Concentrar datos personales “puede ser muy peligroso para la democracia, esto de manera técnica, sin hacer señalamientos, es peligroso por sí mismo”, aseguró este lunes frente a los diputados el representante del Colegio de Abogados, José Adalid Medrano.

Medrano fue convocado por la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), donde expuso las conclusiones de una comisión del Colegio sobre el decreto ejecutivo que llevó a crear ese órgano.

La Asamblea Legislativa conformó la comisión investigadora en febrero para determinar si la UPAD violó el derecho a la intimidad de las personas al acceder a información de bases de datos.

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Esa Unidad fue oficializada por decreto el 17 de febrero, el cual fue derogado el 21 por el escándalo que provocó una de las atribuciones que le dio el Poder Ejecutivo: “se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”.

José Adalid Medrano explicó a los diputados que la única forma de limitar el derecho de autodeterminación informativa, definido por la ley de protección de datos, es a través de un consentimiento de cada persona o con la creación de una legislación.

Puso de ejemplo la ley que creó el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), que faculta a compartir la información de esta plataforma con diferentes instituciones públicas.

“El Estado, si va a recopilar datos personales y va limitar el derecho de autodeterminación informativa, tiene que hacerlo de forma justa, razonable y de acuerdo con el principio de transparencia administrativa”, manifestó.

Aseveró que por esta y otras razones el decreto de la UPAD era inconstitucional.

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Asimismo, ante las consultas del diputado del bloque independiente Jonathan Prendas, Medrano detalló: “Lo que sí podemos concluir, es que el decreto como tal, si se realizó un tratamiento de datos personales en las condiciones que se generaba, era ilegal”.

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Además, resaltó que el decreto falló al incluir el concepto “información de carácter confidencial”. En su lugar, debió trabajar con datos estadísticos, lo cual “hubiera sido algo de aplaudir”.

“Yo creo que fácilmente podría haber una UPAD en la administración pública si se restringiera al tratamiento de datos estadísticos, eso no afecta a nadie. Porque si usted hace un tratamiento de datos estadísticos en realidad no está violando ningún derecho fundamental”, dijo el abogado.

Investigar a la Prodhab

Frente a la pregunta de la liberacionista Silvia Hernández sobre el accionar de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), Medrano respondió que este órgano actuó de forma contradictoria y debe ser investigado por la comisión legislativa.

Según Medrano, en el 2017 la entonces directora de la Prodhab emitió un criterio que respaldaba los derechos del titular de la información. Pero ante la UPAD, la actual jerarca, Elizabeth Mora, afirmó que no existe prohibición legal para compartir esta información.

Previamente la Prodhab había sido cuestionada por la Defensoría de los Habitantes, entidad que realiza una investigación administrativa sobre el caso. Mora respondió estas críticas al afirmar que la agencia nunca fue consultada sobre la base de datos.

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Este órgano también inició un procedimiento de oficio para determinar si el Gobierno incumplió con las faltas establecidas en la ley de protección de datos.

La comisión investigadora convocó este lunes a Emilio Arias Rodríguez, embajador de Costa Rica en Guatemala y expresidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), quien llamó a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, para aclararle supuestas imprecisiones en el proceso del órgano defensor.

Los diputados también convocaron al ministro de Seguridad, Michael Soto.

Por este caso, el Ministerio Público también abrió una investigación por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.