El presidente de la República, Carlos Alvarado, planteó la necesidad de buscar recursos para sostener el sistema de aseguramiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin encarecer el costo del aseguramiento de las planillas de trabajadores.
En una intervención efectuada el viernes en San Ramón, durante la entrega del Centro de Formación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en esa ciudad, el mandatario expuso su preocupación por la situación de los trabajadores informales.
Dijo que “no es rentable entrar en un modelo de aseguramiento cuando el esquema laboral no es suficientemente productivo”, lo que obliga a muchos a optar por la informalidad.
“Mantenemos un mismo esquema para el gerente de la empresa trasnacional que gana ¢10 millones al mes, pero le pedimos los mismos esquemas a otra persona que gana el salario mínimo y que no tiene tanta productividad”, dijo Alvarado.
Consultado por La Nación, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, descartó que las declaraciones del presidente fuesen una crítica al nuevo reglamento de aseguramiento que la CCSS impulsa para los trabajadores independientes.
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El ministro dijo que Alvarado se estaba refiriendo a la “importancia de analizar mecanismos que permitan financiar la institucionalidad social existente, sin encarecer excesivamente el costo de las planillas que pagan los patronos”.
Durante su intervención en San Ramón, el presidente dijo que el esquema de aseguramiento genera sistémicamente una desigualdad, pero alegó que el tema se ha convertido en un tabú ante la opinión pública.
Alvarado cree que es un tabú porque, cada vez que se habla de modificar el esquema de aseguramiento y la forma de financiar la institucionalidad social, algunos dicen “usted quiere destruir el Estado Social de Derecho” porque “así se financian las instituciones”.
“El Estado Social de Derecho no es un fin en sí mismo, sino que sirve para proteger a la gente y, cuando se deja de proteger a la gente, no hay que destruir el Estado Social de Derecho, sino hay que repensarlo, sin tabúes ideológicos, sin miedo”, alegó el presidente.
En su explicación a nombre de Carlos Alvarado, Agustín Castro adujo que si el costo de las planillas es excesivo, eso perjudica la creación de más empleos formales, especialmente en los trabajos con menor productividad y que requieren menor calificación.
“Claramente, en esos casos, para hacer más atractiva la creación de nuevos puestos de trabajo o la formalización de estos, pero manteniendo el mismo nivel de recursos para las instituciones sociales, esto debe financiarse con otras fuentes de recursos, que no encarezcan la planilla”, argumentó Castro.
La preocupación del presidente de la República se centra en que el 45% de la fuerza de trabajo costarricense es informal, “muy asociada con la baja calificación y porque no es rentable” el aseguramiento.
A finales de marzo, La Nación informó de las reglas “confiscatorias” que incluye la reforma al reglamento de afiliación, que establece una cuota de aseguramiento mucho más alta para quienes laboran por cuenta propia.
Se amplía la cantidad de personas obligadas a cotizar y se pretende cobrar a los nuevos asegurados las cuotas de hasta diez años, en forma retroactiva, por los periodos en que las personas no cotizaron para la CCSS antes de inscribirse.
El Colegio de Abogados calificó de confiscatorias, irregulares y discriminatorias esas nuevas reglas promovidas por la Junta Directiva de la Caja.
La propuesta de reforma incluye una nueva definición de trabajador independiente, que obliga a afiliarse a “toda personas física que desarrolla de forma autónoma una actividad o trabajo generador de ingresos de carácter no salarial”.
Además, mantiene la desigualdad entre la cuota de hasta 18,5% de sus ingresos netos para los independientes, frente a un 10,5% de los asalariados (incluyendo el 1% de aporte al Banco Popular).
Aparte de los cobros retroactivos de hasta un periodo de 10 años antes de la afiliación, el reglamento obligaría a incorporar entradas económicas de carácter no salarial, aparte de los ingresos por el trabajo, para aumentar el monto que paguen los independientes. Eso podría incluir intereses por inversiones de capital o entradas por alquileres.