EscucharEl Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Banco Nacional (BN) solicitaron a los diputados 18 meses para poder liquidar sus fondos de pensiones exclusivos, en caso de que se apruebe el proyecto de ley que busca eliminar estos regímenes especiales en cinco instituciones del sector público.
Según representantes del BN y el ICT, se requiere de un plazo amplio para recuperar el dinero que está invertido en certificados de valores. Advirtieron de que, si los recursos se retiran antes de los vencimientos de estos instrumentos, el patrimonio de los fondos de pensiones resultaría afectado.
El plan prevé que las instituciones sigan pagando la jubilación a quienes ya se pensionaron, pero que devuelvan los recursos acumulados a los trabajadores activos. La ganancia para el Estado radica en que las entidades dejarían de hacer los altos aportes mensuales que deben hacer para estos beneficios, aparte de los que hacen para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
En el BN, por ejemplo, la entidad aporta un monto equivalente al 10% de la planilla para este fondo exclusivo de pensiones.
El aporte le cuesta ¢530 millones mensuales a la institución, para un total de ¢6.360 millones al año.
William Rodríguez, ministro de Turismo, expuso ante la comisión de Asuntos Sociales, en la Asamblea Legislativa, que el fondo de la institución que él dirige es de capitalización individual.
Javier Cordero, del ICT, agregó que, según los análisis de esta institución, habría un golpe financiero si se ven obligados a liquidar en solo seis meses, como lo plantea el proyecto de ley. Retirar los fondos invertidos antes del tiempo pactado les acarrearía multas de hasta el 2% por la venta anticipada.
“Todos los portafolios de inversión que se tengan dentro de los diferentes fondos tendrían que salir al mercado bursátil para hacer la venta de los títulos. Esa venta de títulos se va a ir al mercado secundario y lo que va a generar es un costo financiero
“Si nosotros compramos un título en diciembre del 2021 con fecha de diciembre del 2022 y salimos mañana a venderlo, el que va a estar en el mercado secundario, participando como comprador, lo mínimo que va a pedir como previo es la compensación por los seis meses que han transcurrido y, lógicamente, el inversionista inicial es el que va a dejar de percibir ese ingreso económico por ese periodo que ya generó”, explicó Cordero.
Por su parte, Jaime Murillo, subgerente del Banco Nacional, concordó en la necesidad de contar con más tiempo para liquidar todos sus fondos.
“Las carteras se han venido trabajando, hemos tratado de pasar un poco más al corto plazo, con otro plazo en menos de un año, esto previendo que podría ser necesaria la liquidez en algún momento.
“Tenemos que ver cómo hacer para tener acceso a otros recursos que están posteriores a periodos de un año, pero no antes de los 18 meses; entonces tal vez el pedido de orden tiene que ver con el periodo que ocupamos para poder recomponer las carteras”, comentó Murillo.
El proyecto de ley, para derogar estos regímenes de pensiones, fue presentado por Yorleny León Marchena, exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y actual ministra del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas).
La exposición de motivos del plan explica que Costa Rica tiene un complejo y fraccionado sistema jubilatorio compuesto por diversos fondos básicos que tienen cotizaciones y beneficios muy distintas, permitiendo que hayan personas “multipensionadas”.
Además, exige a instituciones estatales aportes muy por encima de los del resto de patronos. Por ejemplo, el Banco de Costa Rica (BCR) desembolsa el equivalente a un 10% del salario de cada trabajador.
El fondo de pensiones del BN se nutre con un 10% de aporte del patrono, de el cual un 1,5% van al ROP, y un aporte de entre un 5% y un 7% de cada empleado.
En el caso del ICT, su aporte es 5%. En esta institución se hace una única liquidación con todos los fondos ahorrados por cada funcionario a los largo de sus vidas.
