Política

CCSS despeja dudas: trasladar pensionados de Gobierno al IVM no generaría más gasto, sino un ahorro de ¢21.000 millones

Si se aprueba tercera reforma a pensiones de lujo, 415 personas que hoy cotizan para la Caja y que tendrían el derecho de pensionarse con los regímenes de Gobierno, se verían obligadas a jubilarse con el IVM, o sea, con menos beneficios.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) despejó de una vez por todas las dudas acerca de si la próxima reforma a las pensiones de lujo afectaría las finanzas del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

“Las disposiciones contenidas en el proyecto de ley no generan un costo adicional, sino, por el contrario, implican un ahorro neto estimado de poco más de 21.000 millones de colones”, expresó la entidad en un pronunciamiento enviado a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa el 11 de diciembre de 2020.

El proyecto de ley de reforma a pensiones de lujo propone cerrar los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto Nacional –administrados por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo–, y trasladar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS las cuotas de quienes, a la entrada en vigencia de la ley, no hayan adquirido el derecho de jubilarse con el sistema al que estaban cotizando.

Solo podrán pensionarse bajo los regímenes con cargo al Presupuesto quienes se jubilen durante los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.

Quienes se jubilen después de ese plazo, tendrán que hacerlo bajo las condiciones del IVM, régimen que ofrece menores beneficios con respecto a cuantía de la pensión y edad de retiro.

El expediente 21.345, tramitado en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, ha sufrido demoras.

Uno de los atrasos fue que, debido a que el texto tuvo varios cambios, los diputados de esa comisión pidieron a la CCSS elaborar estudios actuariales que garantizaran que el traslado al IVM de los afiliados a los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional no implicaría un impacto financiero negativo para el mismo IVM.

Las dudas de los legisladores quedaron evacuadas con el informe de la Caja. Ese informe recoge las posiciones de la Junta Directiva, la Dirección Jurídica, la Gerencia Financiera, la Gerencia de Pensiones y la Dirección Actuarial y Económica de la institución.

El 10 de marzo del 2020, los diputados hicieron la más reciente solicitud a la CCSS para estar seguros de que el proyecto de ley no desfinanciará al IVM.

Esta fue contestada en diciembre de ese mismo año por la Caja y es la que contiene el criterio positivo que destaca el ahorro de los ¢21.000 millones.

Se trata de la tercera vez que la CCSS se pronuncia sobre el expediente 21.345, el cual ya superó el segundo día de mociones de fondo vía artículo 137 y solo espera ser convocado a plenario, para su discusión en primer debate.

¢21.000 millones economizados

¿Cómo se ahorraría el IVM esa cantidad si se trasladan a su régimen los actuales cotizantes de los sistemas con cargo al Presupuesto Nacional, donde se encuentran muchas de las pensiones de lujo actuales?

Según el análisis de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja incluido en el criterio enviado a los diputados, hoy, un total de 952 trabajadores que actualmente cotizan para el IVM podrían trasladarse al régimen con cargo al Presupuesto Nacional y pensionarse con los beneficios de lujo de esos sistemas jubilatorios.

¿Por qué tendrían ese derecho? Porque se trata de exempleados públicos que entraron a trabajar al Estado antes de 1992, año en que el Congreso cerró los antiguos regímenes de pensiones del Poder Ejecutivo (hoy conocidos como pensiones con cargo al Presupuesto Nacional) por ser deficitarios.

Tal es el caso de los sistemas de pensión de los exdiputados, Hacienda, Obras Públicas, Ferrocarriles, Guardia Civil, expresidentes de la República y excombatientes.

Tras el cierre de esos regímenes, hace casi 30 años, estos empleados siguieron laborando para el sector público y sus cotizaciones se dirigieron al régimen del IVM.

Sin embargo, a la hora de jubilarse, ellos pueden reclamar el derecho de hacerlo con las condiciones de algunos de los antiguos sistemas, pues la ley dejó el portillo abierto para quienes ingresaron a laborar antes de 1992.

A ese grupo pertenecen los 952 trabajadores trabajadores detectados por la Caja.

De ellos, 537 tienen la oportunidad de pensionarse bajo las condiciones de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional con o sin la implementación del proyecto de ley 21.345.

Sin embargo, si se aprueba esa iniciativa legal, los restantes 415 se verían obligados a quedarse en el IVM y no podrían pasarse.

“Por lo tanto, el Área Actuarial concluyó que si este proyecto de ley no se aprueba, se generaría un costo neto estimado para el régimen de IVM de 21.119 millones de colones, que atañe al costo de trasladar al Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional esas 415 personas”, enfatiza el documento de la CCSS.

El costo para el IVM de trasladar todas las cotizaciones de esas 952 personas a los regímenes con cargo al Presupuesto sería de ¢69.191 millones.

Sin embargo, si solo pudieran jubilarse con esos sistemas las 537 personas que ya están contempladas, el gasto sería de ¢48.071 millones.

Entonces, el ahorro sería de ¢21.119 millones.

Se trata de una cifra que contempla las proyecciones de pagos y traslados de cuotas durante los próximos nueve años —plazo en el cual se estima que se pensionará la última persona de esos regímenes— pero con datos traídos a valor presente.

