Los principales candidatos a la Presidencia difieren sobre las reformas a los impuestos y al empleo público que se hacen necesarias para afrontar la crisis fiscal.
Este domingo, desde las 6 a. m. y hasta las 6 p. m., 3,3 millones de costarricenses están convocados a votar para elegir al nuevo presidente de la República, que empieza a gobernar el 8 de mayo.
Para tal fin el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitará 6.612 juntas receptoras de votos y destinará más de 80.000 personas para vigilar los comicios.
Sea quien sea el que resulte elegido este domingo, o en una segunda ronda, el 1.° de abril entrante, deberá emplearse a fondo para impedir que el déficit llegue a los niveles estimados por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
Esas instituciones rectoras estiman que la brecha entre el gasto y la recaudación del Gobierno Central será de un 8% del producto interno bruto (PIB) para el 2019 con un endeudamiento público que rondaría el 60% del PIB. El año pasado el déficit cerró en 6,2%, es decir, poco más de ¢2 billones. Y este llegaría a 7,1%.
De alcanzar esas cifras, al próximo Gobierno le tocará buscar más de ¢2,6 billones para cubrir el faltante para financiar los gastos de ministerios, Asamblea Legislativa y Poder Judicial.
La Nación le planteó a seis aspirantes diez preguntas sobre igual número de instrumentos que están a la mano para intentar resolver el problema fiscal.
Los consultados fueron Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional; Antonio Álvarez, de Liberación Nacional (PLN); Carlos Alvarado, de Acción Ciudadana (PAC); Juan Diego Castro, de Integración Nacional (PIN), Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana y Rodolfo Hernández, del Republicano Social Cristiano.
De ellos, cuatro contestaron: Fabricio Alvarado, Carlos Alvarado, Antonio Álvarez y Edna Camacho, candidata a la primera vicepresidencia del PUSC, quien habló en nombre de Piza.
En el misterio quedará lo que harían Castro y Hernández, quienes no atendieron las consultas que se les enviaron a sus asistentes en comunicación.
Los que sí accedieron, proponen hojas de ruta distintas para sostener la situación e impedir que el país se desbarranque en materia fiscal. Este diario les hizo las mismas diez preguntas a todos.
La braza arde y no hay consenso sobre cómo apagarla
Lo primero que salta a la vista es que los partidos con más posibilidades de ganar las elecciones reconocen el déficit fiscal como un incendio que es prioritario apagar apenas asuman el mando.
Pero, también, se nota que tienen importantes diferencias en cómo enfriar la braza.
Los candidatos ni siquiera están de acuerdo entre ellos en la necesidad de continuar con un plan fiscal basado en aumentar los ingresos por la vía de la recaudación de impuestos, como el que ha propuesto en varias ocasiones el gobierno del presidente saliente, Luis Guillermo Solís.
Así, por ejemplo, ante la consulta de si impulsarían aumentar los impuestos, Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, dijeron que sí lo harían para sanear las finanzas públicas.
Antonio Álvarez y Rodolfo Piza afirman que echarían a andar una reforma parcial para convertir el impuesto de ventas actual en el impuesto al valor agregado (IVA).
Acerca de si estarían de acuerdo en subir la tasa del IVA más allá del 13% del actual impuesto sobre las ventas, la mayoría tiene consenso en que no es necesario. Álvarez, Fabricio Alvarado y Piza contestaron que no darían ese paso, Carlos Alvarado contestó que sí.
"Es necesario transformar el impuesto de ventas en un impuesto de valor agregado y aumentar el IVA. Quien diga lo contrario le habla de manera irresponsable a Costa Rica", afirmó el aspirante del PAC.
Al preguntarles si subirían las tarifas del impuesto sobre la renta que pagan los sectores que más ganancias perciben, Alvarado también contestó que sí. Sus oponentes matizaron más sus respuestas.
Fabricio Alvarado dijo que impulsaría un esquema de renta global, Álvarez dijo que no sería prioritario, mientras que Piza contestó que uniformaría la tasa de las rentas pasivas de capital y revisaría exoneraciones, excepto aquellas que incentivan la inversión.
Acerca de si aumentarían las penas contra la evasión fiscal, los abanderados del PLN, PAC y PUSC contestaron que se inclinan por reglamentar la Ley contra el Fraude Fiscal. Fabricio Alvarado sí considera que es necesario crear nueva legislación para "darle dientes" a la administración tributaria.
Este último también consentiría un plan para renegociar con los acreedores del Estado el pago de la deuda pública, cuyos intereses han aumentado a partir del segundo semestre del 2017.
"La crisis en la que estamos obliga a sentarse con los acreedores a renegociar, pero en el entendido de que solo es una medida más dentro de un conjunto de acciones que permitan al país enfrentar la grave crisis que se nos presenta", indicó.
Carlos Alvarado dijo que renegociaría con los acreedores del Estado solo si las circunstancias son extremas y Piza contestó que renegociaría con aquellos que así lo deseen con el objetivo de evitar vencimientos elevados en periodos cortos.
"Planteamos la renegociación de la deuda pública a acreedores públicos nacionales especialmente para suavizar la curva de vencimientos", coincidió Antonio Álvarez.
No eliminarían beneficios salariales
Algunos especialistas defienden la tesis de que para ponerle coto a la crisis fiscal es revisar el sistema de beneficios salariales que otorga el Gobierno Central a sus empleados, por el rápido crecimiento de los pluses con respecto a los salarios.
Aquí los candidatos también muestran un abanico diverso de alternativas para abordar el escabroso tema de las remuneraciones.
Quienes más matizaron sus respuestas fueron Antonio Álvarez y Rodolfo Piza.
"Estamos de acuerdo en racionalizar el sistema de incentivos salariales como está previsto en el proyecto de ley que promueve la diputada Sandra Piszk (expediente 19.506, para regular ocho beneficios como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y la cesantía). Hay pluses que deben racionalizarse y uniformarse para todo el sector público. Pero respetando siempre los derechos adquiridos", recalcó Álvarez.
Por su parte, la aspirante a la vicepresidencia de Rodolfo Piza, Edna Camacho, dijo al respecto: "Promoveremos dos tipos de acción sobre los pluses para contener el crecimiento del rubro de remuneraciones y lograr mayor equidad dentro del sector público. El primero es no otorgar nuevos pluses. El segundo es impulsar una reforma para uniformar el porcentaje de las anualidades de todas las entidades públicas".
Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado anunciaron que no efectuarían ningún recorte en ese rubro de la planilla del Estado en caso de asumir las riendas del país.
Y, si fueran Piza o Álvarez los que ganaran las elecciones, no pondrían en práctica el salario único (sueldo sin pluses) en el Gobierno Central, mientras que el candidato del PAC valoraría contratar a nuevos empleados del Poder Ejecutivo bajo esa modalidad. Fabricio Alvarado dijo al respecto que considera que las diferencias salariales en el Gobierno deberían de basarse en el desempeño individual y los logros por objetivos.