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Aunque el Estado es el encargado de registrar las muertes y las edades de las personas, el mismo Estado no estaba al tanto de esos datos a la hora de pagar las pensiones de lujo.
Por esa razón, aunque parezca ilógico, el Gobierno pagó miles de millones de colones de más a jubilados fallecidos o a jóvenes herederos que ya habían superado el límite de edad para percibir las pensiones de sus padres.
En cinco años, del 2014 al 2018, el Ejecutivo pagó ¢3.140 millones de más porque no contaba con un sistema que le permitiera saber, en tiempo real, cuáles pensionados fallecían y cuáles herederos cumplían la edad máxima para recibir una pensión por traspaso.
Los datos del 2014 al 2017 se desprenden de la Contraloría General de la República, mientras que la información del 2018 fue aportada por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, administradora de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
Solo el año anterior, esta última instancia canceló ¢610 millones a 876 personas muertas y otras personas.
A esa cantidad de dinero se añade un monto acumulado de ¢2.530 millones en “sumas pagadas de más” por la DNP hasta el 2017 según un reporte de la Contraloría en su memoria de ese año.
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En el mismo documento, la CGR explica que dichos recursos se desembolsaron debido a “errores, caducidad o fallecimiento del pensionado”.
Esa caducidad se refiere los hijos que habían heredado una pensión de alguno, o de ambos padres, pero que al cumplir el tiempo máximo para devengar el beneficio, no lo reportaban a la DNP.
Entonces, la entidad seguía depositando el dinero mensualmente en las cuentas bancarias de los muchachos.
La ley establece que los hijos tienen derecho a recibir una jubilación por traspaso hasta cumplir la mayoría de edad (18 años) o hasta los 25 años, si demuestran que están estudiando.
“El saldo de las sumas giradas de más por concepto de caducidades obedecen, en su mayoría, a que la DNP no detectó oportunamente a los causahabientes solteros, mayores de 18 años de edad y menores de 25 años, que omitieron acreditar durante ese período su condición de estudiante regular, tal como lo establece la normativa vigente”, dicta el documento de la Contraloría.
Con los fallecidos ocurría lo mismo. La entidad administradora de pensiones no tenía cómo saber a tiempo quiénes morían y, de nuevo, efectuaba los pagos.
Al fallecer el titular, la pensión caduca. Para heredarla, la viuda, viudo o los hijos del beneficiario original deben solicitar a la DNP el traspaso si califican para ello.
Eventualmente, pueden reclamarla los padres o hermanos, pero solo si son personas con discapacidad y demuestran que dependían económicamente del pensionado fallecido.
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Un monto que crece
La Contraloría destaca que ese dinero pagado de más es un “saldo que presenta un comportamiento creciente en los últimos años debido a una falta de oportunidad en su identificación y respectiva recuperación” (por parte de la DNP).
¿Es posible recuperar esos miles de millones? Sí, pero esto depende de largos procesos entre los beneficiarios y la Dirección Nacional de Pensiones.
De hecho, según la CGR, en agosto del 2017 la DNP contaba con 672 casos por un monto de ¢948 millones “pendientes de recuperar”.
Los ¢3.140 millones fueron pagados de más en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, reconocidas por el mismo Gobierno como jubilaciones de lujo, pues las ostentan personas quienes no cotizaron lo suficiente para recibirlas y se acogieron al retiro en condiciones mucho más favorables que en otros regímenes.
Nuevos sistemas prometen dar un respiro
Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones, comentó que, con miras a reducir esas sumas pagadas de más, la entidad que él lidera establece convenios con distintas instancias para emplear nuevas herramientas de recopilación de datos de los beneficiarios.
Entre las medidas destaca una alianza que estableció la DNP con el Registro Civil, gracias a la cual la Dirección Nacional de Pensiones podrá conectarse a los sistemas de esa instancia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Con ello será posible actualizar, diariamente, la información de los pensionados fallecidos.
Con esa información fresca, prepararán la propuesta para el pago mensual de las pensiones de lujo, las cuales otorgan a los jubilados hasta ¢16 millones y, juntas, le cuestan al Estado más de ¢1 billón anual.
“Cualquier pensionado de nosotros que aparezca en el sistema de defunciones (del Registro), el sistema (de la DNP) le bloquea el pago”, explicó Rodolfo Elizondo, coordinador de Sistemas de Información de la Dirección Nacional de Pensiones.
Según explicó el funcionario, aunque siempre han coordinado con el Registro Civil, durante los últimos cuatro años la actualización se realizaba semanalmente, pero como la data no se obtenía en tiempo real, había filtraciones.
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Antes de eso, los colaboradores de la DNP iban hasta el TSE con un dispositivo USB (o llave maya) a copiar los datos. En aquel momento, la actualización era mensual.
“Antes había que hacer todo a pie… Ahora la ventaja es que se carga todos los días (el sistema) y, sobre todo el día de la fecha de pago, en cualquier momento que se detecte, antes de mandar la planilla, se vuelve a revisar con la información actualizada”, comentó Luis Paulino Mora.
Además de la colaboración con el Registro Civil, la DNP contará con la colaboración del Poder Judicial, que le informará sobre decesos en accidentes, hallazgos e ingresos a morgues.
Adicionalmente, Mora contó que le envió una nota al nuevo canciller, Manuel Ventura, solicitándole apoyo de las distintas sedes consulares de Costa Rica para que le compartan a la DNP la información de los fallecimientos en el extranjero.
De esta manera, la entidad administradora de pensiones constatará si se trata de alguno de sus jubilados e ingresará el dato a su sistema.
El director de Pensiones dijo que otra de las medidas que los ayudará a contener el gasto en sumas pagadas de más es el reciente cambio en la fecha de pago de las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional.
Antes de enero de este 2018, estas pensiones se pagaban durante la segunda semana del mes; ahora se hará en la tercera semana. Así lo determinó la Tesorería Nacional a inicio de año.
“Entre más paguemos cercano a fin de mes, más se nos facilita no pagar sumas giradas de más porque, por ejemplo, si yo pago el 13 de enero y la persona muere el 20, le pagué días de más”, concluyó Mora.
Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional pertenecen al Régimen Transitorio de Reparto, cerrado en 1992 porque carecía de fondos para pagarles a sus beneficiarios.
Desde entonces, fueron cargadas al Estado, y quienes las pagan realmente son los contribuyentes por medio de impuestos, pues los tributos son la principal fuente de captación de recursos del Gobierno.
Los pensionados de lujo son exfuncionarios de Gobierno –incluidos exdiputados–, y exprofesores del Magisterio Nacional.
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