Uno de los puntos destacados por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja es que los sueldos de esas personas casi duplican los salarios de los cotizantes del IVM, ventaja que se mantendría al momento de recibir la pensión, pues esta es calculada con base en el sueldo.

“Conviene señalar que estas 415 personas en riesgo de traslado al Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional tienen un salario 1,8 veces mayor al promedio general del Régimen de IVM”, agrega la instancia.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, dijo que evitar el traslado de esas cuotas del IVM a otros sistemas tendría un impacto muy favorable para la entidad.

“La aprobación del proyecto de ley sería positiva en el sentido de que no se tendrían que trasladar recursos del IVM para otorgar derechos jubilatorios en otros sistemas que no tienen los beneficios del IVM, sino que estos son más onerosos y, lógicamente, van a reportar un mayor gasto para el gobierno”, expresó el jerarca.

Por ejemplo, en los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, algunas personas se pensionaron a los 50 años, con el 100% del promedio de los últimos mejores 24 salarios.

En cambio, en el IVM, el trabajador se acoge al retiro a los 65 años, con el 60% del promedio de los salarios de los últimos 20 años, o sea, los últimos 240 sueldos.

Además, muchas de las pensiones de lujo son millonarias; llegan incluso a los ¢13 millones.

En el IMV, en tanto, la pensión más alta es de ¢1,7 millones.

Según Barrantes, la Caja apoyará cualquier iniciativa que intente equiparar el esfuerzo contributivo con la pensión.

Traslado de cuotas versus liquidación de cuotas

Según consigna el informe de la CCSS, las objeciones al proyecto que tenía la entidad al inicio radicaban en que, en su Transitorio II, el texto de ley hablaba de “traslado de cuotas y no de liquidación de cuotas”.

“Pero ya se ajustó el texto”, destaca la Caja en el documento.

¿En qué se diferencia un traslado de cuotas de una liquidación de cuotas?

Al hablar de traspaso de cuotas, se entiende que lo que se pasa de una cuenta a otra son solamente las cotizaciones.

Según la Caja, “lo técnicamente correcto corresponde a liquidación actuarial de cuotas, teniendo claro que el traslado de fondos implica el traspaso del valor presente de las aportaciones, más los rendimientos que hubiesen generado durante el tiempo en que estuvieron en poder del régimen respectivo”.

El 20 de julio de 2020, la Junta Directiva de la Caja aprobó una reforma al artículo 46 del Reglamento del IVM, con la cual se establece que el traslado a ese régimen de cuotas de otros sistemas jubilatorios básicos deberá realizarse mediante la metodología de valor presente.

No así cuando se trate del IVM hacia otros regímenes. En esos casos, el traslado de cuotas se hará mediante liquidación actuarial.

¿Qué impacto tendrá ese cambio en el texto, de “traslado de cuotas” por “liquidación de cuotas”? ¿Influirá en el ahorro proyectado por el Gobierno si se aprueba el proyecto de ley?

Cuando la iniciativa fue propuesta, en abril de 2019, el Ejecutivo estimó que, en el pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, el país se ahorraría más de ¢115.000 millones en nueve años, de aquí a que se se pensione la última persona de esos regímenes.

Según Yorleny León, diputada liberacionista miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, el ahorro que percibirá la Caja es totalmente aparte de la economía que tendría el Estado.

“No. Los ahorros (para el Gobierno) son los mismos. Con este documento de la CCSS se reitera que, además de Hacienda, el IVM ahorraría más de ¢21.000 millones”, aseguró la verdiblanca.

Hoy, los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional le cuestan a los costarricenses más de ¢700.000 millones anuales pues, en su mayoría, se costean con el dinero recaudado vía impuestos.

Una salvedad

La única limitante que encuentra la Caja en el texto de ley reside en el Transitorio VI. Allí se establece la obligatoriedad de esta entidad de dar a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) acceso, en tiempo real, al Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

Esto para evitar las conocidas “sumas giradas de más”, que responden a miles de millones de colones pagados por el Estado, adicionalmente, a pensionados que ya fallecieron o a sus herederos cuyos derechos ya caducaron.

Esto ocurre porque la DNP no cuenta con una plataforma idónea para determinar el día exacto en que mueren las personas, o bien, en que vence su derecho de ostentar la jubilación.

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que, entre el 2014 y el 2018, esa Dirección gastó ¢3.140 millones en sumas giradas de más.

Sin embargo, tanto la Gerencia Médica como la Gerencia Financiera de la Caja consideraron que los datos contenidos en el expediente digital son sensibles.

“El Sistema EDUS es un sistema complejo que maneja diferentes módulos, en los cuales se recopila información sensible de los usuarios de servicios de salud, la cual no es de carácter público.

“Para el fin con que se pretende acceder a este sistema planteado en el proyecto de ley, ‘que facilite la verificación de supervivencia de las personas pensionadas con cargo al Presupuesto Nacional’ existen sistemas de acceso público como el Tribunal Supremo de Elecciones, donde se puede verificar esa información”, argumenta la Gerencia Financiera.

Silvia Artavia

Silvia Artavia

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Periodismo Social de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).