Política

Carlos Alvarado defiende acuerdo negociado con el FMI: ‘Es muy favorable para el país, no golpea a la ciudadanía’

El presidente de la República, Carlos Alvarado, defendió este lunes el acuerdo de ajuste fiscal firmado por su administración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de que el candidato del PLN, José María Figueres, afirmó que él buscará alternativas dentro de esa negociación.

“El acuerdo que está negociado es muy favorable para el país. No solo se ha dicho así en Costa Rica, sino que internacionalmente se ha reconocido que es un ajuste que no golpea a la ciudadanía”, defendió el mandatario.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, consultado por La Nación, recordó que este recae sobre la reducción del gasto público el 66% del paquete de estabilización de las finanzas públicas.

El jerarca añadió que el plan no pone en venta activos del Estado, no aumenta el IVA ni el impuesto de bienes inmuebles, pero que sí reduce exoneraciones fiscales y pone a aportar temporalmente a las empresas públicas.

La noche de este domingo, al ganar la candidatura presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Figueres reconoció que el país necesita una negociación de ese tipo, no solo por el crédito de $1.750 millones a cambio del ajuste fiscal, sino por el sello de garantía ante los mercados.

No obstante, dejó claro que se “dedicaría a estudiar cuáles son las diferentes opciones y posibilidades que tenemos de combinar distintos aspectos en ese programa con el FMI”, es decir, evaluar otras medidas.

Afirmó que lo firmado por la administración Alvarado “es un acuerdo, no el acuerdo”.

Consultado sobre esas declaraciones, el mandatario martilló que “todos los indicadores señalan que hay una fuerte confianza depositada en Costa Rica” si se aprueba ese paquete, el cual también incluye la reforma al empleo público, la renta global, una modificación del impuesto a casas de lujo y un tributo a los premios de la lotería.

“Esas son las señales que consolidarían esa tendencia. Junio es absolutamente el mes clave para aprobar tanto la Ley empleo público, los empréstitos que están en fila y también el acuerdo con el FMI”, dijo Alvarado.

En cuanto a poder variar lo negociado con el Fondo Monetario, el presidente respondió que, si bien en el trámite legislativo se pueden ajustar las iniciativas, el país debe cuidar lo negociado, es decir, cumplir con los rendimientos pactados.

Al mismo tiempo, insistió en que su administración no se prestaría a renegociar dentro de ese plan la venta de instituciones. “Nosotros no vamos a abrir el acuerdo para ver esas cosas”, machacó.

En todo caso, recordó que en 1993, en la campaña electoral de ese momento, un candidato había rechazado el tercer plan de ajuste estructural que negociaba el país con el FMI.

“Una vez que estuvo en el gobierno, lo apoyó. Entonces, el acuerdo con el Fondo, en nuestro caso, es lo que es”, finalizó el presidente.

El plan negociado con el Fondo Monetario, al cabo de tres años, daría un rendimiento equivalente al 3,41% del producto interno bruto (PIB), de los cuales 2,24% de la producción vendría de la reducción del gasto y el 1,17% restante de nuevos ingresos.

“Hay que recordar que es un acuerdo donde el 66% del ajuste recae sobre la parte del gasto público. En vez de trasladarle el costo del ajuste a la gente, a las empresas, se les está trasladando fundamentalmente dentro del mismo Estado en recorte de gasto. Es amarrar al Estado para que no gaste”, insistió el ministro de Hacienda.

Villegas también destacó que ese acuerdo no contempla un incremento al impuesto al valor agregado (IVA).

“Recuerde que este es un impuesto indirecto y, al ser indirecto, recae sobre toda la gente y recae sobre la mayoría de los bienes y servicios. En caso concreto, no hay incremento IVA”, recordó el jerarca.

El ministro resaltó que lo negociado con el Fondo Monetario tampoco incrementa el impuesto de bienes inmuebles.

“En este ámbito, lo único que se está tocando son las casas de lujo, casas de más de ¢150 millones. Estamos hablando de una afectación a menos del 2% de la personas que tienen casa en el país”, explicó el jerarca.

Villegas dijo que tampoco el plan negociado sube el impuesto a la propiedad del vehículo o a los combustibles.

“No hay privatizaciones de instituciones públicas. Por otra parte, la Ley de empleo público viene a poner orden en una materia fundamental en gasto. Por esa razón se considera que es importante dentro del acuerdo.

“Elimina exoneraciones y viene a plantear esquemas de justicia tributaria. Aumenta la contribución de las empresas públicas de manera temporal. En vez de ir a pedirle más impuestos a la gente, lo que hace es aumentar el aporte por parte de las empresas públicas, prohibiendo el traslado del aporte que realicen al costo de los servicios públicos”, remarcó Villegas.

En cuanto a la reducción del gasto público, la reforma al empleo público generaría un ahorro del 0,95% del PIB al tercer año, mientras que la aplicación de la regla fiscal un 1,30% al mismo año.

En cuanto al 1,17% de nuevos ingresos, un 0,43% del cambio a la renta global dual y 0,12% del impuesto a los premios de lotería.

Otro 0,33% vendría de eliminación de exoneraciones, un 0,20% del aporte temporal de las utilidades de las empresas públicas y el 0,08% del ajuste al impuesto a las casas de lujo.

A cambio de ese acuerdo, el país obtendría un crédito de $1.750 millones a una tasa anual del 2,05%.

Josué Bravo

Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.