El Gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) urgen a los diputados aprobar un proyecto de ley que le cerraría la puerta a nuevos pensionados de lujo.
La idea es trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS a los funcionarios públicos que hoy tienen la posibilidad de pensionarse mediante algún sistema jubilatorio con cargo al Presupuesto Nacional, los cuales ofrecen ventajas económicas que terminan pagándose con impuestos.
La iniciativa, llamada Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones (expediente 21.345), propone cerrar en definitiva la entrada de más personas a los regímenes de Gobierno que hoy le cuestan al país más de ¢700.000 millones anuales.
En marzo de este 2020, los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso le solicitaron a la Dirección Nacional de Pensiones del Gobierno (DNP) y a la CCSS elaborar estudios técnicos para verificar si el traslado implicaría gastos adicionales para el IVM.
Las instituciones contestaron que, más bien, el régimen de pensiones de la CCSS percibiría un ahorro de más de ¢65.000 millones desde que se apruebe el proyecto y hasta el 2031, fecha en se otorgaría la última jubilación en los sistemas con cargo al Presupuesto Nacional si esa reforma no entrara a regir.
Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones, y Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, reiteraron la posición de que la iniciativa representaría “un gran ahorro” para la Caja.
Según los informes elaborados por ambas entidades, todavía 952 funcionarios públicos podrían pensionarse por alguno de los regímenes de Gobierno, lo que implicaría que, al jubilarse, se lleven las cotizaciones que aportaron al IVM de la CCSS.
No obstante, si se aprueba el proyecto de ley, solo 537 de esas personas tendrían la posibilidad de hacer ese traslado.
El proyecto abriría un último lapso de 18 meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para que se jubilen con los regímenes de Gobierno quienes, en esa ventana de tiempo, alcancen los 55 años de edad y hayan completado 30 años de servicio. Ellos serían los últimos.
Los restantes 415 empleados públicos tendrían que pensionarse con el IVM, el mayor régimen del país, en donde la edad de retiro ordinaria es a los 65 años, con 300 cotizaciones (25 años trabajados).
Si bien el IVM tendría que desembolsar ¢72.500 millones de su ya desmejorada reserva para cubrir las cotizaciones de los últimos 537 funcionarios que sí podrían pensionarse con un régimen de Gobierno, ese es un gasto que la CCSS debe hacer con o sin proyecto de ley, aseguró Barrantes.
“Ya sea que se apruebe el proyecto o no, esos ¢72.500 millones serán el costo que la institución va a tener que trasladar de sus reservas, de las cotizaciones del IVM a la DNP, para que se esas personas se puedan pensionar por la DNP”.
“El proyecto, tal y como está, más bien es beneficioso para la institución, en el entendido de que permitiría solo a ese grupo trasladarse del IVM a la DNP, mientras que a los otros 415 no”, aseveró el jerarca de Pensiones de la Caja.
Agregó: “Si el proyecto no existiera, serían casi 1.000 personas que tendrían la opción de trasladarse hasta el 2030, entonces ese costo, más bien, se podría duplicar para la institución”.
“Por cada mes que se atrase en aprobarse un proyecto como este, la Caja tendría que estar girando millones de colones en traslados de cotizaciones para quienes quieran jubilarse con estos regímenes (con cargo al Presupuesto)”.
“Si esto pudiera aprobarse y no tener que cumplir ningún periodo de tiempo, la Caja dejaría de trasladar esas cotizaciones. Ese es un costo para que los diputados entiendan que, si no se hace nada, ese gasto para la institución va a seguir aumentando”, agregó el gerente de Pensiones.
En otras palabras, si el proyecto no se aprueba, la CCSS tendría que trasladarle al IVM ¢137.500 millones en los próximos 11 años pero, si se aprueba, la cifra bajaría a ¢72.500 millones.
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Histórica pugna por traslado de cuotas
El traslado de cotizaciones de la Caja hacia la Dirección Nacional de Pensiones es una disputa de larga data. Viene desde hace 28 años, cuando se cerraron los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, en 1992.
Estos sistemas se eliminaron porque, aunque el Estado los creó, no creó los fondos necesarios para otorgar a los afiliados los beneficios prometidos.
No obstante, la ley dejó abierto el portillo para que los funcionarios públicos, que empezaron a laborar antes de 1992, pudieran pasarse a cotizar al IVM aunque conservaban la expectativa de pensionarse por regímenes de Gobierno.
Ese portillo agravó más la situación, pues el dinero de las cotizaciones de los trabajadores activos no entraron a un fondo de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, sino que se depositaron en el IVM.
Desde que fueron cerrados, la DNP le pide a la CCSS transferir las cotizaciones de los funcionarios que se pensionan.
La legislación actual permite la “no afiliación”, es decir, que quienes pertenecen a los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional no están obligados a cotizar en cada momento de su vida laboral.
Pueden acumular la deuda por las cuotas que no pagaron a su fondo de pensiones respectivo, y el total de esta se les calcula al jubilarse.
Entonces, una parte de lo adeudado lo cancelan al pensionarse, mientras que el resto se les deduce, en cuotas mensuales, durante el disfrute de la pensión.
En el preciso momento en que cada persona se acoge al retiro, la Caja y la DNP se “enteran” de que se trata de un jubilado perteneciente a esos regímenes.
En ese momento, la CCSS le transfiere a la DNP las cuotas que el funcionario aportó al IVM.
Luis Paulino Mora, jerarca de la DNP, explicó que los vacíos de la normativa actual vuelven “casi imposible” determinar con exactitud cuántas personas se pensionarían bajo esos regímenes de aquí al 2030.
Según el director de Pensiones, los cálculos hechos por la instancia que él representa y por la Caja, a solicitud de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, son aproximaciones y no representan el universo completo de todas las personas que podrían jubilarse bajo esos sistemas.
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Regímenes desiguales
Las diferencias entre los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional y el IVM no se limitan a edad de retiro y años laborados. También hay disparidades con respecto a la cuantía entregada al jubilarse.
En los sistemas que se quieren cerrar, el pensionado recibe el 100% del promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 devengados.
En tanto, en el IVM, la cuantía se calcula con base en los sueldos de los últimos 20 años y, de ese resultado, se le entrega a la persona entre un 43% y un 52,5%.
Al proyecto de Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se oponen principalmente funcionarios que tendrían que pensionarse con el IVM, de entidades como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Registro Nacional.
“Desde la línea de equilibrio y equidad del sistema nacional de pensiones, todos estos sistemas deberían de irse cerrando, porque no es conveniente para la institución estar sacando dinero para trasladar cotizaciones a otros regímenes, a los cuales la gente va a querer irse porque no son condiciones congruentes con el esfuerzo contributivo; son más generosas, y eso es un costo para el país”, reiteró el jerarca de Pensiones de la Caja.
La diputada liberacionista Yorleny León, miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, aseveró que “este proyecto de ley debe de aprobarse y pronto”, debido a que representaría un ahorro para la Caja.
“Esos portillos son insostenibles, ya que erosionan los recursos de todo el colectivo de personas que pertenecen y se pensionan en el IVM. Crean privilegios, al permitir que una persona que ha cotizado poco al IVM se traslade a otro régimen que le brinda una mejor pensión sin haber cotizado lo necesario para ella”, comentó la legisladora.
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