Carlos Alvarado, presidente de la República, defendió el recorte de ¢2.500 millones que el Ministerio de Hacienda le hizo al presupuesto del Poder Judicial, del 2020, por haber excluido a sus trabajadores de dos medidas de contención de gasto contenidas en la reforma fiscal.
“Creo que es lo coherente”, respondió esta tarde Alvarado desde Casa Presidencial, al consultársele si respaldaba la acción de su ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
En ese sentido, el mandatario recordó que el monto se había incluido con mucho “esfuerzo” en el próximo presupuesto del Poder Judicial para crear el juzgado anticorrupción, en respuesta a una solicitud de los magistrados.
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“Ese presupuesto en materia de corrupción, que es necesario, se hizo haciendo un esfuerzo yendo por encima del presupuesto extra límite. Hay que recordar que a todas las instituciones se les puso un límite para hacer un cumplimiento de lo establecido la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas vinculado con la regla fiscal. De ahí deriva ese límite, también de una ley.
“Y se busca hacer un balance, es decir, cualquier cosa que se aumente en esos temas tiene que tomarse de otro componente para mantener un balance global y, ahí, se hizo un gran esfuerzo, creo que es coherente con esa posición”, señaló Alvarado.
Hacienda tomó esa decisión luego de que la Corte Plena, en una votación de mayoría, acordó en marzo no ajustar los salarios de los casi 14.000 funcionarios judiciales a las nuevas reglas para el pago de anualidades e incentivos.
La Corte decidió seguir pagando dichos incentivos de manera porcentual y no nominal, como lo establece la reforma tirbutaria.
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El recorte podría ser restituido mediante moción en el Congreso, en caso de que la Corte se ajuste a la ley, dijo la ministra Aguilar.
La reforma fiscal, aprobada en diciembre, establece el pago de un porcentaje nominal fijo anual de 1.94% del salario base para profesionales y el 2.54% para los no profesionales, calculado con el pago de enero de 2018.
En cambio, la Corte decidió seguir pagando a los funcionarios antiguos y a los nuevos entre 1.95% y el 2.55% del salario base por cada año laborado.
“Nuestra posición es que son temas de componentes salariales que de acuerdo a la ley tienen que ser nominalizados”, consideró.
“Entablaremos una conversación entre poderes para ver cuál es la ruta oportuna en este caso. Yo creo que es posible encontrar un balance", anunció el presidente, quien destacó la “sinergia” que existe entre ambos poderes.
En ese eventual diálogo, de acuerdo con Alvarado, no entraría a discutir de manera estricta, con el presidente de la Corte, cómo debería ser la política salarial de ese poder del Estado porque ese ámbito escapa en su competencia.
“Pero eso sí es un tema que está en la ley. Probablemente eso es parte de lo que tenemos que conversar y, en relación con el tema de todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción, que es nuestro compromiso también”, explicó.
