Carolina Delgado defiende proyecto que pone en peligro escuchas telefónicas de Diamante y Cochinilla

Solo en la tarde del miércoles, estando incapacitada, Delgado presentó 120 mociones al expediente 23.208 en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. En total, le ha presentado 340 propuestas de ajuste.

Este proyecto fue presentado por ella misma en junio del 2022 y se denomina Ley para restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada. Se trata de una modificación a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Según habían explicado las diputadas Gloria Navas y Priscilla Vindas, de Nueva República (PNR) y del Frente Amplio (FA), ese plan tiene el problema de que admitiría que el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada fue derogado en el 2019, sobre lo cual hay una polémica.

Ese es el numeral que permite las intervenciones telefónicas para este tipo de delitos mediante la declaratoria de procedimiento especial.

Navas y Vindas sostienen que el plan es peligroso porque la vigencia o no del artículo 2 se debe resolver en los Tribunales de Justicia.

“Haría que se caigan los casos de Cochinilla, Diamante y el Azteca”, dijo la legisladora frenteamplista.

Cochinilla y Diamante versan sobre presuntos actos de corrupción en la adjudicación y manejo de contratos de obra pública del Gobierno y de las municipalidades, respectivamente, mientras que el Azteca es sobre una banda narco que se habría vinculado a 17 funcionarios públicos, la mayoría del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

“Existe un consenso de archivar este proyecto, pero se siguen presentando mociones a todos los proyectos del orden del día (en la Comisión de Seguridad). En este momento, estamos con alrededor de 700 mociones en conjunto, sino es que más porque se presentaron más mociones durante la sesión.

“Las compañeras de comisiones nos informaron de que estuvieron acá hasta las 11 p. m. (del miércoles) haciendo frente a la cantidad cuantiosa de mociones que fueron presentadas, y es vidente que el trasfondo de esto es entorpecer el camino de la comisión”, aseveró Priscilla Vindas.

¿A qué se debe la polémica del artículo 2?

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Según había explicado un reportaje de La Nación, la polémica sobre la vigencia del artículo 2 obedece a lo siguiente:

En el 2017, la Asamblea Legislativa creó la Ley número 9481, la cual ordenó crear una jurisdicción contra el crimen organizado y derogaba los artículos 2, 3, 6 (parcialmente) 7 y 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues ya no iban a ser necesarios.

La Ley 9481 iba a entrar a regir en octubre del 2018, pero por falta de presupuesto, los diputados aprobaron otro proyecto para aplazarla hasta el 14 de octubre del 2019.

Luego, una vez más, la aplicación de la norma debió aplazarse, esta vez de forma indefinida, pero la nueva postergación rigió a partir del 30 de octubre del 2019.

Según la diputada Carolina Delgado, existió un plazo de 16 días (entre el 14 y el 29 de octubre del 2019) en que la Ley 9481 se hizo efectiva y, por ende, derogó los artículos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (8754), entre ellos el artículo 2.

Por ello, ella insiste en que se debe restituir el artículo 2, pero los demás diputados sostienen que ello implicaría reconocer la derogatoria y poner en riesgo casos de crimen organizado.

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“Hoy, dependiendo de dónde lo juzguen, a usted le pueden aplicar el artículo 2 porque creen que está vigente y en otros juzgados le van a decir que no lo van a aplicar porque creen que no está vigente; entonces, no tenemos igualdad ante la ley”, había señalado Delgado.

Delgado insiste en que busca corrección

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La diputada Delgado dijo esta tarde que su plan pretende “corregir” la derogatoria del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada que, según añadió, impide procesar desde octubre del 2019 a bandas del crimen organizado.

Alegó que el Poder Judicial no ha reconocido ese error y, en cambio, impulsa su propia iniciativa que pondría en marcha la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada sin ese numeral 2 que la crea.

Además, negó que su proyecto de ley vaya a afectar al caso Cochinilla.

Sobre las mociones que presentó en periodo de incapacidad, dijo que un voto de la Sala IV le da el derecho de ejercer como legisladora en su actual estado y que las mociones las había dejado firmadas antes de ausentarse en el Congreso.

Bombardeo al proyecto con más apoyo

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La diputada Delgado también le presentó mociones al proyecto 23.090 que pondría a funcionar, después de más de cuatro años de espera, la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.

Este plan lo impulsa la Corte Suprema de Justicio y cuenta con el respaldo del Gobierno. Delgado le presentó inicialmente 166 mociones y, entre este miércoles y jueves se presentaron 88 más, incluidas unas firmadas por Danny Vargas, diputado del PLN y exasesor de la Municipalidad de San José.

La diputada Vindas alegó un interés de Vargas en atrasar el avance de la iniciativa por haber sido asesor del alcalde de San José, Johnny Araya, uno de los investigados del caso Diamante.

Sin embargo, Vargas niega que pretenda favorecer al alcalde. “Yo estoy hablando de una posición de tipo jurídico”, refutó. Dijo que su interés no es entorpecer el trámite del expediente 23.090, sino que se atienda su interés en que se escuchen en audiencia a jueces, al Colegio de Abogados y a representantes del Consejo de la Judicatura.

Si la comisión aprueba esas comparecencias, indicó, retiraría la mayoría de sus mociones y solo dejaría cinco que son de su interés.

Añadió que el texto vigente de ese expediente es un sustitutivo que no ha sido consultado en audiencias y que tampoco tiene informe del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

A su juicio, el proyecto es inconstitucional porque tiene problemas con la “retroactividad”.