El segundo presupuesto extraordinario 2020 sería dictaminado afirmativamente este lunes por una mayoría de diputados de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, sin que al cierre de esta información se tenga conocimiento de acuerdos para atenuar algunos recortes.

En el plan, el gobierno propone ¢196.000 millones de recorte neto al gasto público, ¢90.000 millones más para subsidios familiares como el bono Proteger, ¢45.800 millones de transferencias a la CCSS y una solicitud de nueva deuda por ¢664.000 millones.

Los asesores de los tres diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) que integran ese foro legislativo (Ana Lucía Delgado, Gustavo Viales y Silvia Hernández), se encuentran trabajando la parte técnica y jurídica de un eventual dictamen para este lunes, confirmó la diputada Delgado.

Mientras que las legisladoras de la bancada oficialista de la misma comisión, Laura Guido y Nielsen Pérez, así como el congresista del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Roberto Vargas, confirmaron que el proyecto sería votado afirmativamente en la sesión del lunes.

“Corresponde la aprobación del dictamen de la Comisión de Hacendarios y así esta todo previsto”, confirmó Pérez, mientras que Vargas añadió que urge votar este presupuesto por los recursos que contiene para atender la emergencia nacional.

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A la tarde de este domingo no se había sellado algún acuerdo de al menos estas tres fuerzas políticas, dirigido a atenuar algunos de los recortes propuestos por el Ejecutivo.

Los otros cinco legisladores de la comisión no respondieron las llamadas al teléfono. Ellos son Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank (quien sustituye a su compañero Giovanni Gómez), del Partido Restauración Nacional (PRN); y el fabricista Harllan Hoepelman.

Tampoco respondieron las llamadas Oscar Cascante y María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Observaciones

Otto Roberto Vargas aclaró que él daría su voto a favor siempre que el Gobierno se comprometa a renegociar el pago de alquileres de algunos edificios por parte de instituciones del gobierno, con el fin de rebajar ese gasto en el Presupuesto Nacional del 2021.

Guido, legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), adelantó que presentaría mociones para hacer cambios de forma en algunas partes de la redacción del texto.

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En tanto, Delgado y Hernández, también del PLN, evacuaron el fin de semana dudas con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre cómo se hicieron cálculos en algunas reducciones, entre ellas ¢930 millones en el recorte de la transferencia a las alcaldías del impuesto por la exportación de cajas de banano.

Delgado aclaró que ella no apoyaría mociones que recorten la reducción neta de ¢196.000 millones del presupuesto extraordinario y que se cargue a la deuda pública.

Hernández añadió que “esperaría que el presupuesto se apruebe tal cual está”, y aclaró que no tiene ninguna moción sobre la mesa para atenuar recortes en las transferencias a las municipalidades.

“Nadie ha dicho con esta discusión para transparentar los datos, que estamos intentando que el presupuesto no se apruebe”, reiteró Hernández, presidenta de la comisión de Hacendarios.

Su compañero Gustavo Viales agregó: “Con Elian conversamos sobre nuestras preocupaciones. De momento nada claro en cuanto a cómo proceder. Donde sí hay punto de coincidencia es con las municipalidades”.

Viales se opone al recorte de ¢930 millones en la transferencias a las municipalidades donde se produce banano. Alega que la reducción no se debe de realizar, debido a que el impuesto por la exportación de cajas de banano no ha sufrido disminución de ingresos.

También se opone a la rebaja de ¢29.600 en la transferencias a las municipalidades de los fondos provenientes del impuesto de los combustibles, tal como está planteado.

Afirma que según la reducción de la caída en los ingresos certificada por la Contraloría General de la República (CGR) es de ¢123.000, por lo que la rebaja sería de unos ¢24.000 millones a los ayuntamientos para el mantenimiento de la red vial cantonal.

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Sobre ambas quejas, Villegas afirmó que Hacienda estaría dispuesta a eliminar del presupuesto el recorte de ¢930 millones y unos ¢1.500 millones adicionales de la partida provenientes del impuesto a los combustibles.

Sin embargo, advirtió de que no tiene formas de sustituir esos recursos.

“Esos ¢930 millones lo podríamos considerar, es decir, no recortar y dejar vigente la transferencia, habida cuenta de las municipalidades que estarían colaborando a través de la Ley 8114 (impuesto a los combustibles″, dijo el jerarca.

Guido aseveró que conoce del planteamiento de Viales. Si bien dijo estar anuente al diálogo, sostiene que su fracción está consciente del margen de acción es limitado ante la grave caída de los ingresos tributarios.

“El tema de discusión de cualquier moción va ser siempre de cómo sustituir ese ingreso que se cayó. En la medida que sea más deuda, nosotros no estaríamos apoyando”, afirmó.

Trámite

El presupuesto extraordinario se tramita por una vía rápida que faculta a la comisión de Hacendarios dictaminarlo a más tardar en seis días hábiles, los cuales vencen el martes, dado que fue presentado el pasado 13 de julio.

Si se logra dictaminar este lunes, el documento de mayoría pasaría el martes al Plenario Legislativo y el miércoles se estaría abriendo el espacio para la presentación de mociones de fondo vía artículo 137.

Si no hay mociones, el Plenario podría empezar su discusión para someterlo a primer debate el mismo miércoles o bien, a más tardar el viernes.

Estructura del presupuesto extraordinario

En ese plan, el Gobierno propuso recortes por ¢328.000 millones para lograr la reducción neta de ¢196.000 millones. De no ser por ese recorte, los gastos subirían a ¢8,7 billones y el déficit fiscal a más de un 12,1% del PIB.

Asimismo, incorpora ¢75.000 millones cedidos por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para subsidios familiares como el bono Proteger, a los que se sumarían casi ¢15.000 millones del diferencial del impuesto a los combustibles.

Además, se incluyeron ¢45.800 que irían a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de ellos ¢3.000 millones para pensiones a familias pobres dentro del Régimen No Contributivo.

En tema de deuda, el Poder Ejecutivo solicita una ampliación por ¢664.000 millones.