en el informe fue porque “básicamente faltaban algunas herramientas” pero ya las han ido subsanando.

Lissette Fernández Quirós, alcaldesa de Jiménez, opinó que esta es la primera vez que se hace el estudio y lo consideró como “un plan piloto” el cual no se enfocará únicamente en 10 municipios, “porque me imagino que a futuro seguirán”.

“En este estudio estamos en distintos niveles las 10 municipalidades que salimos y casi todas estamos en nivel básico, insisto en que es la primera vez y los hallazgos que la CGR enlista son cuestiones que, digamos, como que se saca de la manga”, afirmó la funcionaria.